La Fiscalía reconstruyó las horas previas al crimen ocurrido en Medellín y señaló a Sebastián Sánchez Herrera, de 23 años, como el presunto responsable de asesinar brutalmente a su pareja sentimental, Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años. El caso dejó al descubierto un presunto historial de violencia, denuncias ignoradas y un bebé de ocho meses que quedó en medio de la tragedia.

Sebastián Sánchez Herrera salió de la vivienda cargando a su hijo de ocho meses en brazos. Adentro, en una habitación convertida en escenario de horror, había quedado Juliana Giraldo Zuluaga. Tenía apenas 18 años. Su cuerpo permanecía sobre la cama, golpeado brutalmente y sin signos vitales. Según la investigación judicial, minutos antes había sido atacada salvajemente con un palo por el hombre con el que convivía y compartía la crianza de su hijo.

Ese estremecedor episodio es hoy una de las piezas centrales del expediente con el que la Fiscalía logró que un juez enviara a prisión al joven de 23 años, señalado de cometer uno de los feminicidios que más indignación ha provocado en Medellín durante las últimas semanas.

De acuerdo con los investigadores, todo ocurrió el pasado 13 de mayo dentro de la vivienda donde la pareja residía en el barrio La Libertad en la capital antioqueña. Lo que habría iniciado como una discusión terminó desatando una escena brutal de violencia. La Fiscalía sostiene que Sebastián Sánchez golpeó violentamente con un palo a Juliana hasta quitarle la vida, mientras el llanto de su bebé de ocho meses acompañaba los últimos minutos de la joven madre.

Cuando el personal médico ingresó a la vivienda encontró una escena devastadora. Juliana estaba tendida sobre la cama, con múltiples heridas visibles en el rostro, hematomas en distintas partes del cuerpo, edema y laceraciones que evidenciaban la brutalidad de la agresión. La violencia del ataque quedó reflejada en cada lesión documentada por las autoridades.

Una historia de violencia

Pero detrás de ese crimen había una historia que, según familiares y allegados, llevaba meses acumulando miedo, agresiones y silencios. Personas cercanas a Juliana aseguran que la joven vivía atrapada en una relación marcada por la violencia física y psicológica, en medio de constantes discusiones, amenazas y episodios de control que, presuntamente, ya habían sido denunciados en varias oportunidades. Incluso mencionaron que la joven había manifestado la intención de separarse, pero la muerte la alcanzó primero.

De acuerdo con los relatos entregados por sus allegados, las señales de alerta eran constantes. Afirman que Juliana sufría maltratos recurrentes y que su entorno más cercano conocía el difícil panorama que enfrentaba dentro de la vivienda donde convivía con Sebastián Sánchez. Incluso, sostienen que la joven tenía restricciones para salir, compartir con otras personas o mantener una vida tranquila lejos de las discusiones y el ambiente de tensión que rodeaba la relación.

“Nosotros denunciamos y nadie hizo nada”.

La familia también cuestionó con dureza el actuar de las autoridades, asegurando que ya se habían realizado denuncias y advertencias sobre la situación de violencia que atravesaba Juliana, pero —según ellos— ninguna entidad actuó de manera efectiva para protegerla. Hoy, tras su asesinato, el dolor de sus seres queridos se mezcla con una sensación de impotencia y rabia por lo que consideran una tragedia anunciada.

Los allegados de la joven también señalaron que personas cercanas al hoy judicializado conocían los constantes conflictos y las agresiones que se registraban en la relación, pero nadie intervino de manera contundente. Mientras tanto, Juliana seguía viviendo, según su familia, en medio de un círculo de violencia que terminó de la forma más cruel: asesinada dentro de su propia casa y dejando huérfano a su hijo de apenas ocho meses.

La indignación de la familia aumentó cuando se conoció que Sebastián Sánchez no fue capturado inmediatamente después de los hechos. Aunque se presentó ante las autoridades tras salir de la vivienda con el bebé, inicialmente no pudo ser detenido porque no existía flagrancia. Horas después, la Fiscalía emitió una orden judicial que permitió su captura formal y su posterior judicialización.

Durante las audiencias preliminares, una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI le imputó el delito de feminicidio agravado. Sin embargo, el joven no aceptó los cargos, pese al material probatorio y a los elementos recopilados por los investigadores alrededor de la muerte de Juliana.

Finalmente, un juez de control de garantías ordenó enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra. Para la familia de la víctima, la decisión representa apenas el comienzo de una lucha marcada por el dolor, la rabia y la sensación de que el crimen pudo haberse evitado.

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Juliana era oriunda de Pereira. Tenía sueños, un hijo de ocho meses y toda una vida por delante. Hoy su nombre se suma a la lista de mujeres asesinadas en contextos de violencia de pareja en Colombia, mientras sus familiares repiten la misma consigna: queremos justicia.