Magdalena se alista para pasar de la ‘paz total’ a una lucha frontal contra grupos armados: blindados, inteligencia y millonaria inversión en seguridad
La Gobernación prepara una inversión histórica para fortalecer a la Fuerza Pública, mientras defensores de derechos humanos advierten que la ofensiva puede ocasionar desplazamientos y nuevos riesgos para las comunidades.
La paz total quedó atrás en Magdalena. La nueva orden gubernamental es perseguir, capturar y golpear las estructuras armadas que durante años ampliaron su control sobre territorios, economías ilegales y comunidades.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cambió el rumbo frente a estos grupos y encontró respaldo en la gobernadora Margarita Guerra, quien prepara el mayor fortalecimiento tecnológico y operativo de la Fuerza Pública realizado hasta ahora por el departamento.
En la mira aparecen tres organizaciones: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Clan del Golfo y Los Primos. Las autoridades atribuyen a estas estructuras participación en extorsiones, tráfico de drogas y otras rentas criminales, además de ejercer control armado e imponer reglas ilegales en sectores donde mantienen influencia.
Pero la ofensiva abre otro escenario delicado. Buena parte de la presencia armada se encuentra en zonas habitadas por campesinos e indígenas de la Sierra Nevada. Allí existe temor de que una guerra entre el Estado y estas organizaciones termine dejando a las comunidades atrapadas entre operativos, retaliaciones y disputas por el control que quede vacante.
La extradición que cambió el panorama
La señal más contundente llegó desde la Presidencia. De la Espriella firmó la extradición de cinco personas vinculadas a organizaciones ilegales, entre ellas los hermanos Carmen Evelio y Freddy Castillo Carrillo, quienes habían figurado como voceros de las ACSN durante los acercamientos adelantados en el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión prácticamente sepulta el tratamiento que esa organización recibió dentro de la denominada paz total y abre una etapa que estará marcada por operaciones de la Fuerza Pública.
Lerber Dimas, defensor de derechos humanos y director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, considera que el desenlace deja varios interrogantes. Según explicó, las ACSN habían apostado por el escenario de negociación y existían expectativas sobre lo que pudiera conseguirse en esa mesa.
“Aquí ya tenemos el primer desenlace de un proceso de paz fallido que dio como resultado la activación de las órdenes de extradición de las personas que hasta hace unos días eran miembros representantes de esta estructura armada en los diálogos de paz con el Gobierno”, sostuvo.
Más de $13.400 millones para enfrentar la criminalidad
La gobernadora Margarita Guerra decidió respaldar la nueva política presidencial con recursos. Su administración anunció una inversión superior a $13.400 millones para fortalecer las capacidades de Policía, Ejército y Fiscalía en Magdalena.
Entre las adquisiciones sobresalen dos vehículos tácticos blindados Guardian Xtreme STANAG 2, que convertirían a Magdalena en el primer departamento del país en incorporar este tipo de tecnología para apoyar operaciones del Ejército. Los automotores cuentan con protección bajo estándares de la OTAN y están diseñados para resistir determinados impactos de munición de fusil, explosiones de minas y fragmentación de proyectiles.
La estrategia también incluye camionetas uniformadas y no uniformadas, microbuses y motocicletas para ampliar patrullajes y facilitar el ingreso de uniformados a zonas rurales y sectores de difícil acceso, especialmente en la Sierra Nevada.
“Seguimos trabajando de manera contundente, de frente en contra de los grupos armados que se encuentran en el Magdalena. Continuaremos brindando la seguridad de forma articulada con la Policía y el Ejército Nacional”, afirmó Margarita Guerra.
Tecnología para perseguir el crimen
La ofensiva tampoco estará limitada al componente militar. Parte de los recursos será destinada a fortalecer la investigación judicial.
La gobernadora informó que también adquirirá el Sistema Único de Comparación Balística, SUCOBA, para la Fiscalía Seccional Magdalena. La herramienta permitirá realizar en el departamento estudios de material probatorio relacionado con armas y hechos criminales, evitando desplazamientos hacia otras regiones.
