La decisión se fundamenta en pruebas de la Fiscalía que demuestran que el menor de edad fue instrumentalizado y amenazado por una red de sicariato, lo que le otorga un doble estatus legal en el expediente.

El proceso judicial que se adelanta por el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay ha registrado un cambio en su estructura técnica que redefine la situación jurídica de los implicados.

La justicia ha determinado que el adolescente que confesó haber ejecutado el crimen debe ser reconocido formalmente como víctima dentro del mismo expediente.

Esta determinación no modifica la sanción de siete años de privación de la libertad que el joven ya se encuentra cumpliendo por el asesinato, sino que añade una nueva capa al proceso al considerar que su participación fue producto de la coacción de una organización criminal.

La base de este giro legal se encuentra en las investigaciones de la Fiscalía, que señalan que el menor no actuó con autonomía operativa. Según el material probatorio, el joven fue captado por una estructura delictiva dedicada a reclutar menores de edad para la comisión de asesinatos.

Las pesquisas indican que, si bien el adolescente recibió instrucciones y una promesa de pago, su actuación estuvo marcada por presiones y amenazas de muerte contra su integridad, lo que jurídicamente lo sitúa como una víctima de reclutamiento ilícito por parte de los determinadores del atentado. Este movimiento en el caso ha provocado un rechazo rotundo por parte de los familiares de Miguel Uribe Turbay.

Para la representación de la víctima, resulta inaceptable que el autor material del homicidio comparta el mismo estatus legal que quienes sufrieron la pérdida del senador. Los familiares consideran que esta calificación desdibuja la gravedad del acto cometido y genera una contradicción dentro del proceso judicial, al poner en el mismo nivel de derechos al ejecutor del crimen y a las víctimas directas del asesinato.

El caso reabre el debate técnico sobre los alcances de la responsabilidad penal adolescente en Colombia cuando existe una clara instrumentalización por parte de redes criminales.

Mientras el expediente avanza contra los demás responsables y cabecillas de la organización, la justicia mantiene la doble condición del menor: victimario por el homicidio y víctima por su reclutamiento.

Lea aquí: Cerca de 40 hombres fuertemente armados roban dos toneladas de oro en una mina de Antioquia

El proceso continúa bajo esta nueva realidad procesal, dejando planteados interrogantes sobre cómo equilibrar la sanción penal con la protección de jóvenes vulnerables utilizados por bandas de sicariato.