La Superintendencia de Transporte ordenó intervenir por un año el Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga tras encontrar presuntas irregularidades en la imposición de comparendos, manejo de recursos, procesos administrativos y control de la seguridad vial. La decisión deja al organismo bajo vigilancia directa del Gobierno Nacional.

Tras una investigación, la Superintendencia de Transporte ordenó intervenir por un año a Intraciénaga al concluir que existían fallas graves en su funcionamiento, presuntas irregularidades en la imposición de multas y serias debilidades en el manejo administrativo y financiero de la entidad.

La medida quedó consignada en la Resolución 7978 del 4 de junio de 2026 y representa uno de los golpes más fuertes que ha recibido el organismo de tránsito en su historia reciente.

Detrás de la intervención aparecen comparendos cuestionados, denuncias ciudadanas, recursos que habrían sido utilizados de manera ineficiente y un sistema de control que, según la SuperTransporte, dejó de cumplir adecuadamente su función.

Los comparendos que encendieron las alarmas

Uno de los hallazgos más delicados expuestos por la entidad nacional está relacionado con la imposición de comparendos mediante equipos de fotodetección que presuntamente operaban sin la autorización vigente exigida por la ley.

La resolución señala que el equipo denominado FLICKDRUM habría impuesto 1.152 órdenes de comparendo entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024 pese a que carecía de la habilitación correspondiente para desarrollar esa actividad.

La investigación también encontró inconsistencias en las fechas de operación de algunos sistemas y comparendos que carecían de información suficiente para identificar plenamente el equipo que los generó.

Estos hallazgos encendieron las alarmas sobre la legalidad de varios procedimientos adelantados por el organismo.

Denuncias de ciudadanos y cuestionamientos a los cobros

El expediente también recoge situaciones que durante años generaron inconformidad entre conductores y propietarios de vehículos.

Entre los hallazgos aparecen denuncias relacionadas con embargos ejecutados sin previo aviso, presuntos cobros duplicados y solicitudes de pagos a través de canales informales como aplicaciones de mensajería.

La SuperTransporte incluso hace referencia a posibles actos de corrupción asociados a algunos trámites que eran gestionados por el organismo.

Estas situaciones terminaron fortaleciendo las dudas sobre la transparencia de varios procedimientos administrativos adelantados por la entidad.

Recursos para seguridad vial que no habrían cumplido su objetivo

La situación financiera de Intraciénaga también quedó bajo observación.

Según la resolución, una parte importante de los recursos que debían destinarse a programas de seguridad vial no habría sido ejecutada de manera efectiva para cumplir ese propósito.

La entidad nacional advirtió además una cartera morosa altamente envejecida, bajos niveles de inversión en prevención de accidentes y un modelo contractual que concentraba gran parte de los ingresos en manos del concesionario, reduciendo la capacidad de control institucional.

Para la SuperTransporte, estas condiciones afectaron el cumplimiento de las funciones esenciales del organismo.

Una intervención para recuperar la entidad

Frente a este panorama, la Superintendencia decidió asumir el control operativo de Intraciénaga durante un año.

Como agente interventor fue designado el abogado Carlos Daniel González Cervera, quien tendrá la tarea de reorganizar la entidad, corregir las irregularidades detectadas y recuperar la confianza institucional.

Durante este periodo se evaluarán procesos administrativos, operativos, financieros y de seguridad vial con el objetivo de corregir las fallas encontradas.

Un golpe sin precedentes

La intervención marca un antes y un después para el tránsito de Ciénaga.

La decisión de la SuperTransporte deja en evidencia que los problemas detectados superaban simples errores administrativos y alcanzaban aspectos sensibles relacionados con la legalidad de los comparendos, el manejo de recursos públicos y la protección de los usuarios.

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Ahora el reto será demostrar si la intervención logra corregir las irregularidades señaladas o si, por el contrario, terminará revelando problemas aún más profundos dentro de una entidad que durante años estuvo encargada de regular la movilidad de miles de ciudadanos.