La CREG prepara un esquema transitorio que aplicaría cobros adicionales sobre el consumo que supere en más de 10 % la meta histórica de cada usuario. La medida llega cuando el kilovatio ya aumentó para clientes de Air-e y en una región donde soportar temperaturas extremas obliga a mantener ventiladores y aires acondicionados encendidos durante buena parte del día.

En la Costa Caribe la energía ya cuesta demasiado y ahora consumir más de la cuenta también podría salir caro. Desde septiembre, los hogares que superen en más de un 10 % su meta individual de consumo enfrentarían un recargo sobre los kilovatios excedentes, dentro de las medidas adoptadas para disminuir la demanda eléctrica ante la estrechez energética asociada al fenómeno de El Niño.

La intención es ahorrar energía y proteger el sistema, pero en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Riohacha, Valledupar o Sincelejo la discusión tiene un componente difícil de ignorar: aquí un ventilador encendido durante horas o un aire acondicionado funcionando en los momentos más calientes del día muchas veces deja de ser comodidad para convertirse en la única forma de soportar temperaturas cada vez más fuertes.

Y mientras se pide consumir menos, el bolsillo ya recibió otro golpe: para usuarios atendidos por Air-e Intervenida en Atlántico, Magdalena y La Guajira, el kilovatio hora pasó de $796 a $840,15.

El que se pase de la meta pagará más

El mecanismo contemplado por la CREG establece una meta individual basada en el comportamiento histórico de cada usuario. La referencia se calculará utilizando la mediana de los consumos promedio diarios registrados durante los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia del programa.

El usuario podrá superar esa referencia hasta en un 10 % sin recibir la penalización. El cobro adicional comenzará cuando el consumo atraviese el 110 % de la meta establecida y se aplicará exclusivamente sobre los kilovatios que excedan ese límite.

Esto significa que la factura completa no aumentará automáticamente un 30, 50 o 70 %. El incremento recaerá únicamente sobre el consumo excedente.

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Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, la regulación contempla un factor de 1,30, equivalente a un 30 % adicional sobre la tarifa de referencia del excedente. Para los estratos 4, 5 y 6 será de 1,50, mientras que establecimientos comerciales e industriales enfrentarán un factor de 1,70.

En otras palabras, los negocios podrían terminar pagando hasta un 70 % adicional por la energía consumida por encima de su límite.

El problema es que en la Costa hace calor

Aquí aparece la parte más polémica de la medida. Dos familias que vivan en una misma calle podrían tener límites diferentes porque el cálculo dependerá de sus respectivos historiales. Para usuarios nuevos o aquellos sin información suficiente, se establecerían referencias a partir de consumidores con características similares.

Sin embargo, la temperatura no entiende de metas individuales.

En el Caribe, durante los meses de mayor calor, ventiladores y aires acondicionados pueden permanecer encendidos durante buena parte del día. Las neveras también trabajan bajo condiciones de temperatura mucho más exigentes. Si el termómetro sube y una familia necesita consumir más energía que el año anterior para enfrentar el calor, podría terminar cruzando el límite y pagando el recargo.

La pregunta inevitable es si una política nacional de ahorro puede medir con la misma vara las necesidades energéticas de una vivienda ubicada en una ciudad de clima frío y las de una familia que enfrenta temperaturas superiores a los 35 grados.

El kilovatio ya golpeó primero

El posible recargo tampoco llega en un momento cualquiera. Los usuarios de Air-e Intervenida en Atlántico, Magdalena y La Guajira ya enfrentan un incremento en el costo de la energía.

El kilovatio hora pasó de $796 a $840,15, una diferencia de $44,15 que representa aproximadamente un 5,5 % de aumento.

El panorama que enfrentan miles de familias resulta complejo: pagar un kilovatio más costoso, intentar reducir el consumo pese a las altas temperaturas y vigilar permanentemente que el recibo no supere la meta establecida.

Para pequeños comerciantes la situación puede resultar todavía más delicada. Restaurantes, tiendas, peluquerías, panaderías y otros establecimientos dependen de neveras, congeladores, ventiladores, aires acondicionados y equipos eléctricos para funcionar. Reducir drásticamente el consumo puede significar afectar directamente la actividad que les genera ingresos.

Las empresas también están contra las cuerdas

Mientras el Gobierno busca reducir la demanda, otra amenaza aparece detrás de las facturas: la delicada situación financiera de algunas compañías encargadas de mantener funcionando el sistema eléctrico.

Afinia ha advertido sobre problemas de liquidez relacionados, entre otros factores, con recursos pendientes por subsidios y opción tarifaria. Según las cifras conocidas públicamente, necesitaría alrededor de $130.000 millones en las próximas semanas para evitar mayores dificultades operativas.

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa la deuda acumulada del sector, que rondaría los $4 billones.

Ahí está una de las mayores contradicciones de la crisis energética: mientras al ciudadano se le pide ahorrar y controlar hasta el último kilovatio, las empresas necesitan recursos para sostener la operación y permanecen pendientes obligaciones multimillonarias que llevan tiempo golpeando las finanzas del sistema.

Una factura todavía más difícil de entender

Para el usuario también aparecerá un nuevo desafío: entender cuánto puede consumir antes de comenzar a pagar más.

Ya no bastará con mirar el valor final del recibo. Cada familia deberá conocer su meta individual, identificar cuánto consumió durante el periodo facturado y revisar si atravesó el 110 % permitido antes de que comenzara el recargo.

Por eso será fundamental que las comercializadoras expliquen de manera visible cuánto corresponde a la meta histórica de cada usuario, cómo fue calculada y cuántos kilovatios fueron cobrados como excedentes.

Sin esa claridad, una regulación diseñada para incentivar el ahorro puede terminar convertida en otro dolor de cabeza para consumidores que desde hace años cuestionan la complejidad de las facturas del servicio.

La crisis de la Costa va mucho más allá de apagar las luces

Ahorrar energía puede ayudar en medio de una situación crítica, pero difícilmente resolverá una crisis que arrastra problemas de infraestructura, pérdidas de energía, deudas, subsidios pendientes, dificultades de liquidez empresarial y tarifas que siguen golpeando los ingresos familiares.

En el Caribe, además, reducir el consumo tiene límites impuestos por el propio clima. Pedirle a una familia que utilice racionalmente la energía es razonable; convertir cada hora de aire acondicionado en una preocupación económica abre una discusión completamente distinta.