El presidente impartió la orden durante su visita a Buenaventura y pidió al director del Inpec trasladar a los internos señalados de mantener el control de estructuras criminales desde prisión. El Gobierno busca impedir que continúen impartiendo órdenes desde los centros penitenciarios.

Desde Buenaventura, el presidente Abelardo De La Espriella anunció este martes una nueva medida contra los internos señalados por las autoridades de continuar ejerciendo funciones de mando sobre organizaciones criminales pese a encontrarse privados de la libertad.

La instrucción fue dirigida al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, a quien el mandatario pidió poner en marcha el traslado de 120 internos de Buenaventura y otras zonas de la región hacia otros establecimientos penitenciarios. El objetivo planteado por el Gobierno es impedir que los reclusos continúen impartiendo órdenes desde las cárceles.

“Acabo de dar la instrucción al director del Inpec que mueva los 120 bandidos que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel”, manifestó De La Espriella durante su intervención.

La advertencia del presidente

El mandatario aseguró que algunos de estos internos continuarían ejerciendo liderazgo sobre las estructuras delictivas desde los centros de reclusión, situación que, según su Gobierno, permite mantener actividades criminales pese a que sus integrantes se encuentran tras las rejas.

Por eso anunció que los traslados estarán acompañados de estrictas medidas de seguridad y utilizó un tono contundente al referirse a la forma en que serán llevados a los nuevos establecimientos.

“Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz”, expresó.

La frase hace referencia a la intención del Gobierno de aislar a los internos de las comunicaciones que, según las autoridades, podrían permitirles mantener contacto con integrantes de las organizaciones que permanecen en libertad.

El Gobierno quiere cortar las órdenes desde prisión

La decisión se suma a otros traslados ordenados durante las primeras semanas de la administración De La Espriella. En agosto, por ejemplo, alrededor de 20 internos vinculados a estructuras criminales de Barranquilla fueron trasladados hacia Bogotá bajo un esquema de seguridad reforzado.

La estrategia del Gobierno apunta a reducir la posibilidad de que los centros penitenciarios sean utilizados como lugares desde los cuales se coordinen extorsiones, amenazas u otras actividades ilegales.

De La Espriella ha insistido en que las cárceles deben estar bajo control del Estado y no convertirse en centros de mando de organizaciones criminales. En ese sentido, el nuevo traslado busca cortar las comunicaciones de los internos considerados de mayor peligrosidad.

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Por ahora, queda pendiente conocer a qué establecimientos serán enviados los 120 internos, cómo se distribuirán y qué medidas específicas de aislamiento se implementarán para impedir que mantengan comunicación con sus estructuras fuera de prisión.

El anuncio se conoce mientras el Gobierno prepara además otras medidas para fortalecer el sistema penitenciario, entre ellas la construcción de nuevas cárceles destinadas a internos considerados de alta peligrosidad.