El plan del Gobierno para instalar fibra óptica en penales del país desató criticas. Mientras el presidente plantea convertir las cárceles en centros de productividad y formación digital, crece el temor de que los delincuentes terminen fortaleciendo desde prisión las redes de extorsión que hoy ya mantienen aterrorizados a comerciantes, transportadores y familias enteras.

Las cárceles colombianas podrían pasar de ser sitios de aislamiento a espacios conectados con internet de alta velocidad. Esa es la apuesta del Gobierno de Gustavo Petro. Pero el anuncio cayó como una bomba en un país donde miles de víctimas todavía reciben llamadas extorsivas hechas desde una celda.

La propuesta habla de instalar fibra óptica en centros penitenciarios para que los presos estudien, trabajen y participen en procesos virtuales de formación. El Ejecutivo sostiene que el sistema carcelario necesita modernizarse y que la tecnología puede convertirse en una herramienta de resocialización. Sin embargo, para muchos sectores, la idea parece llegar en el peor momento posible.

Mientras las autoridades intentan bloquear señales de celular porque las cárceles siguen funcionando como oficinas criminales, ahora el Gobierno propone llevarles internet de alta velocidad.

Las cárceles que siguen mandando en la calle

En Colombia, las extorsiones nacidas desde prisión dejaron hace rato de ser un secreto. Comerciantes, tenderos, transportadores y hasta familias humildes viven bajo amenazas hechas desde teléfonos clandestinos que ingresan a los penales. Desde allí ordenan cobros, intimidaciones y hasta homicidios.

Por eso el anuncio provocó indignación inmediata. La discusión dejó de ser tecnológica para convertirse en un debate de seguridad nacional.

Los críticos sostienen que mientras otros países endurecen los bloqueos de señal y refuerzan el aislamiento digital de los reclusos, Colombia parece ir en sentido contrario. La preocupación crece porque muchos grupos delincuenciales siguen operando desde las cárceles con una capacidad alarmante para mover dinero, coordinar ataques y mantener el control criminal en las calles.

La idea de entregar conectividad permanente dentro de los penales encendió las alarmas en sectores políticos, judiciales y ciudadanos que sienten que el Estado todavía no ha logrado controlar ni siquiera el ingreso de celulares ilegales.

La visión de Petro

El Gobierno defiende el proyecto bajo una lógica distinta. La apuesta busca transformar las cárceles en espacios productivos donde los internos puedan capacitarse virtualmente, desarrollar habilidades tecnológicas y trabajar desde prisión.

En las declaraciones recientes también apareció otro ingrediente polémico: el debate sobre la ilegalidad de ciertas economías. Desde el Ejecutivo se cuestionó el modelo prohibicionista alrededor de sustancias como la cocaína, planteando que detrás de su persecución existen intereses económicos y geográficos ligados a potencias extranjeras.

Incluso se comparó ese escenario con productos como el whisky, cuya legalidad se explica por aceptación comercial internacional. Bajo esa línea argumentativa, el Gobierno insiste en que Colombia debe priorizar y tecnificar su producción nacional, incluyendo iniciativas desarrolladas dentro de las cárceles.

Ese discurso, lejos de calmar las críticas, aumentó la tensión alrededor de la propuesta.

Entre la resocialización y el riesgo criminal

El debate quedó abierto en uno de los temas más sensibles del país: qué hacer con las cárceles colombianas.

De un lado, están quienes creen que seguir encerrando personas en penales hacinados y desconectados solo alimenta la violencia y la reincidencia. Del otro, quienes consideran que abrir puertas digitales dentro de las prisiones podría terminar fortaleciendo a las mismas estructuras criminales que hoy extorsionan desde una llamada.

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La discusión ya salió de los muros penitenciarios y se instaló en todo el país. Porque mientras el Gobierno habla de educación virtual y productividad, miles de colombianos todavía tiemblan cada vez que suena un teléfono desconocido.