Petro se va dejando blindado el 42 % del territorio: cierra la puerta a nuevas concesiones mineras y petroleras en la Amazonía
A pocas horas de entregar el poder, el Gobierno Petro declaró definitivamente como reserva de recursos naturales renovables 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana. La decisión bloquea nuevas concesiones de minería e hidrocarburos y deja un enorme candado ambiental al gobierno de Abelardo de la Espriella, que llega prometiendo reactivar la exploración petrolera.
Gustavo Petro dejó la Presidencia este 7 de agosto, pero antes de marcharse tomó una decisión que condicionará una parte de la política minera y petrolera que encontrará su sucesor. Su Gobierno blindó 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana y cerró allí la posibilidad de entregar nuevas concesiones para la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.
La determinación quedó establecida mediante la Resolución 0961 de 2026 del Ministerio de Ambiente, que declaró de manera definitiva el bioma amazónico como reserva de recursos naturales renovables y del ambiente. El territorio cobijado equivale aproximadamente al 42 % del área continental de Colombia.
La decisión llega en un momento políticamente sensible: fue expedida apenas días antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña presidencial prometió reactivar la exploración de hidrocarburos y abrió la puerta al fracking como parte de su estrategia energética.
Petro se va, pero deja así una de las decisiones ambientales de mayor alcance de su administración y un obstáculo jurídico que el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar si pretende extender su política extractiva hacia esta región.
48,3 millones de hectáreas quedan bajo reserva
La magnitud de la decisión se refleja en las cifras. La resolución comprende 483.283,55 kilómetros cuadrados, equivalentes a 48,3 millones de hectáreas, distribuidas en 61 municipios de diez departamentos.
La medida abarca la totalidad de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, además de territorios ubicados en Meta, Vichada, Cauca y Nariño.
La declaratoria no convierte toda esa extensión en un parque nacional ni modifica automáticamente las áreas protegidas existentes. Lo que hace es imponer una restricción para que el Estado entregue nuevos títulos mineros, contratos de hidrocarburos o autorizaciones ambientales destinadas a desarrollar esas actividades.
El Gobierno utilizó para ello una figura contemplada desde 1974 en el artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales. La diferencia está en la dimensión: nunca había sido aplicada sobre la totalidad del bioma amazónico colombiano.
El deterioro que llevó al Gobierno a poner el candado
El Ministerio de Ambiente sustentó la medida en los principios de prevención y precaución y en las cifras sobre la pérdida de bosque que continúa golpeando la Amazonía.
De acuerdo con el Documento Técnico de Soporte, entre 2016 y 2023 fueron destruidas cerca de 788.000 hectáreas de bosque amazónico, aproximadamente el 60 % de toda la deforestación registrada en Colombia durante ese periodo.
A esa cifra se suman otras 261.000 hectáreas deforestadas entre 2022 y 2024, un panorama que llevó al Gobierno a considerar necesaria una protección de mayor alcance frente al avance de nuevas actividades extractivas.
El diagnóstico también advierte sobre el denominado «efecto espina de pescado»: la construcción de vías facilita posteriormente la aparición de carreteras secundarias, ocupación de nuevos territorios, tala ilegal y expansión de cultivos ilícitos.
Solicitudes mineras y petroleras quedan frenadas
El impacto de la resolución también alcanza los proyectos que pretendían abrir nuevos frentes de explotación.
Antes de la declaratoria existían dentro del territorio amazónico 164 títulos mineros vigentes, 284 solicitudes en trámite y 183 Áreas Estratégicas Mineras.
En hidrocarburos se reportaban 39 contratos activos: 22 estaban en fase de exploración, 13 en producción y cuatro en evaluación.
La nueva reserva impide que se otorguen nuevos títulos y concesiones mineras, se firmen nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos convencionales o no convencionales y se concedan nuevas licencias, permisos o autorizaciones ambientales relacionadas con estas actividades.
El alcance sobre los derechos y contratos previamente existentes deberá sujetarse a las condiciones jurídicas establecidas en la resolución y demás normas aplicables.
El primer choque con la agenda de De la Espriella
La decisión deja servido uno de los primeros grandes debates ambientales para el Gobierno que comienza.
Abelardo de la Espriella ha defendido la necesidad de recuperar la exploración petrolera y fortalecer nuevamente la producción de hidrocarburos. Incluso planteó durante la campaña la posibilidad de implementar fracking bajo condiciones técnicas y ambientales.
Su ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, también ha señalado que esta técnica podría desarrollarse en determinadas zonas con estrictos controles, mientras el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha defendido su viabilidad siempre que existan garantías ambientales.
La nueva reserva amazónica impone ahora una enorme frontera a esas pretensiones. Cualquier intención de abrir nuevas explotaciones dentro de los 48,3 millones de hectáreas protegidas chocará con el acto administrativo que deja firmado el Gobierno saliente.
Petro se va y deja cerrado el cerrojo ambiental
La resolución aparece como una última demostración de la política ambiental que Gustavo Petro defendió durante sus cuatro años en la Presidencia: acelerar la transición energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y elevar la protección de ecosistemas estratégicos.
Pero también deja abierta una batalla política y jurídica. De la Espriella recibirá desde este 7 de agosto un país en el que una extensión equivalente al 42 % del territorio continental queda cerrada a nuevas concesiones mineras y petroleras bajo esta figura.
El nuevo mandatario tendrá que decidir si mantiene intacta la medida o busca mecanismos para modificarla, una discusión que probablemente enfrentará las necesidades energéticas y económicas que plantea su gobierno con los argumentos ambientales utilizados por la administración saliente.
Petro entrega el poder, pero antes de salir dejó puesto uno de los candados más grandes de su administración: 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía quedan fuera del alcance de nuevas concesiones extractivas. La Presidencia cambia de manos; la pelea sobre qué hacer con ese legado apenas comienza.
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