Campesinos de La Enllanada y El Cauca llegaron a Ocaña después de abandonar sus viviendas en medio del deterioro del orden público. El éxodo ocurre mientras las Fuerzas Militares intensifican las operaciones contra el ELN ordenadas por el presidente Abelardo de la Espriella.

El Catatumbo vuelve a ver campesinos abandonando sus casas por miedo. Al menos 41 familias dejaron sus veredas y llegaron hasta Ocaña buscando refugio, mientras las operaciones militares contra el ELN elevan nuevamente la tensión en una región donde la población civil lleva años soportando las consecuencias de la guerra.

De manera preliminar, 28 familias procedentes de la vereda La Enllanada y otras 13 de El Cauca, en Pueblo Nuevo, salieron de sus territorios ante la situación de orden público. Detrás quedaron viviendas, cultivos, animales, pertenencias y, sobre todo, la incertidumbre de saber cuándo podrán regresar.

El nuevo desplazamiento ocurre en momentos en que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella endureció la ofensiva militar contra el ELN y otras estructuras armadas que mantienen presencia en el Catatumbo.

La guerra vuelve a sacar a los campesinos

Para las 41 familias que llegaron a Ocaña, desplazarse significa suspender de un momento a otro toda una vida construida en el campo.

Los campesinos tuvieron que recoger lo indispensable y abandonar sus comunidades mientras las condiciones de seguridad se deterioraban. Ahora dependen de la asistencia que puedan brindar las autoridades y organismos humanitarios para resolver necesidades inmediatas como alimentación y alojamiento.

El temor principal es quedar atrapados en medio de las acciones armadas. La presencia histórica del ELN y otras estructuras ilegales, sumada al incremento de operaciones de la Fuerza Pública, mantiene a varias comunidades rurales bajo presión.

En el Catatumbo, cada movimiento militar puede tener consecuencias sobre poblaciones que viven en territorios donde los grupos armados han construido corredores, zonas de influencia y economías ilegales durante años.

La ofensiva ordenada por De la Espriella

La salida de las familias coincide con una nueva fase de las operaciones militares ordenadas por el presidente Abelardo de la Espriella para recuperar el control territorial en zonas donde existe fuerte presencia del ELN.

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Una de las acciones recientes fue denominada Operación Beta, desarrollada durante la madrugada del 11 de agosto de 2026 en áreas rurales entre Tibú y San Calixto.

Durante esa operación, las Fuerzas Militares realizaron bombardeos contra posiciones señaladas de pertenecer al ELN, dentro de una estrategia que busca golpear estructuras armadas, corredores estratégicos y economías ilegales.

El Gobierno ha defendido el fortalecimiento de las operaciones como parte de su política para recuperar territorios donde durante años las organizaciones ilegales han ejercido control.

Sin embargo, para los habitantes que permanecen en esas zonas, el incremento de las acciones militares también despierta temor ante posibles combates, restricciones de movilidad o represalias de los grupos armados.

Dejaron cultivos, animales y sus viviendas

Las cifras del desplazamiento hablan de 41 familias, pero detrás de cada registro existe una economía familiar que quedó paralizada.

Quienes viven del campo dependen de permanecer en sus tierras. Abandonarlas significa dejar cultivos sin atender, animales sin el cuidado habitual y actividades productivas de las que obtienen los recursos para alimentarse y mantener a sus hogares.

Por eso, regresar rápidamente suele ser la principal aspiración de las familias desplazadas. El problema es que hacerlo sin garantías puede significar exponerse nuevamente a las circunstancias que provocaron su salida.

Las autoridades trabajan en la caracterización de los hogares que están llegando a Ocaña y en la activación de los mecanismos de atención humanitaria.

También deberá establecerse con precisión qué situaciones desencadenaron el desplazamiento y cuáles son las condiciones actuales en las veredas abandonadas.

El miedo de quedar en medio del fuego

El Catatumbo conoce demasiado bien esta historia. Durante años sus habitantes han enfrentado desplazamientos, confinamientos, amenazas y restricciones provocadas por la confrontación entre diferentes actores armados.

La población civil queda atrapada en una posición especialmente vulnerable. Mientras las Fuerzas Militares intentan avanzar sobre territorios controlados por organizaciones ilegales, los campesinos temen convertirse en víctimas de enfrentamientos o quedar señalados por alguno de los actores presentes en la zona.

La situación obliga a que las operaciones militares estén acompañadas por una respuesta humanitaria y una presencia institucional capaz de proteger a quienes viven en las áreas intervenidas.

Para las familias desplazadas, recuperar el control territorial tendrá poco significado si no pueden regresar de manera segura a sus parcelas.

Ocaña vuelve a convertirse en refugio

Mientras se evalúan las condiciones en las zonas rurales, Ocaña vuelve a recibir a quienes escapan del conflicto del Catatumbo.

Las familias necesitan alimentación, alojamiento y acompañamiento institucional mientras esperan conocer si existen garantías para retornar. Algunas ya han enfrentado anteriormente escenarios de violencia y conocen lo que significa abandonar de un momento a otro todo lo construido durante años.

Esta vez son 41 familias. El temor es que la cifra aumente si el orden público continúa deteriorándose o las confrontaciones se extienden hacia otras comunidades.

La ofensiva contra el ELN busca recuperar territorios que durante años han permanecido bajo influencia de estructuras armadas. Pero en medio de esa batalla existe otra urgencia: impedir que los campesinos vuelvan a pagar el precio.

Porque mientras Gobierno y grupos ilegales se disputan el control del Catatumbo, 41 familias ya tuvieron que hacer lo que tantas otras han hecho antes en esta región: cerrar sus casas, abandonar sus tierras y salir sin saber cuándo podrán volver.