Abelardo dijo “se van” y se fueron: 10 venezolanos fueron deportados de Colombia
Apenas unas horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara acelerar la salida de extranjeros involucrados en delitos o en situación migratoria irregular, comenzaron a conocerse operativos en Bogotá y Bucaramanga que terminaron con la expulsión administrativa de ciudadanos venezolanos.
La orden anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella comenzó a tener sus primeros efectos en las calles del país. En cuestión de horas, Migración Colombia y las autoridades realizaron operativos en Bogotá y Bucaramanga que terminaron con la salida del territorio nacional de diez ciudadanos venezolanos.
La medida se produjo después del anuncio hecho por el mandatario el lunes 24 de agosto, cuando pidió reforzar los controles migratorios y acelerar los procedimientos contra extranjeros que estén relacionados con hechos delictivos o permanezcan en Colombia sin cumplir los requisitos migratorios.
Seis venezolanos terminaron fuera de Bogotá
Uno de los procedimientos se desarrolló en la capital del país, donde seis ciudadanos venezolanos fueron trasladados tras ser señalados de un presunto hurto en una droguería del barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos.
Según la información conocida por las autoridades, los hombres estarían relacionados con un grupo que presuntamente venía afectando diferentes establecimientos comerciales.
El procedimiento terminó con la actuación de Migración Colombia y la aplicación de una medida administrativa de expulsión.
De acuerdo con los reportes, algunos de los señalados tendrían antecedentes o anotaciones relacionadas con hechos de hurto, situación que fue tenida en cuenta dentro del procedimiento migratorio.
En Bucaramanga otros cuatro fueron enviados hacia la frontera
El segundo operativo se produjo en Bucaramanga, donde otros cuatro ciudadanos venezolanos fueron conducidos hacia la zona fronteriza de Norte de Santander.
Las autoridades los relacionaron con diferentes hechos que actualmente son materia de investigación y, posteriormente, se adelantó el procedimiento administrativo correspondiente para sacarlos del territorio colombiano.
La actuación contó con la participación de Migración Colombia y autoridades venezolanas, dentro de los mecanismos establecidos para este tipo de procedimientos.
Así, mientras en Bogotá fueron seis los ciudadanos expulsados, en Bucaramanga fueron otros cuatro los que terminaron siendo trasladados hacia la frontera.
¿Esto fue una extradición? No
Un punto importante es que estos procedimientos no corresponden a una extradición.
Lo ocurrido se enmarca en procesos administrativos de expulsión o deportación, mecanismos mediante los cuales las autoridades migratorias pueden ordenar la salida de un extranjero cuando se cumplen las condiciones establecidas por la legislación colombiana.
La judicialización por un posible delito, cuando corresponde, es un proceso diferente y está en manos de las autoridades judiciales.
Es decir, la orden de Abelardo no significa que cualquier extranjero señalado automáticamente sea expulsado sin un procedimiento previo. Las autoridades deben adelantar las actuaciones correspondientes y determinar qué medida procede en cada caso.
La orden de Abelardo comenzó a sentirse
El presidente había sido directo al anunciar su nueva política migratoria desde Barranquilla.
“Todo inmigrante que esté matando, robando y cometiendo delitos, se va de Colombia”, afirmó el mandatario.
También señaló que su Gobierno no permitirá que extranjeros que ingresen al país terminen involucrados en actividades delincuenciales y ordenó a la Policía y a Migración Colombia trabajar de manera coordinada para identificar estos casos.
La instrucción comenzó a materializarse rápidamente con estos primeros procedimientos conocidos en Bogotá y Bucaramanga.
La medida abre un nuevo debate
Los primeros operativos vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad, la migración y el alcance de las medidas de expulsión.
El Gobierno sostiene que se trata de una estrategia para proteger la seguridad ciudadana y actuar contra extranjeros que incumplan las normas, mientras sectores críticos han advertido que estos procedimientos deben respetar el debido proceso y los derechos fundamentales.
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