La millonaria multa que deberá pagar agente de tránsito, tras ser sorprendida manejando borracha y sin SOAT


La administración municipal ha iniciado un proceso disciplinario y sancionatorio contra la servidora pública de tránsito, quien fue sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol y con la documentación del vehículo vencida. El caso, ocurrido mientras la agente estaba fuera de servicio, ha generado un fuerte rechazo institucional al considerar que su conducta contraviene la ética y la responsabilidad que demanda su cargo.

En el marco de los operativos de seguridad vial programados para el fin de semana, las autoridades llevaron a cabo un procedimiento de control en la madrugada del pasado sábado en la carrera 5 con calles 13 y 14, en Neiva.

La diligencia contó con la participación conjunta de la Policía Metropolitana de Neiva, el Ejército Nacional y diversas dependencias de la administración municipal con el objetivo de prevenir la siniestralidad.

Durante la jornada, los uniformados requirieron a una conductora que fue identificada plenamente como Katherine Maldonado Penagos, quien se desempeña como agente de tránsito e identificada con la placa 014. Según la información oficial, la funcionaria conducía tras haber estado en un establecimiento nocturno y, aunque no se encontraba en horario laboral, el protocolo de alcoholemia al que fue sometida arrojó un resultado positivo en grado 1.

Sumado a lo anterior, la inspección documental del vehículo reveló que este circulaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vencido, lo cual agravó las infracciones registradas durante el operativo.

Frente a la ocurrencia de estos hechos, la Secretaría de Movilidad procedió a imponer las medidas administrativas de ley, las cuales consisten en una multa económica que supera los 9 millones de pesos, la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia de conducción por un periodo de tres años.

La titular de la dependencia, Edna Johanna Cruz Bonilla, confirmó que la administración ha iniciado un proceso disciplinario interno para evaluar la conducta de la servidora pública.

Desde la Secretaría se ha enfatizado que este comportamiento es considerado reprochable, bajo el argumento de que la condición de autoridad de la funcionaria exige un cumplimiento estricto de las normas vigentes, independientemente de si el individuo se encuentra en su horario de descanso o en ejercicio de sus funciones. El caso administrativo adquiere una relevancia particular debido al historial institucional de la agente.

Maldonado Penagos cuenta con antecedentes ante los entes de control tras haber presentado denuncias en los años 2024 y 2025 contra compañeros de trabajo por presunto acoso laboral y sexual. Dichos eventos, que en su momento fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, se integran ahora al contexto institucional en el que se desarrolla el actual trámite sancionatorio.

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Mientras la Secretaría de Movilidad continúa con la etapa de investigación disciplinaria, la administración municipal ha reiterado que el proceso busca determinar la responsabilidad definitiva de la funcionaria frente a las infracciones cometidas, bajo los principios de legalidad y ética que rigen el servicio público.


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