La Personería Distrital llevó a los tribunales la Resolución CREG 101 120 de 2026, que permite aplicar cobros adicionales a quienes superen determinadas metas de consumo durante periodos de estrechez energética. El argumento es contundente: en una ciudad sometida a altas temperaturas, usar ventiladores y aires acondicionados puede ser una necesidad básica y castigar ese consumo terminaría golpeando el bolsillo de miles de hogares.

En Santa Marta, encender un ventilador durante buena parte del día o dormir con aire acondicionado puede dejar de ser solamente una decisión frente al calor y convertirse en un riesgo para el bolsillo. Una nueva regulación nacional permite establecer cobros adicionales cuando los usuarios superen ciertas metas individuales de consumo de energía, pero la Personería Distrital decidió acudir a la justicia para intentar impedir que esa medida se aplique en la ciudad.

La discusión llegó a una acción de tutela contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía. El personero distrital, Edwar Fernando Orozco Oñate, junto con el abogado Andrés Eduardo Dewdney Montero, sostiene que el mecanismo desconoce una realidad elemental del Caribe: una familia de Santa Marta difícilmente puede consumir energía bajo las mismas condiciones de un hogar ubicado en una ciudad fría.

Lo que está en juego podría terminar reflejado directamente en las facturas. Si la tutela prospera, los cobros adicionales contemplados en la Resolución CREG 101 120 del 30 de julio de 2026 podrían quedar suspendidos para los usuarios de Santa Marta y eventualmente abrirse una discusión mucho más amplia para toda la Región Caribe.

Ahorrar o terminar pagando más

La resolución creó un programa transitorio para incentivar el uso eficiente de la electricidad cuando el país atraviese situaciones de estrechez energética, baja hidrología o riesgos para la confiabilidad del sistema.

El principio parece sencillo: cada usuario tiene una meta individual basada en sus consumos históricos. Quien logre consumir menos puede acceder a incentivos, mientras quien supere los niveles establecidos puede terminar pagando valores adicionales.

Además, el mecanismo se aplica automáticamente a los usuarios regulados que cumplan las condiciones establecidas. No requiere una inscripción previa.

Precisamente allí comienza la pelea de la Personería. La entidad sostiene que establecer metas sin reconocer las diferencias climáticas puede convertir una política de ahorro en un castigo económico para quienes viven permanentemente sometidos a temperaturas elevadas.

El calor quedó por fuera de la fórmula

El cuestionamiento central está en la manera como se calcula cuánto debería consumir cada hogar.

Según la tutela, la metodología utiliza los consumos históricos del usuario, pero deja por fuera variables como la temperatura, la humedad y los denominados grados-día de refrigeración. Para la Personería, ignorar esos factores significa tratar de la misma manera realidades completamente diferentes.

En Santa Marta, un ventilador puede permanecer encendido durante horas. En numerosos hogares ocurre lo mismo con los sistemas de refrigeración, especialmente durante las temporadas de temperaturas más fuertes. Reducir abruptamente ese consumo puede resultar mucho más complicado que hacerlo en zonas del país donde las condiciones ambientales son distintas.

Y el problema, advierte la acción judicial, va más allá de sentirse cómodo.

La refrigeración también está relacionada con la conservación de alimentos y medicamentos, mientras que la ventilación y climatización pueden resultar indispensables para el descanso y para personas particularmente vulnerables frente a temperaturas extremas.

Por eso, la Personería considera que una regulación uniforme podría terminar vulnerando los derechos a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, vida y salud.

La pelea para que Air-e no cobre los adicionales

La tutela plantea una petición de fondo: que la Resolución CREG 101 120 de 2026 sea inaplicada en Santa Marta mediante la excepción de inconstitucionalidad.

De prosperar esa pretensión, se busca que Air-e S.A. E.S.P. se abstenga de liquidar, facturar y cobrar los valores adicionales contemplados en el mecanismo para los usuarios cobijados por la decisión.

La Personería va incluso más allá. Cuando esos valores ya hayan sido causados pero permanezcan sin pagar, solicita que sean reversados o descontados de las respectivas facturas.

También pretende que los efectos puedan extenderse a usuarios de la Región Caribe y de otros territorios sometidos a alta carga térmica, bajo el argumento de que enfrentan circunstancias similares.

Por ahora, se trata de una solicitud judicial. La presentación de la tutela por sí sola no elimina los cobros ni significa que la resolución haya sido suspendida. Será la justicia la encargada de decidir si acepta los argumentos planteados y qué alcance tendría una eventual protección.

Una alternativa: metas diferentes para el Caribe

La Personería también contempla otro escenario. Si la justicia considera que la regulación debe mantenerse, solicita que la CREG introduzca mecanismos que reconozcan las diferencias climáticas del país.

Entre las propuestas aparecen metas ajustadas según temperatura y humedad, una banda neutral especial para zonas sometidas a alta carga térmica y un tratamiento diferenciado para la electricidad utilizada por equipos indispensables para la salud.

También plantea que las campañas para reducir el consumo vayan acompañadas de programas de eficiencia energética, financiación y sustitución de electrodomésticos. La intención es que ahorrar electricidad no dependa exclusivamente de apagar ventiladores o sistemas de refrigeración cuando las temperaturas hacen necesario utilizarlos.

Mientras se resuelve esa discusión, la Personería solicitó suspender la causación del cobro adicional para los usuarios de Santa Marta.

El bolsillo de los samarios queda en manos de la justicia

El debate que abre la tutela es sencillo de entender, aunque jurídicamente sea mucho más complejo: ¿hasta dónde puede exigírsele el mismo ahorro energético a una familia del Caribe que a otra que vive bajo condiciones climáticas completamente distintas?

La CREG busca reducir la demanda cuando el sistema eléctrico atraviesa situaciones críticas. La Personería sostiene que ese objetivo es legítimo, pero considera que alcanzarlo mediante una fórmula que ignore el calor puede terminar trasladando una carga desproporcionada a los hogares caribeños.

Lea aquí: Tribunal pone contra el reloj a Essmar: cuatro meses para acabar con la contaminación del agua en El Pando

Ahora será un juez quien determine si ese argumento es suficiente para frenar la aplicación del esquema en Santa Marta.

La decisión tendrá consecuencias más allá de una discusión técnica. En una región donde la factura de energía representa uno de los gastos sensibles de miles de familias, superar una meta de consumo podría significar pagar todavía más precisamente durante los meses en que el calor obliga a encender durante más horas aquello que permite soportarlo.