El vehículo debía permanecer inmovilizado desde 2016 tras un accidente en Santa Marta. Sin embargo, terminó circulando en municipios de La Guajira acumulando comparendos. La dueña denuncia negligencia y un vacío institucional donde nadie asume la responsabilidad.

La moto no debía moverse. Estaba bajo control judicial. Pero alguien la movió. Y no fue su dueña.

Ángela María Machado entregó su motocicleta en 2016 luego de que estuviera involucrada en un accidente de tránsito en Santa Marta. El 21 de diciembre de ese año quedó a disposición de la Fiscalía dentro de una investigación penal. Era un trámite. Un procedimiento. Una custodia obligatoria.

El proceso se archivó después. Pero el vehículo nunca fue solicitado formalmente para su devolución ante un juez. Eso significa una sola cosa: debía seguir inmovilizado, pero no lo estuvo.

Años más tarde comenzaron a aparecer comparendos. No en Santa Marta. En La Guajira. En municipios como Albania y Maicao. Multas que superan los seis millones de pesos. Procesos de cobro. Amenazas de embargo.

Mientras en los papeles la moto figuraba “a disposición de la Fiscalía”, en la calle estaba rodando.

“Mi moto nunca debió salir de custodia. Si apareció circulando, alguien falló. Y no fui yo”, dice Ángela, cansada de tocar puertas que no se abren.

Nadie sabe. Nadie responde.

La Policía asegura que cumplió con dejar el vehículo bajo control judicial.

La Fiscalía sostiene que no tiene competencia para anular comparendos porque son trámites administrativos.

La ESITTS confirma que la moto registra sanciones, pero aclara que no puede eliminar multas impuestas por otras autoridades.

El parqueadero autorizado niega haber recibido el vehículo.

El resultado es un rompecabezas sin piezas claras. Un bien que debía estar inmovilizado desaparece del radar oficial, aparece circulando en otro departamento y acumula deudas como si nada.

Pero cuando llega la hora de asumir responsabilidades, todas las entidades miran hacia otro lado.

“Todos se lavan las manos. Pero a mí sí me cobran. A mí sí me amenazan con embargos”, denuncia la propietaria.

La cadena rota

Si el vehículo nunca ingresó formalmente a patios, ¿dónde estuvo? Si estaba bajo custodia judicial, ¿quién permitió que saliera?

Si circuló durante años, ¿cómo nadie lo detectó como automotor con restricción?

Las preguntas son básicas. Las respuestas no aparecen.

Lo cierto es que hoy la deuda supera los seis millones de pesos. La afectación financiera es real. Y el peso de una posible negligencia institucional recae únicamente sobre una ciudadana que, según su versión, cumplió con cada exigencia legal.

“No tengo ese dinero. No es justo que por errores internos quieran arruinarme”, afirma.

Un caso que expone fallas graves

No se trata solo de una moto. Se trata de la cadena de custodia de bienes judicializados. Si un vehículo bajo control de la Fiscalía puede desaparecer, rodar por otro departamento y generar multas sin que nadie explique cómo, el problema es estructural.

Aquí no hubo robo reportado. No hubo denuncia por hurto. No hubo autorización de salida. Simplemente, la moto dejó de estar donde debía estar. Y apareció donde nunca debió aparecer.

Mientras las instituciones intercambian oficios y explicaciones técnicas, la deuda sigue creciendo. El sistema no se equivoca al cobrar. Pero sí parece equivocarse —o guardar silencio— cuando se le pregunta por qué ese vehículo salió del control judicial.

La moto debía estar quieta. Alguien la dejó rodar.

Y hoy nadie quiere firmar esa responsabilidad.