Las autoridades ambientales intensificaron los operativos contra empresas clandestinas que captan, procesan y comercializan agua sin cumplir normas sanitarias. Ya son cinco los negocios intervenidos en lo que va del año.

El agua que muchos consumían en Santa Marta salía de un pozo oculto, sin permisos, sin controles y sin garantía sanitaria. Así operaba una nueva fábrica ilegal que fue descubierta y sellada en las últimas horas por el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa).

La directora de la entidad, Paola Gómez, lideró el operativo que dejó al descubierto un sistema clandestino de captación desde un pozo profundo ubicado en la parte trasera del negocio. El uso de un drone y el rastro del agua llevó directamente al origen de la irregularidad.

Un negocio oculto detrás de un pozo ilegal

En el lugar se evidenció que toda la operación dependía de una fuente hídrica sin legalizar. El agua era captada, tratada y distribuida para consumo humano sin cumplir requisitos básicos exigidos por la autoridad ambiental y sanitaria.

Durante la inspección, los funcionarios evidenciaron que el pozo existía, estaba en funcionamiento y alimentaba toda la producción. La irregularidad era evidente. No había permisos, ni estudios técnicos, ni certificaciones que garantizaran la calidad del líquido.

Además, se confirmó que los análisis del agua no provenían de un laboratorio acreditado por el IDEAM, requisito obligatorio para este tipo de actividades. Tampoco existía concepto favorable de la Secretaría de Salud, indispensable cuando se trata de agua destinada al consumo humano.

En el video se puede observar la clausura de una fábrica ilegal de agua en Santa Marta; mediante el uso de drones, el Dadsa detectó un pozo clandestino que operaba sin controles sanitarios ni permisos, procediendo a su cierre inmediato.@DADSASM#Enterateenlinea pic.twitter.com/GBDFfcWBQe

— Entérate en Línea | Noticias (@enterate_linea) May 5, 2026

Riesgo silencioso para la salud

Lo más grave no era solo la ilegalidad del negocio, sino el riesgo al que estaban expuestos los consumidores. Durante años, el agua fue comercializada sin controles reales, sin trazabilidad y sin garantías sanitarias.

Las autoridades recalcaron que este tipo de prácticas no solo incumple la norma, sino que pone en peligro la salud pública y afecta directamente los recursos hídricos de la ciudad.

“Cada captación irregular altera el equilibrio ambiental y limita el acceso equitativo al agua”, dijo la directora del Dadsa Paola Gómez.

Medida inmediata: cierre y advertencia

Ante las múltiples fallas, el Dadsa impuso el sello preventivo al establecimiento. La orden que se le dio a su propietario es que no podrá operar hasta que cumpla con todos los requisitos legales y técnicos exigidos.

“Si quiere seguir en el negocio, deberá legalizar el pozo, presentar estudios válidos y obtener los permisos correspondientes”, agregó Gómez.

Una práctica que se repite

Con este caso, ya son cinco las fábricas ilegales de agua intervenidas en Santa Marta en lo que va del año. Todas con un patrón similar: captación irregular, fallas en el tratamiento y ausencia total de control sanitario.

Las autoridades anunciaron que los operativos continuarán, incluso con apoyo tecnológico como drones, para detectar este tipo de negocios que operan a puerta cerrada pero impactan a toda la ciudad.

El llamado: legalizar o cerrar

El Dadsa fue enfático: quienes comercialicen agua deben cumplir las normas. No se trata solo de trámites, sino de garantizar que lo que llega a las casas sea realmente apto para el consumo.

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En una ciudad marcada por la crisis del agua, permitir que empresas ilegales lucren con un recurso vital sin control es una amenaza que ya está siendo enfrentada con operativos cada vez más estrictos.