El presidente anunció un protocolo nacional que permitirá intervenir en los campus cuando se presenten hechos graves de violencia. Estudiantes y sectores políticos temen que la medida termine afectando el derecho a la protesta.

Las puertas de las universidades públicas podrán abrirse para el ingreso de la Fuerza Pública cuando una protesta deje de ser pacífica y se convierta en una amenaza contra la vida, la infraestructura o el orden público. La decisión fue anunciada este domingo 14 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella y de inmediato encendió un nuevo enfrentamiento con organizaciones estudiantiles y sectores de oposición.

El mandatario fue directo: la autonomía universitaria no podrá utilizarse como una barrera para impedir la actuación de las autoridades ante ataques contra civiles o uniformados, destrucción de bienes, uso de explosivos o preparación de acciones violentas. Con esa posición, el Gobierno busca establecer un protocolo nacional que determine cuándo y bajo qué condiciones se podrá intervenir dentro de los campus.

“La autonomía no está por encima del orden público”

Durante su alocución, De la Espriella aseguró que las universidades públicas deben conservar su autonomía, pero advirtió que esta garantía constitucional tiene límites cuando dentro de sus instalaciones se cometen actos violentos.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, afirmó el jefe de Estado, quien sostuvo que ninguna institución educativa puede funcionar al margen de la Constitución y la ley.

El mensaje más fuerte llegó cuando el presidente habló de los grupos que presuntamente utilizan los campus para refugiarse, fabricar artefactos o preparar ataques. “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, sentenció.

La declaración marca la posición de un Gobierno dispuesto a recurrir a la Fuerza Pública cuando considere que una situación ha superado los límites de la protesta. Sin embargo, todavía falta conocer el contenido completo del protocolo, los procedimientos para autorizar una intervención y las autoridades que tendrán la responsabilidad de tomar esa decisión.

La protesta pacífica seguirá permitida

De la Espriella aclaró que la medida no busca criminalizar las movilizaciones estudiantiles ni impedir que los jóvenes expresen su inconformidad. Según explicó, el propósito es trazar una línea entre quienes protestan pacíficamente y aquellos que recurren a la violencia.

El protocolo contemplaría actuaciones frente a casos de destrucción de infraestructura, ataques contra civiles o miembros de la Fuerza Pública, utilización de explosivos y preparación de acciones que representen un peligro para la comunidad universitaria.

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Esa diferenciación será el punto más delicado de la medida. La preocupación de estudiantes y profesores está relacionada con la manera como las autoridades interpretarán cada situación, especialmente durante jornadas en las que una protesta puede comenzar pacíficamente y terminar alterada por enfrentamientos protagonizados por grupos reducidos.

Los rectores preguntan qué cambiará

Desde las instituciones educativas surgieron las primeras dudas. José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, reconoció que la autonomía universitaria no significa que los campus estén por fuera de la ley, pero recordó que la Policía ya puede ingresar legalmente en determinadas circunstancias.

Entre esos escenarios se encuentran los casos de flagrancia, la presencia de personas heridas y las situaciones en las que exista un riesgo grave para la vida. Su planteamiento puso sobre la mesa una pregunta que deberá responder el Gobierno: ¿qué facultades nuevas otorgará el protocolo si las autoridades ya cuentan con mecanismos para intervenir ante una emergencia?

La respuesta será determinante para establecer si el anuncio presidencial modifica realmente las reglas vigentes o si busca unificar los procedimientos que actualmente se aplican en las universidades públicas.

Estudiantes temen que se desdibuje el límite

Organizaciones estudiantiles y sectores de oposición rechazaron el anuncio al considerar que una mayor presencia policial dentro de los campus podría afectar el derecho a la protesta y aumentar el riesgo de enfrentamientos.

La principal preocupación está en los criterios utilizados para declarar que una movilización representa una amenaza. Los estudiantes temen que una protesta legítima termine siendo tratada como un problema de orden público y que los desórdenes provocados por algunas personas se utilicen para intervenir toda una universidad.

También reclaman garantías para evitar excesos durante los procedimientos. Para estos sectores, el protocolo deberá señalar límites precisos sobre el uso de la fuerza, la identificación de los responsables de hechos violentos y la protección de quienes participan pacíficamente en las manifestaciones.

Seguridad y autonomía entran en un nuevo pulso

El anuncio reabre una discusión que durante años ha enfrentado a los gobiernos con las comunidades universitarias. De un lado está la autonomía de las instituciones para administrar sus espacios y proteger la libertad académica; del otro, la obligación del Estado de actuar cuando la violencia pone en peligro a estudiantes, docentes, trabajadores y ciudadanos.

De la Espriella ya fijó su posición: ante hechos graves, la Fuerza Pública podrá intervenir. Ahora el Gobierno tendrá que demostrar que el nuevo protocolo servirá para perseguir a los violentos sin convertir los campus en escenarios de operaciones policiales permanentes.

La verdadera controversia comenzará cuando se conozcan las reglas y ocurra la primera intervención. Será entonces cuando el país sabrá si el protocolo logró separar la protesta de la violencia o si terminó abriendo otro conflicto entre el poder presidencial y las universidades públicas.