La aspirante a la presidencia dijo que buscará eliminar el pago del seguro obligatorio para motos de hasta 250 cc, trasladando la carga al Estado, una medida que genera esperanza en los hogares de menores ingresos pero serias advertencias en el sector económico.

Las motocicletas se han consolidado como el medio de transporte más utilizado en el país y, simultáneamente, en el actor principal de las estadísticas de siniestralidad vial, lo que ha revivido un dilema histórico sobre quién debe asumir realmente los costos de la atención médica tras un accidente.

Es en este contexto de alta accidentalidad y preocupación financiera donde la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia ha decidido intervenir con un proyecto de ley que promete transformar el modelo actual del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

La propuesta central de la parlamentaria consiste en eliminar la obligación de pago de esta póliza para todas las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos.

De aprobarse, el esquema dejaría de depender del aporte individual de cada conductor para pasar a un sistema donde el Estado asumiría la cobertura médica de las víctimas utilizando recursos públicos. Este cambio está diseñado con un enfoque social, buscando beneficiar directamente a los propietarios de motos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, quienes hoy perciben el costo del seguro como uno de los gastos más onerosos para mantener su vehículo al día.

No obstante, esta intención de aliviar el bolsillo de los ciudadanos ha generado alertas inmediatas entre expertos y analistas del sector.

La preocupación principal radica en lo que se define como una bomba fiscal, pues trasladar la responsabilidad financiera al erario público implica un reto enorme para las finanzas del país.

Surgen interrogantes críticos sobre la procedencia de los fondos necesarios para mantener la operación y, más importante aún, sobre la estabilidad del sistema de salud.

Actualmente, el SOAT garantiza que clínicas y hospitales reciban pagos oportunos por la atención de las víctimas; ante una eventual eliminación de este modelo tradicional, el sistema tendría que reinventarse totalmente para evitar que se afecte la prestación de los servicios médicos.

A esto se suma la inquietud sobre si la ausencia de un seguro individual podría alterar el comportamiento de los conductores, eliminando un incentivo indirecto a la precaución y, potencialmente, elevando las cifras de accidentes en las vías.

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Mientras el proyecto podría iniciar su tránsito por el Congreso, la iniciativa ya ha logrado instalar en la opinión pública una pregunta fundamental que apenas comienza a debatirse: si el SOAT debe seguir siendo un seguro financiado por los usuarios o si ha llegado el momento de tratarlo como un problema de salud pública que requiere una financiación estatal completa.