Veinte internos señalados de alta peligrosidad fueron sacados de cárceles y centros de detención de Barranquilla, rapados, uniformados y asegurados de manos y pies antes de ser enviados a establecimientos de máxima seguridad en Bogotá. El Gobierno de Abelardo de la Espriella también prepara una estrategia para recluir temporalmente a determinados presos en embarcaciones oficiales y cortar sus comunicaciones con estructuras criminales.

Las imágenes podrían confundirse con uno de los operativos carcelarios que hicieron mundialmente conocida la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. Hombres rapados, uniformados, encadenados de manos y pies y custodiados por un fuerte dispositivo de seguridad. Pero esta vez ocurrió en Colombia y los protagonistas fueron 20 internos sacados de centros de reclusión de Barranquilla por orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El traslado, ejecutado este miércoles 26 de agosto, marca el comienzo de una ofensiva con la que el Ejecutivo pretende golpear a los cabecillas que, según las autoridades, siguen impartiendo órdenes desde prisión. La estrategia podría ir todavía más lejos: el Gobierno estudia utilizar buques y otras embarcaciones oficiales como centros transitorios de reclusión de alta seguridad para aislar a determinados presos y dejarlos sin capacidad de comunicación con sus estructuras.

Rapados, encadenados y rumbo a máxima seguridad

El primer golpe de la estrategia ya se ejecutó. Veinte internos recluidos en diferentes centros de detención de Barranquilla fueron seleccionados para ser trasladados hacia establecimientos de máxima seguridad en Bogotá.

Los reclusos permanecían en lugares como la Penitenciaría El Bosque, la Cárcel Distrital y estaciones de Policía. Antes de abandonar Barranquilla fueron sometidos a un estricto procedimiento de seguridad: los raparon, uniformaron y aseguraron de manos y pies para llevarlos hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Desde allí fueron embarcados en un avión de Satena con destino a Bogotá, en medio de un despliegue que buscaba reducir cualquier posibilidad de fuga o incidente durante el procedimiento.

Las imágenes fueron difundidas por el alcalde Alejandro Char y el INPEC y rápidamente generaron comparaciones con el modelo de mano dura implementado en El Salvador. Más allá de las similitudes visuales, el Gobierno colombiano sostiene que el propósito de la operación es concreto: impedir que internos considerados de alta peligrosidad continúen teniendo capacidad para ordenar delitos desde una celda.

El objetivo: que las cárceles dejen de ser centros de mando

La decisión se produjo después del Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella el domingo 23 de agosto en Barranquilla. Allí, las autoridades pusieron nuevamente sobre la mesa uno de los problemas que durante años ha golpeado al sistema penitenciario: delincuentes que conservan teléfonos, contactos y capacidad de mando pese a encontrarse privados de la libertad.

La preocupación está particularmente relacionada con extorsiones, homicidios y otras actividades que, según las investigaciones de las autoridades, pueden ser coordinadas desde establecimientos penitenciarios.

Por esa razón, los 20 internos enviados a Bogotá quedarán sometidos a mayores restricciones de comunicación y controles más rigurosos.

Entre los trasladados estaría alias ‘Alambrito’, señalado por las autoridades como presunto jefe de sicarios de ‘Bendito Menor’. Las responsabilidades individuales frente a los delitos atribuidos deberán ser determinadas dentro de los respectivos procesos judiciales.

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Abelardo prepara las llamadas ‘cárceles flotantes’

Pero sacar cabecillas de Barranquilla y enviarlos a máxima seguridad sería apenas una parte del plan.

El Gobierno estudia la puesta en marcha de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, REMAS, una propuesta que contempla utilizar embarcaciones o buques oficiales como lugares transitorios de reclusión para internos considerados especialmente peligrosos.

La apuesta es llevar el aislamiento a otro nivel. Determinados reclusos podrían permanecer en instalaciones marítimas bajo estrictos controles, alejados físicamente de los lugares donde operan sus organizaciones y con mayores dificultades para establecer comunicaciones clandestinas.

La estrategia involucraría al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y a la Armada de Colombia. El primero conservaría las competencias relacionadas con la custodia penitenciaria, mientras la Fuerza Naval aportaría capacidades operativas y logísticas.

Sin embargo, las llamadas ‘cárceles flotantes’ todavía son una propuesta. Antes de entrar en funcionamiento deberán superar los análisis jurídicos, administrativos, presupuestales y operativos correspondientes.

“Volvió la hora de temerle a la justicia”: Char

Uno de los primeros dirigentes en celebrar públicamente el traslado fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien difundió imágenes del operativo y respaldó la política del nuevo Gobierno.

“¡Volvió la autoridad, volvió el Estado y, sobre todo, volvió la hora de temerle a la justicia!”, expresó el mandatario distrital.

Char fue más allá y elogió directamente al presidente De la Espriella. “Por fin tenemos un presidente con el carácter y el compromiso para defender al país y enfrentar con contundencia a los terroristas”, afirmó.

El alcalde aseguró además que las autoridades deben actuar con firmeza contra quienes “amenazan, extorsionan, asesinan y pretenden sembrar miedo entre nuestra gente”.

La apuesta por cortar el poder criminal desde las cárceles

La ofensiva abre ahora un desafío mucho mayor que las impactantes imágenes de hombres rapados y encadenados: demostrar que los traslados realmente consiguen romper las cadenas de mando que algunas organizaciones mantienen desde las prisiones.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella apuesta por aumentar el aislamiento, restringir las comunicaciones y sacar de su zona de influencia a los internos señalados de conservar poder dentro de estructuras criminales.

Los primeros 20 ya fueron trasladados de Barranquilla a Bogotá. El siguiente paso podría ocurrir en el mar si REMAS supera los obstáculos legales y operativos necesarios para funcionar.

La imagen de este miércoles dejó clara, al menos, la señal que pretende enviar el nuevo Gobierno: estar detrás de las rejas ya no será suficiente si desde allí un cabecilla todavía conserva la capacidad de ordenar quién extorsiona, quién amenaza o quién muere en las calles.