Extradición de voceros de las ACSN podría desatar un nuevo desorden criminal en la Sierra Nevada: advierten riesgos para Santa Marta


La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de firmar las extradiciones de Carmen Evelio Cantillo Carrillo y Freddy Castillo Carrillo, quienes fueron voceros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en los acercamientos de paz, abre un escenario de incertidumbre en el territorio. Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, advierte que el debilitamiento de la línea de mando podría provocar disputas internas, desplazamientos, confinamientos y un incremento de la violencia.

La extradición de dos hombres que hasta hace poco tenían asiento como representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en los acercamientos con el Estado puede tener consecuencias mucho más profundas que enviarlos a una cárcel de Estados Unidos. El temor es lo que pueda quedar detrás de ellos: una estructura debilitada, hombres buscando quedarse con el mando y un territorio lleno de rentas criminales por controlar.

Esa es la advertencia que hace Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, luego de la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de firmar las extradiciones de Carmen Evelio Cantillo Carrillo y Freddy Castillo Carrillo, vinculados a la cúpula de las ACSN.

Para Dimas, la decisión representa además uno de los primeros desenlaces concretos del fracaso del proceso de paz que había abierto expectativas sobre una eventual salida negociada para esta estructura armada.

Tenemos el primer desenlace de un proceso de paz fallido”, sostiene el defensor de derechos humanos, quien advierte que la decisión puede alterar el equilibrio criminal existente en varias zonas de Magdalena y la Sierra Nevada.

Del diálogo de paz a la extradición

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada habían decidido participar en los acercamientos impulsados durante la denominada Paz Total. En medio de ese escenario se había suspendido la extradición de Carmen Evelio Cantillo Carrillo, conocido como alias ‘Muñeca’, considerado una de las principales cabezas de la organización.

De acuerdo con Dimas, la situación alrededor de Freddy Castillo Carrillo era diferente, aunque su futuro frente a la justicia estadounidense también hacía parte de los asuntos que rodeaban las conversaciones.

El fracaso de ese proceso cambió completamente el panorama. Quienes participaron como representantes de la organización armada ahora enfrentan nuevamente la posibilidad de terminar en Estados Unidos.

Para el investigador, sin embargo, el debate debe superar el destino judicial de los dos hombres y concentrarse también en lo que ocurrirá dentro del territorio cuando estas figuras salgan de la estructura.

El temor de un vacío en la línea de mando

Las ACSN ya venían enfrentando problemas internos antes de conocerse las extradiciones.

Según Lerber Dimas, existe actualmente una fragilidad en la cadena de mando que se evidencia, entre otras situaciones, en la aparición de una disidencia que habría dejado de obedecer a la estructura principal.

A eso se suman episodios recientes en los que órdenes impartidas desde niveles superiores aparentemente dejaron de ser acatadas por integrantes ubicados en escalones inferiores. El defensor menciona patrullajes y castigos que habrían continuado pese a instrucciones de suspender esas prácticas.

La salida de figuras importantes podría profundizar esa fragmentación.

Y allí aparece uno de los mayores temores: quiénes intentarán quedarse con el control militar, político y económico que actualmente tiene la organización.

“Va a haber un debilitamiento mayor en esa estructura y el peligro más fuerte es lo que ha venido pasando a lo largo de los años”, explica Dimas.

El antecedente que dejó sangre en la Sierra

La preocupación tiene un precedente que todavía pesa sobre la región.

Dimas recuerda lo ocurrido después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006 y la posterior extradición de varios de sus principales comandantes a Estados Unidos.

La desaparición de aquellas cabezas produjo una reorganización violenta del mapa criminal. Según su análisis, más de una decena de estructuras armadas terminaron apareciendo posteriormente en el territorio y comenzó una disputa que dejó homicidios, desplazamientos, despojo de tierras y control sobre comunidades.

“Llegaron, hicieron y deshicieron, mataron, desplazaron, quitaron tierras. Fue un desorden criminal sin precedentes”, recuerda.

Ese antecedente alimenta el temor de que una nueva ruptura en la cadena de mando pueda abrir espacios para que mandos medios, disidencias u organizaciones rivales intenten apropiarse de territorios y economías ilegales.

