El Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia recluir en embarcaciones oficiales a cabecillas que, según las autoridades, continúan impartiendo órdenes desde prisión. Ya habría una lista inicial de 40 internos y se prepara un decreto para poner en marcha la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, REMAS.

Primero comenzaron a sacarlos de las cárceles, rapados y encadenados, para enviarlos a establecimientos de máxima seguridad. Ahora el Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere llevar el aislamiento mucho más lejos: poner a algunos de los criminales considerados más peligrosos del país en buques oficiales, alejados de tierra y con sus comunicaciones reducidas al mínimo.

La propuesta ya tiene nombre, una lista inicial de 40 internos bajo revisión y un decreto en preparación. Se trata de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, REMAS, un modelo con el que el Ejecutivo pretende atacar un viejo problema que persiste dentro del sistema penitenciario colombiano: cabecillas que están encerrados, pero que presuntamente siguen mandando en las calles.

Del patio de una cárcel a un buque

La iniciativa contempla utilizar embarcaciones oficiales como centros especiales y transitorios de reclusión para presos considerados de alta peligrosidad.

El propósito central sería sacarlos de los establecimientos tradicionales y ubicarlos en espacios donde resulte mucho más difícil mantener contacto clandestino con integrantes de sus organizaciones.

La distancia de las embarcaciones frente a los centros urbanos y las restricciones de seguridad que tendría este modelo son consideradas por el Gobierno como herramientas para reducir el ingreso y utilización ilegal de teléfonos y otros mecanismos de comunicación.

La apuesta es que estar privado de la libertad signifique también perder la capacidad de mando.

Ya habría 40 nombres sobre la mesa

El proyecto comienza a avanzar con posibles candidatos. Según la información conocida, el Ejecutivo ya tendría un listado inicial de 40 internos cuyos perfiles están siendo revisados para establecer si cumplen las condiciones para ser sometidos al nuevo modelo.

Entre ellos podrían aparecer cabecillas de organizaciones vinculadas con extorsiones y otras actividades criminales en distintas regiones del país.

Sin embargo, la lista todavía deberá ser depurada y el Gobierno tendrá que establecer los criterios jurídicos y de seguridad que determinarán quién puede ser enviado a una embarcación y durante cuánto tiempo permanecería allí.

Hasta ahora ninguno de esos 40 internos ha sido trasladado al mar. REMAS continúa siendo una estrategia en preparación.

Inpec custodiaría; Armada pondría la capacidad marítima

Convertir un buque en un espacio de reclusión requiere mucho más que instalar barrotes. Por esa razón, el Gobierno plantea una coordinación entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y la Armada de Colombia.

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El Inpec conservaría las competencias penitenciarias y de custodia de los internos, mientras que la Armada aportaría las capacidades operativas, logísticas y de seguridad relacionadas con las embarcaciones.

Uno de los análisis que deberán realizar las autoridades consiste precisamente en establecer cuáles buques podrían ser utilizados y qué modificaciones requerirían.

Los espacios tendrían que garantizar vigilancia permanente, alojamiento, alimentación, atención médica, condiciones sanitarias y protocolos para responder ante emergencias, además de cumplir las garantías legales de las personas privadas de la libertad.

El enemigo está afuera, pero las órdenes salen de adentro

El problema que Abelardo pretende atacar ocurre detrás de los muros de las cárceles.

Las autoridades han advertido durante años que algunos cabecillas logran conservar comunicaciones clandestinas con integrantes de sus estructuras y mantienen capacidad para influir en delitos que ocurren fuera de los establecimientos penitenciarios.

Extorsiones, amenazas, homicidios y disputas por el control territorial aparecen entre las actividades que el Gobierno busca impedir que sean coordinadas desde una celda.

REMAS llevaría ese aislamiento al extremo: separar físicamente al interno de los territorios donde tiene influencia y aumentar los obstáculos para cualquier comunicación clandestina con sus hombres.

Primero fueron rapados y trasladados; ahora el Gobierno mira al mar

La propuesta se conoce justo cuando la administración de Abelardo comenzó a mostrar los primeros resultados visibles de su endurecimiento penitenciario.

Este miércoles, 20 internos fueron sacados de diferentes lugares de reclusión de Barranquilla para ser trasladados a establecimientos de máxima seguridad en Bogotá.

Antes del viaje fueron rapados, uniformados y asegurados de manos y pies. Las imágenes provocaron comparaciones con los procedimientos realizados en El Salvador durante la ofensiva contra las pandillas.

El Gobierno explicó que detrás del operativo existe un propósito mayor que la imagen de autoridad: cortar los canales que permitirían a determinados presos conservar poder criminal desde prisión.

Las llamadas ‘cárceles flotantes’ serían el siguiente paso de esa ofensiva.

Falta el decreto que abra la puerta

Por ahora ningún preso ha sido llevado a una cárcel en medio del mar y todavía quedan importantes obstáculos jurídicos y técnicos por resolver.

El Gobierno trabaja en la preparación de un decreto que permita establecer el marco para implementar REMAS. Después tendrán que definirse los protocolos de seguridad, las embarcaciones disponibles, las condiciones de permanencia y las garantías que deberán cumplirse.

La estrategia también funcionaría como complemento mientras el Ejecutivo desarrolla sus planes para construir nuevas cárceles de alta seguridad.

Si el proyecto supera todos esos filtros, Colombia podría estrenar una forma de reclusión inédita en su actual política penitenciaria: cabecillas considerados especialmente peligrosos custodiados en embarcaciones oficiales, lejos de las ciudades y con restricciones extremas de comunicación.

Por ahora son 40 los nombres que estarían bajo revisión. El Gobierno tiene claro lo que busca con ellos: que estar preso vuelva a significar estar aislado y que una celda, en tierra o en el mar, deje de servir como oficina para seguir ordenando delitos en las calles.