La Capitanía de Puerto de Santa Marta consolidó 10 concesiones marítimas entre 2024 y 2026. La gestión también incluye modificaciones, permisos temporales y conceptos técnicos para proyectos turísticos, portuarios, económicos y de infraestructura.

El crecimiento turístico y portuario de Santa Marta también ha aumentado la presión sobre sus playas y zonas costeras. Hoteles, operadores, empresarios y responsables de proyectos de infraestructura buscan ocupar espacios que pertenecen al uso público, una actividad que exige autorización y el cumplimiento de condiciones técnicas, ambientales y marítimas.

En medio de ese panorama, la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, informó que entre 2024 y 2026 adelantó 150 actuaciones administrativas destinadas a regular el aprovechamiento de estos espacios. El balance incluye concesiones marítimas, modificaciones a autorizaciones existentes, permisos temporales y conceptos técnicos favorables.

Diez concesiones marítimas en tres años

De acuerdo con el informe entregado por la autoridad marítima, durante los últimos tres años fueron otorgadas 10 concesiones marítimas en jurisdicción de Santa Marta. A esta cifra se suman siete modificaciones a concesiones que ya se encontraban vigentes.

Solo durante 2026, la Dimar concedió cinco nuevas concesiones marítimas y cuatro permisos temporales, para un total de nueve decisiones administrativas. Estos trámites permiten establecer quién puede ocupar o aprovechar determinadas áreas, bajo qué condiciones podrá hacerlo y cuáles son las obligaciones que deberá cumplir.

La entidad explicó que cada solicitud debe atravesar un proceso de evaluación antes de recibir autorización. La intención es evitar una ocupación desordenada de los bienes de uso público y garantizar que las actividades desarrolladas en estos sectores se ajusten al marco normativo vigente.

Playas rurales y urbanas bajo regulación

El balance presentado por la Capitanía de Puerto también revela la magnitud de las solicitudes relacionadas con las playas de Santa Marta. Entre 2024 y 2026 fueron expedidos 26 permisos temporales en zonas rurales y se emitieron 107 conceptos técnicos favorables para autorizaciones en playas urbanas.

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Estas cifras, sumadas a las concesiones y sus modificaciones, completan las 150 actuaciones administrativas desarrolladas durante el periodo. La gestión abarca espacios estratégicos para una ciudad cuya economía depende en buena medida del turismo, la actividad portuaria y el aprovechamiento de su frente costero.

Los permisos temporales y las concesiones respaldan iniciativas turísticas, económicas, portuarias y de infraestructura. Sin embargo, su otorgamiento también implica que los beneficiarios deben respetar las condiciones establecidas por la autoridad marítima en asuntos como seguridad integral, sostenibilidad y protección del ecosistema marino-costero.

Desarrollo económico con reglas claras

La ocupación de una playa o de cualquier otro bien bajo jurisdicción marítima no puede depender únicamente del interés comercial de un particular. Se trata de áreas de uso público cuyo aprovechamiento debe contar con controles, estudios y autorizaciones que permitan determinar la viabilidad de cada proyecto.

Por esa razón, la Dimar sostiene que las decisiones tomadas durante estos tres años buscan facilitar la inversión y el desarrollo regional, sin abandonar la vigilancia sobre las condiciones en las que se utilizan las zonas costeras.

El reto para Santa Marta consiste en encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de sus espacios marítimos. La expansión de proyectos turísticos y portuarios representa oportunidades para el territorio, pero también exige controles permanentes para impedir ocupaciones irregulares, impactos ambientales y riesgos para las comunidades y los visitantes.

El seguimiento será determinante

La Dirección General Marítima aseguró que continuará trabajando con los actores de los sectores turístico, marítimo y portuario para fortalecer un modelo de desarrollo seguro, sostenible y responsable.

Después de las 150 actuaciones adelantadas, la tarea pendiente estará en verificar que cada concesión y permiso se cumpla en los términos aprobados. El ordenamiento costero no termina con la expedición de una autorización: también demanda seguimiento para garantizar que las playas y los bienes públicos de Santa Marta sean aprovechados legalmente y permanezcan protegidos.