Copropietarios del conjunto Porto Horizonte, en Santa Marta, llevaron a los juzgados un conflicto que ya desbordó la convivencia interna. Denuncian cobros de administración por encima del promedio nacional, decisiones financieras sin participación y un posible manejo irregular de recursos mientras el constructor, hoy en liquidación, mantiene el control del proyecto.

En Porto Horizonte, uno de los complejos turísticos más exclusivos de Santa Marta, la disputa dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una guerra legal. Los propietarios aseguran que compraron una inversión rentable frente al mar y terminaron atrapados en un sistema donde —dicen— solo tienen una obligación: pagar sin decir una palabra sobre el manejo del lugar.

Más de 500 apartasuites y varios locales comerciales hacen parte del proyecto. Sin embargo, quienes ya son dueños denuncian que no controlan su propia copropiedad. El caso llegó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta, donde se definirá quién tiene realmente el poder sobre el edificio.

Según los denunciantes, el constructor —actualmente en proceso de liquidación— continúa ejerciendo la administración provisional junto con la firma Propiedad 360 S. A. S., aprobando incrementos en cuotas y tomando decisiones financieras sin participación efectiva de los copropietarios.

“Nosotros solo pagamos, pero no tenemos verdadera veeduría”, resume uno de los afectados.

Un proyecto vendido como inversión… convertido en conflicto

Lo que fue promocionado como un modelo mixto entre residencia y hotel hoy genera indignación entre decenas de inversionistas. Muchos compraron confiando en que el turismo garantizaría rentabilidad. Ahora aseguran vivir entre la incertidumbre y las cuentas impagables.

Carlos Felipe Diago, representante legal de Sinercolm S. A. S. y administrador de una de las suites, expuso el núcleo del conflicto: el constructor se niega a entregar la administración argumentando que solo está construida la primera etapa del proyecto, diseñado para ejecutarse en dos fases.

El problema, sostienen los propietarios, es que la segunda etapa difícilmente se realizará en el corto plazo debido al proceso de disolución y liquidación iniciado por la constructora desde el primer semestre de 2025.

Aun así —afirman— continúa tomando decisiones administrativas.

Cuotas que desbordan cualquier cálculo

El punto más explosivo del conflicto está en el bolsillo.

Mientras el promedio nacional de administración ronda los 10.000 pesos por metro cuadrado, en Porto Horizonte las cifras —según la demanda— superan los 17.000 pesos y en algunos casos alcanzan los 22.188 pesos por metro cuadrado.

Los números hablan solos: Una suite de 32 metros cuadrados paga cerca de 710.000 pesos mensuales.

Otros propietarios reportan cuotas entre 1.300.000 y 1.400.000 pesos.

Los incrementos, aseguran, se aprueban sin discusión real porque el constructor se atribuye el 51 % del proyecto, manteniendo el control de la asamblea.

“El desequilibrio en la toma de decisiones es evidente”, señaló Diago.

El hotel que pagan quienes no lo usan

El modelo hotelero, operado por Oxo Hoteles, abrió otro frente de tensión.

Propietarios residenciales denuncian que están asumiendo costos operativos del hotel, incluida parte de la nómina y el salario del gerente, lo que representaría cerca de 100 millones de pesos en sobrecostos.

Según la demanda judicial, trasladar esos gastos a quienes no participan del negocio hotelero podría constituir un enriquecimiento sin causa y una afectación directa al patrimonio de los propietarios.

Un constructor en liquidación y contratos bajo la lupa

La preocupación aumenta al conocerse la situación financiera del constructor, que —según registros públicos citados por los denunciantes— adeuda más de 600 millones de pesos en gastos de administración.

A esto se suma un contrato firmado antes de la entrega del proyecto con la empresa NetWiFi para servicios de internet y cableado estructural, que compromete pagos mensuales entre 60 y 66 millones de pesos durante cinco años.

El acuerdo, afirman, fue suscrito sin aprobación expresa de la asamblea y terminó trasladando la carga económica a los propietarios.

“Ese costo debió estar incluido en el valor del inmueble”, sostienen.

Obras sin licencia

La controversia también alcanzó el plano urbanístico. Los denunciantes aseguran que en la suite 309 se construyó un jacuzzi en una terraza sin licencia ni estudios estructurales.

La Curaduría Urbana n.º 1 confirmó que no existe permiso para esa obra. Entretanto, la Alcaldía indicó que no ha podido realizar visita técnica por falta de transporte institucional.

Un edificio en disputa

Hoy, Porto Horizonte vive bajo una tensión permanente. Los propietarios aseguran que no buscan detener el proyecto ni afectar su operación turística. Lo que reclaman es recuperar el control de su propia copropiedad y garantizar transparencia en el manejo de millones de pesos que pagan cada mes. Del otro lado, el constructor sostiene que la administración provisional debe mantenerse hasta completar la segunda etapa del desarrollo.

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La decisión final ya no se tomará en asambleas ni pasillos del edificio. La tendrá un juez.