El horror de los combates entre dos estructuras disidentes de las FARC en Guaviare sigue revelando dimensiones más graves. Medicina Legal confirmó que entre los 48 muertos hallados tras los enfrentamientos había 11 menores de edad. Mientras 43 víctimas ya fueron identificadas, cinco cuerpos permanecen sin nombre debido a las complejas condiciones en las que fueron recuperados.

La guerra entre grupos armados volvió a cobrarse la vida de niños.

Ese es uno de los datos más devastadores que dejó el informe entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre los enfrentamientos ocurridos el pasado 27 de mayo en Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare. Entre los cadáveres recuperados tras los combates aparecieron ocho niños y tres niñas que terminaron atrapados en una confrontación armada que dejó 48 muertos.

Detrás de cada cifra hay una historia interrumpida. Detrás de cada cuerpo hay una familia que ahora espera respuestas.

Una batalla por el control del territorio

Las autoridades establecieron que la masacre ocurrió en medio de enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las antiguas FARC.

De un lado estaban hombres vinculados a la organización de alias “Iván Mordisco”. Del otro, integrantes de la estructura comandada por alias “Calarcá”. La disputa por el control territorial terminó convirtiendo una zona rural del Guaviare en un escenario de guerra.

Cuando los disparos cesaron, el balance era aterrador.

Decenas de cuerpos quedaron esparcidos en el área y los organismos judiciales tuvieron que desplegar un complejo operativo para realizar la recuperación e identificación de las víctimas.

Los niños entre los muertos

La confirmación de que 11 menores de edad hacen parte de la lista de fallecidos aumentó la preocupación sobre la participación de niños y adolescentes dentro de las dinámicas del conflicto armado.

Medicina Legal informó que entre las víctimas identificadas figuran ocho niños y tres niñas. En cumplimiento de las normas de protección de la infancia, la entidad únicamente registró sus identidades mediante iniciales.

La decisión busca proteger la intimidad de las familias y evitar la exposición pública de los menores fallecidos.

Sin embargo, el dato resulta suficiente para dimensionar la tragedia.

Once menores terminaron muertos en una confrontación armada protagonizada por organizaciones ilegales que continúan disputándose el control de amplias zonas del país.

Una labor forense contrarreloj

La magnitud del caso obligó a distribuir el trabajo de identificación en diferentes regiones del país.

Los laboratorios de Medicina Legal en Villavicencio, Yopal y Bogotá asumieron simultáneamente las labores de análisis, verificación de huellas y cotejos dactiloscópicos para acelerar la entrega de resultados.

Gracias a ese trabajo técnico se logró establecer la identidad de 43 de las 48 personas halladas en el lugar de los hechos.

Entre ellas aparecen 39 hombres y nueve mujeres, además de los menores cuyos nombres permanecen protegidos por la legislación vigente.

Cinco cuerpos siguen sin nombre

A pesar de los avances, la tarea aún está lejos de concluir.

Medicina Legal confirmó que cinco cuerpos masculinos continúan sin ser identificados debido a las condiciones en las que fueron recuperados y a la complejidad de los procedimientos forenses requeridos para establecer su identidad.

Los especialistas mantienen activos los protocolos de análisis y comparación genética con la esperanza de entregar respuestas a las familias que todavía desconocen el destino de sus seres queridos.

Para esas personas, la incertidumbre continúa siendo tan dolorosa como la propia noticia de la muerte.

La dimensión de una tragedia

Más allá de los nombres identificados y de las cifras oficiales, el informe expone una realidad inquietante.

Cuarenta y ocho personas murieron en una sola confrontación armada. Once de ellas eran menores de edad. Cinco siguen sin ser identificadas. Todo ocurrió en medio de una disputa territorial entre organizaciones ilegales que continúan ejerciendo violencia en varias regiones del país.

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Mientras avanzan las investigaciones judiciales y los procesos de identificación pendientes, el caso deja una imagen difícil de ignorar: una guerra que sigue reclutando vidas, que continúa cobrando víctimas jóvenes y que volvió a llenar de cadáveres una zona apartada de Colombia.