La medida busca formalizar el trabajo penitenciario y redefinir la resocialización en un sistema con más de 104.000 reclusos.

La cárcel en Colombia ya no sería solo castigo. El Estado quiere convertirla también en un espacio de trabajo con derechos. Esa es la línea que traza la Resolución 5130 de 2023 del Ministerio de Trabajo: los internos que laboren deberán recibir pago, estar afiliados a riesgos laborales y, en ciertos casos, acceder a salario mínimo.

Con esta iniciativa se busca que el trabajo en prisión deja de ser una actividad marginal y pasa a tener reglas claras. Nada de jornadas sin pago ni labores informales.

La norma fija un límite de ocho horas diarias y establece que toda actividad deberá ser remunerada, sin excepciones.

Plata por trabajar tras las rejas

El esquema se divide en tres modalidades: trabajo directo, indirecto e independiente. En el primero, la remuneración dependerá del tiempo trabajado y se ajustará cada año según el IPC. En el segundo, cuando hay vínculo con entidades públicas o privadas, el pago no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

La diferencia es clave. Por primera vez, un interno podría recibir un ingreso equiparable al de un trabajador formal en libertad, dependiendo del tipo de actividad que realice.

Seguridad social: el punto más sensible

El otro eje de la medida golpea de frente el corazón del sistema: la seguridad social. La resolución ordena la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y abre la puerta a cotizar para pensión o ingresar a programas como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Esto significa que el tiempo en prisión podría empezar a contar para la vida laboral. No es un detalle menor en un país donde miles salen de las cárceles sin historial de aportes ni opciones reales de empleo.

Más de 100 mil internos bajo la lupa

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en Colombia hay más de 104.000 personas privadas de la libertad distribuidas en 125 centros penitenciarios. La medida impacta directamente a esta población, aunque su aplicación dependerá de la capacidad operativa de cada cárcel.

El reto es enorme. No todas las prisiones cuentan con infraestructura ni programas laborales suficientes.

Llevar este modelo a la práctica implicará inversión, control y alianzas con el sector público y privado.

Entre la resocialización y la polémica

El Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta de reintegración. La apuesta es que el trabajo en prisión deje de ser simbólico y se convierta en una oportunidad real de reconstrucción de vida.

Pero el debate ya está abierto. Mientras algunos ven un avance histórico en derechos de los presos, otros cuestionan que personas condenadas accedan a beneficios que millones de trabajadores informales aún no tienen.

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Lo cierto es que el sistema carcelario entra en una nueva fase. Y esta vez, el cambio no es silencioso: tiene salario, tiene seguridad social y podría, incluso, tener pensión.