Para las comunidades, semejante reacomodo criminal podría traducirse rápidamente en violencia.

Dimas cuestiona los resultados de las extradiciones

El director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos también plantea una discusión incómoda: hasta qué punto las extradiciones de grandes jefes criminales han solucionado los problemas de seguridad de la Sierra Nevada.

Según su análisis, diferentes personas involucradas en narcotráfico y hechos violentos han sido enviadas a Estados Unidos, han cumplido sus condenas y posteriormente regresaron a Colombia mientras muchos delitos cometidos en el territorio quedaron pendientes de esclarecimiento.

Las víctimas, asegura, terminan en una posición desfavorable porque esperan verdad y respuestas sobre homicidios, desplazamientos y otras acciones perpetradas durante años.

“La extradición no es el camino, porque si la extradición fuera el camino, sencillamente las rutas del narcotráfico se hubieran acabado”, sostiene Dimas.

Su preocupación es que el proceso judicial en Estados Unidos termine concentrándose principalmente en narcotráfico mientras las comunidades colombianas continúan esperando respuestas sobre las violencias sufridas en sus territorios.

Capturar a Freddy también representa un desafío

Existe otro elemento que preocupa particularmente al defensor de derechos humanos: hacer efectiva la extradición requiere primero tener bajo custodia a la persona solicitada.

Según Dimas, la situación de Freddy Castillo Carrillo obligaría a las autoridades a desarrollar operaciones para localizarlo y capturarlo, circunstancia especialmente delicada por las características geográficas y sociales de la Sierra Nevada.

El investigador señala que integrantes de estas estructuras pueden desplazarse por zonas donde también permanecen comunidades campesinas e indígenas, lo que obliga a las autoridades a garantizar el principio de distinción y reducir al máximo cualquier riesgo para la población civil.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de operaciones militares en zonas ambientalmente sensibles y territorios considerados sagrados por los pueblos indígenas.

El impacto podría sentirse en Santa Marta

El análisis tampoco se limita a las montañas. Un eventual reacomodo de las ACSN podría terminar golpeando directamente la seguridad urbana de Santa Marta.

Una disputa por el mando puede significar también una pelea por extorsiones, narcotráfico, corredores estratégicos y otras economías ilegales. Para Dimas, el riesgo es que esas confrontaciones terminen trasladándose hacia centros poblados y ciudades donde las organizaciones mantienen intereses.

Actualmente Santa Marta presenta indicadores de homicidio con tendencia a la baja, mientras delitos como la extorsión continúan generando preocupación. Un nuevo enfrentamiento entre estructuras podría modificar ese comportamiento.

Las ACSN, además, mantienen una capacidad de influencia que supera los límites de la capital del Magdalena. Su presencia y dinámicas alcanzan sectores de la Sierra Nevada y corredores de Magdalena, Cesar y La Guajira, convirtiendo cualquier ruptura interna en un problema potencialmente regional.

¿Están preparados Santa Marta y el Magdalena?

La gran pregunta que deja Dimas después de la decisión presidencial apunta directamente a las autoridades territoriales.

¿Qué capacidad tienen Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y el Gobierno nacional para responder si comienzan los enfrentamientos por el control dejado por los jefes extraditados?

El escenario podría incluir desplazamientos de comunidades campesinas e indígenas, confinamientos, incursiones armadas, enfrentamientos, operaciones de la Fuerza Pública y nuevas disputas por rentas criminales.

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Para el defensor, prepararse significa algo más que aumentar el número de uniformados. También implica garantizar atención humanitaria, presencia institucional, protección de comunidades y capacidad para ocupar los espacios donde las estructuras ilegales han ejercido control durante años.

La firma de una extradición puede resolverse sobre un documento. Lo difícil comenzará en el territorio.

Porque mientras Carmen Evelio Cantillo Carrillo y Freddy Castillo Carrillo enfrentan la posibilidad de terminar ante la justicia estadounidense, en la Sierra Nevada comienza otra pregunta mucho más urgente: quién intentará ocupar el espacio que ellos dejen y cuánto podría costarle esa disputa a las comunidades.


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