También se contempla tecnología para extraer, recuperar y analizar información almacenada en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que pueda resultar determinante dentro de investigaciones judiciales.
La apuesta busca cerrar espacios a estructuras que han construido sus economías mediante extorsiones, narcotráfico y control territorial, especialmente en municipios donde comerciantes, ganaderos y productores han sufrido las consecuencias de su presencia.
El peligro de cortar las cabezas y dejar una guerra por el mando
La ofensiva, sin embargo, tiene riesgos. Lerber Dimas advierte que la extradición de los máximos representantes de una organización armada puede provocar un vacío de poder y desencadenar enfrentamientos internos.
Según su análisis, las ACSN ya presentarían problemas dentro de su línea de mando, entre ellos la aparición de una estructura separada y episodios en los que órdenes provenientes de los niveles superiores aparentemente dejaron de ser acatadas.
El defensor recordó lo ocurrido después de la desmovilización de las AUC en 2006 y la extradición de varios de sus comandantes. Posteriormente aparecieron múltiples estructuras que protagonizaron asesinatos, desplazamientos y despojos en la Sierra Nevada. Para Dimas, un nuevo debilitamiento de los mandos podría abrir otra disputa por el control militar, político y económico de los territorios.
“Las consecuencias pueden ser desde el aumento de las violencias hasta los confinamientos de las comunidades indígenas y campesinas”, advirtió.
Freddy Castillo dice que comparecerá
En medio del nuevo escenario, Freddy Castillo Carrillo emitió un comunicado en el que manifestó estar dispuesto a comparecer ante las autoridades y afrontar la solicitud de extradición proveniente de Estados Unidos.
“Estoy dispuesto a acudir ante las autoridades y atender cualquier requerimiento de la justicia, tanto en Colombia como en el exterior”, manifestó Castillo, quien reclamó garantías de debido proceso y protección para su familia.
También reiteró su posición frente a los señalamientos que desde 2020 lo relacionan con la muerte del líder social Alejandro Llinás y aseguró que mediante sus abogados ha sostenido que no tuvo participación en esos hechos.
Su situación agrega otro ingrediente a la tensión: cualquier operación dirigida a materializar decisiones judiciales contra integrantes de estas estructuras podría desarrollarse en territorios donde conviven comunidades campesinas e indígenas.
La Sierra teme quedar atrapada en la ofensiva
Ese es precisamente el punto más sensible del nuevo escenario. Las ACSN mantienen presencia en sectores de la Sierra Nevada donde también viven comunidades que históricamente han denunciado quedar expuestas durante confrontaciones y operaciones militares.
Dimas pidió que cualquier intervención respete el principio de distinción y tenga en cuenta la presencia de población civil y territorios indígenas. También cuestionó si las administraciones locales, departamentales y nacionales están preparadas para atender eventuales desplazamientos, confinamientos o nuevas disputas por las rentas criminales.
El temor tiene antecedentes. Operativos de la Fuerza Pública en territorios con presencia de estructuras armadas ya han provocado protestas y bloqueos de la Troncal del Caribe por parte de comunidades que aseguran sentirse expuestas durante estas intervenciones.
Magdalena entra así en una nueva etapa de su lucha contra la criminalidad. El Gobierno Nacional cerró la puerta que permanecía abierta para los diálogos, la Gobernación está poniendo recursos, blindados y tecnología sobre la mesa, y la Fuerza Pública tendrá mayores capacidades para entrar a territorios complejos.
Ahora está la expectativa e incertidumbre sobre la estrategia que se implantará para golpear a las organizaciones criminales sin convertir a campesinos e indígenas en víctimas de una guerra que se libra alrededor de sus casas.
Lerber Dimas dejó que claro que “el éxito de la ofensiva se medirá en capturas y debilitamiento de las estructuras, pero también en la capacidad del Estado para impedir que la caída de unos jefes simplemente abra espacio para que otros comiencen a matarse por ocupar su lugar”.
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