Pagaron bóvedas y hoy nadie sabe dónde quedaron los registros: el caos que dejó Fajid en el cementerio San Miguel
La Diócesis de Santa Marta retomó el control del cementerio y aseguró que desaparecieron archivos, soportes y documentos clave sobre pagos y propiedades funerarias. Decenas de familias ahora temen perder bóvedas y servicios que negociaron durante años con el ex sacerdote que estaba al frente del lugar.
El cementerio San Miguel volvió a manos de la Diócesis de Santa Marta, pero detrás de las rejas del camposanto apareció un problema mucho más grande que la disputa por su control: los documentos desaparecieron y ahora decenas de familias quedaron atrapadas en una incertidumbre que toca dinero, propiedades funerarias y hasta los derechos sobre las bóvedas donde descansan sus seres queridos.
La escena que encontraron funcionarios de la Diócesis y autoridades cuando retomaron oficialmente el lugar encendió todas las alarmas. Según el abogado Diego Duque, representante legal de la Iglesia, dentro del cementerio prácticamente no aparecieron archivos organizados, registros administrativos ni soportes que permitan establecer qué pagos se hicieron, quién compró bóvedas o qué acuerdos funerarios fueron concretados durante los últimos años.
En otras palabras, mucha gente pagó y hoy nadie sabe dónde quedaron esos registros.
“No encontramos archivos ni control documental”
La recuperación del cementerio ocurrió este martes luego de una larga confrontación entre la Diócesis y Hernando Fajid Álvarez Yacub, quien continuó administrando el camposanto pese a las sanciones eclesiásticas y a las órdenes de traslado emitidas por la Iglesia.
Sin embargo, el verdadero golpe apareció después del ingreso.
“Hoy cuando recuperamos las instalaciones del cementerio no encontramos archivos, no hay registros, no hay control ni evidencia documental de los últimos años ni de periodos anteriores”, aseguró el abogado Diego Duque.
La afirmación toma por sorpresa a las familias que durante años realizaron pagos por bóvedas, mantenimiento, trámites funerarios y otros servicios directamente con Fajid Álvarez Yacub.
Ahora muchas personas enfrentan el temor de tener que demostrar negocios y pagos sin contratos claros, sin recibos oficiales y sin documentos que respalden la propiedad de esos espacios dentro del cementerio.
La advertencia que muchos ignoraron
La Diócesis aseguró que esta situación era precisamente la que intentó evitar desde hace meses.
Según explicó la defensa jurídica de la Iglesia, la comunidad había sido advertida públicamente para abstenerse de realizar pagos o negocios relacionados con bóvedas mientras avanzaba el proceso judicial y administrativo para recuperar el control del cementerio San Miguel.
La razón era porque para la Iglesia, Hernando Fajid ya no tenía facultades válidas como sacerdote ni como administrador del camposanto.
A pesar de eso, muchas personas continuaron entregando dinero y cerrando acuerdos dentro del cementerio confiando en la administración que permanecía funcionando allí.
Hoy ese dinero y esos trámites quedaron en el aire.
Familias temen perder sus bóvedas
La preocupación crece especialmente entre quienes adquirieron bóvedas recientemente y ahora desconocen si esos espacios aparecen registrados formalmente o si podrían surgir conflictos posteriores por la titularidad.
El problema toca fibras profundamente sensibles porque detrás de cada trámite funerario hay familias que buscaban asegurar un lugar digno para sus muertos y que ahora sienten que quedaron atrapadas en medio de un vacío administrativo.
Mientras tanto, la diócesis adelanta inventarios y procesos internos para intentar reconstruir parte de la información perdida.
El cementerio permanecerá cerrado temporalmente mientras se reorganiza el funcionamiento del lugar y se establece el verdadero alcance de la desaparición documental.
La división alrededor de Fajid
El caso también dejó al descubierto la fuerte división que existe alrededor de Hernando Fajid Álvarez Yacub.
Algunos sectores todavía lo defienden y aseguran que durante su administración el cementerio tuvo mejoras visibles, recuperación de espacios y cercanía con la comunidad.
Otros consideran que detrás de esa imagen se consolidó un manejo sin controles claros y con presuntas irregularidades administrativas que hoy tienen a decenas de personas sumidas en la incertidumbre.
Las investigaciones ahora apuntan no solo al manejo económico del cementerio San Miguel, sino también a la desaparición de archivos relacionados con la Fundación Juan Pablo II y a la presunta explotación económica del camposanto por fuera del control institucional de la Diócesis de Santa Marta.
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