El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta ordenó revisar la estructura, las redes eléctricas y las condiciones sanitarias del edificio, deteriorado durante años y actualmente habitado por población vulnerable. La intervención busca establecer la magnitud del riesgo antes de que una falla termine provocando una emergencia.

Decenas de familias viven desde hace años en un edificio marcado por el deterioro, posibles fallas eléctricas y serios cuestionamientos sobre sus condiciones sanitarias. Ahora será la justicia la que deberá establecer qué tan peligroso resulta permanecer allí y qué medidas tendrán que adoptarse para evitar que las advertencias alrededor de Lagomar Marina Club terminen convertidas en una tragedia.

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta admitió una acción popular presentada por la Personería Distrital y ordenó una inspección integral del inmueble. La decisión pone bajo la lupa las condiciones estructurales, eléctricas y sanitarias de una edificación que permanece ocupada pese al deterioro acumulado durante más de 15 años.

El despacho judicial todavía no determina que exista un peligro inminente. Precisamente, las diligencias ordenadas buscan obtener un diagnóstico técnico que permita conocer la verdadera situación y establecer si la vida e integridad de sus habitantes se encuentran amenazadas.

Una inspección para medir el peligro

La orden judicial contempla una revisión interinstitucional que deberá examinar la estabilidad de la estructura, las instalaciones eléctricas, los sistemas de acueducto y alcantarillado, la eventual presencia de aguas residuales y las condiciones generales de salubridad.

Las autoridades también deberán verificar posibles conexiones eléctricas irregulares que podrían generar cortocircuitos o incendios, así como situaciones de hacinamiento y proliferación de vectores que agravarían las condiciones de quienes permanecen dentro del edificio.

El objetivo será recoger pruebas y establecer técnicamente si el deterioro representa un riesgo real. De encontrarse fallas graves, los resultados servirán para definir las medidas que deberán adoptar las entidades responsables.

Air-e deberá revisar las redes eléctricas

Uno de los puntos que genera especial preocupación es el sistema eléctrico. El juez ordenó a Air-e efectuar una evaluación prioritaria de las redes del inmueble y determinar si cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.

La revisión deberá identificar conexiones irregulares, instalaciones deterioradas o cualquier otra anomalía capaz de provocar una emergencia. Las acciones preventivas que resulten necesarias deberán adelantarse mientras continúa el trámite de la acción popular.

La preocupación adquiere mayor dimensión por la cantidad y las condiciones de las personas que habitan el lugar. Una eventual falla eléctrica, sanitaria o estructural podría afectar simultáneamente a numerosas familias.

Más de 15 años de deterioro

Según la Personería Distrital de Santa Marta, Lagomar Marina Club lleva más de 15 años en proceso de liquidación judicial. Durante ese periodo, la infraestructura habría sufrido un deterioro progresivo asociado a la falta de mantenimiento y al abandono.

Sin embargo, el edificio continúa ocupado. Allí encontraron refugio familias que, debido a sus dificultades económicas y sociales, permanecen en el inmueble pese a las condiciones denunciadas.

Entre sus habitantes se encuentran niños, adultos mayores, personas con discapacidad y población migrante. Esta realidad convierte cualquier decisión sobre el futuro de la edificación en un problema que trasciende lo estructural y obliga a considerar la situación social de quienes podrían resultar afectados.

Familias vulnerables en medio de la incertidumbre

La Personería también solicitó una caracterización de los ocupantes para conocer cuántas personas permanecen en el edificio y cuáles son sus condiciones. Con esa información se pretende coordinar planes de contingencia y garantizar que cualquier medida derivada del proceso judicial proteja sus derechos.

La prioridad será evitar decisiones improvisadas frente a una población que, en muchos casos, carece de una alternativa inmediata de vivienda. Al mismo tiempo, las autoridades deberán determinar hasta qué punto resulta seguro que estas familias continúen habitando el inmueble.

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El caso entró así en una etapa decisiva. Las inspecciones tendrán que revelar si detrás del deterioro visible existen problemas capaces de provocar una emergencia y qué tan urgentes deben ser las intervenciones.

Por ahora, la justicia puso la mirada sobre Lagomar Marina Club antes de que sea demasiado tarde. El diagnóstico técnico tendrá la última palabra sobre la gravedad de las fallas, pero la orden judicial deja una advertencia clara: cuando decenas de personas viven dentro de una edificación cuestionada por sus condiciones estructurales, eléctricas y sanitarias, esperar a que ocurra una tragedia no puede ser la respuesta.