Investigan al congresista Óscar Benavides tras recaudar más de $300 millones para damnificados del terremoto: buscan establecer qué pasó con el dinero
La Corte Suprema abrió una indagación previa contra el representante Óscar Benavides después de una denuncia que puso bajo sospecha la forma como fueron recibidos los millonarios aportes recolectados para las familias afectadas por el terremoto de Chocó. Parte del dinero, según el denunciante, habría llegado a cuentas de particulares vinculados al congresista. Ahora el alto tribunal quiere establecer quién recibió los recursos, cómo fueron manejados y cuál fue su destino.
Más de $300 millones fueron recogidos en nombre de familias que acababan de sufrir los estragos del terremoto de Chocó. La campaña fue presentada como una gran cruzada de solidaridad para llevar ayuda a los damnificados, pero la manera como habría ingresado parte de ese dinero terminó llevando al congresista que promovió la colecta ante la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Especial de Instrucción abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, del Movimiento Libres, luego de recibir una denuncia que cuestiona la forma como fueron recaudados los aportes.
La pregunta que ahora tendrán que resolver los magistrados es sencilla, aunque compromete una suma millonaria: ¿cómo se recogieron, quién recibió y qué pasó con los más de $300 millones entregados para ayudar a los damnificados?
¿Por qué investigan al congresista?
El punto que encendió las alarmas está en las cuentas utilizadas para recibir las donaciones.
Según la denuncia presentada por el ciudadano Daniel David Martínez, algunos de los aportes habrían sido consignados mediante Nequi y Bancolombia a nombre de José Francisco Ibalde, señalado como aliado político del congresista.
La Corte deberá determinar entonces por qué dinero solicitado públicamente para atender una emergencia terminó siendo recibido a través de esas cuentas, quién tenía autorización para administrarlo y bajo qué figura jurídica se adelantó la recolección.
También deberá establecerse qué mecanismos permitían seguir el recorrido de cada peso aportado por los ciudadanos y comprobar que los recursos llegaron efectivamente a las familias para las cuales fueron solicitados.
Una colecta de más de $300 millones
Fue el propio Benavides quien aseguró que la campaña consiguió recaudar más de $300 millones para ayudar a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
La cantidad de dinero recogida y la forma en que habría sido recibida son precisamente dos de los elementos que ahora adquieren relevancia dentro de la indagación.
La Corte podrá revisar movimientos, documentos y demás elementos relacionados con la colecta para determinar cuánto se recibió realmente, quién tuvo acceso a los recursos, cómo fueron administrados y de qué manera se efectuó la entrega de las ayudas.
Dentro de la denuncia aparecen mencionadas posibles conductas relacionadas con peculado por apropiación, una eventual captación irregular de recursos y usurpación de funciones públicas. Será el alto tribunal el que determine si esos señalamientos tienen fundamento suficiente para avanzar hacia una investigación formal.
Benavides tendrá que explicar cómo se manejó el dinero
La indagación está apenas en una fase preliminar y su apertura no significa que Óscar Benavides sea responsable de algún delito. Precisamente esta etapa permitirá establecer si existen elementos para continuar con un proceso en su contra.
Como parte de las actuaciones, el representante será citado a versión libre y tendrá la oportunidad de explicar cómo se estructuró la campaña, quién recibió las donaciones y qué ocurrió con los recursos recolectados.
Benavides ha defendido la legalidad de la iniciativa. Sostiene que el titular de las cuentas utilizadas sería el representante legal de una fundación autorizada para recibir las ayudas y asegura que existe una veeduría ciudadana encargada de vigilar la trazabilidad del dinero.
El congresista también ha señalado que los cuestionamientos responden a un ataque político.
La Corte seguirá el rastro de la plata
Los magistrados tendrán que reconstruir el recorrido de una suma superior a los $300 millones que ciudadanos entregaron pensando que sería utilizada para aliviar la situación de quienes quedaron golpeados por el terremoto.
La investigación deberá aclarar quién recibió cada aporte, dónde quedó depositado, quién tuvo control sobre esos recursos y cómo fueron distribuidos.
Porque detrás del expediente existe un elemento especialmente delicado: el dinero fue recogido utilizando como causa la tragedia de cientos de damnificados.
Ahora será la Corte Suprema la encargada de determinar si todo se hizo conforme a la ley o si detrás de aquella millonaria colecta existen irregularidades que deban ser investigadas penalmente.
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