Margarita Guerra reaccionó de inmediato, pidió nombres, pruebas y prometió llegar hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, funcionarios de la Oficina de Pasaportes rechazaron los señalamientos y aseguraron que el trámite es completamente gratuito.

Una denuncia de presunta corrupción en la Oficina de Pasaportes del Magdalena terminó provocando una reacción inmediata de la gobernadora Margarita Guerra. La mandataria pidió conocer nombres, pruebas y responsables después de que una ciudadana denunciara el supuesto cobro de 90 mil pesos para agilizar citas que, según la normatividad, deben entregarse de manera gratuita.

La acusación fue hecha públicamente por la ciudadana Vanesa Bermúdez a través de la red social X, donde cuestionó directamente a la gobernadora y aseguró que existe una especie de intermediación irregular para acceder con mayor rapidez al trámite.

“¿Gobernadora, por qué tengo que pagarle $90.000 a un corrupto para que me den cita y renovar mi pasaporte en el departamento donde nací? Ponga orden con la mafia de las citas en esa oficina. Los voy a exponer”, escribió.

La publicación comenzó a generar reacciones entre usuarios de redes sociales y rápidamente llegó al despacho de la mandataria departamental.

La gobernadora pidió nombres y pruebas

Lejos de ignorar la denuncia, Margarita Guerra respondió de manera pública y lanzó un mensaje que dejó claro que el caso será objeto de verificación.

“Gracias por tu valentía. El silencio no puede ser aliado de los corruptos. Quiero que vengas a mi despacho y me cuentes, con nombres y detalles, quién fue el responsable de este hecho”, manifestó.

La gobernadora aseguró además que cualquier persona que esté aprovechando su posición para obtener beneficios económicos deberá responder ante las autoridades.

“En mi gobierno no habrá protección para ningún corrupto, sin importar el cargo que ocupe o las influencias que tenga. Quien se atreva a jugar con las necesidades de nuestra gente deberá asumir las consecuencias de sus actos”, afirmó.

La mandataria también garantizó que la denuncia será atendida y que se adelantará una revisión para determinar qué hay detrás de los señalamientos.

La denunciante asegura tener evidencias

Tras recibir la respuesta de la gobernadora, Vanesa Bermúdez confirmó que está dispuesta a entregar toda la información que dice poseer sobre el caso.

“No esperaba menos de una gobernadora que ha demostrado valentía para gobernar. Con todo gusto”, respondió.

Según la ciudadana, existen videos, audios y capturas de conversaciones que respaldarían la denuncia sobre el presunto cobro de dinero para facilitar la obtención de citas.

La afirmación elevó el interés sobre el caso, pues de comprobarse la existencia de estas prácticas podría abrirse una investigación disciplinaria o incluso penal.

Funcionarios rechazan cualquier irregularidad

La denuncia también tuvo respuesta desde la Oficina de Pasaportes.

Uno de sus funcionarios, identificado como Jymmylaco Henríquez, negó categóricamente las acusaciones y defendió el trabajo que se realiza dentro de la dependencia.

“Lo que mencionas es falso. La invitamos a que haga la respectiva denuncia y se percate quién verdaderamente le está cobrando por el trámite de cita que es totalmente gratuito. En la Oficina de Pasaportes trabajamos con honestidad, rectitud y transparencia”, expresó.

Sus declaraciones generaron una nueva respuesta de la denunciante, quien insistió en que sus señalamientos están respaldados por pruebas.

“Siempre que he denunciado públicamente algo es porque tengo las pruebas. A mí no me reten. Debería darles vergüenza, porque si algo tengo claro es que este proceder no tiene nada que ver con la señora gobernadora. Pero a los que saltan se les notan las escamas de pescao”, escribió.

La hipótesis de terceros cobrando por las citas

Posteriormente, el mismo funcionario aclaró que, de existir personas cobrando dinero para obtener citas, estas no harían parte de la Oficina de Pasaportes.

“No se le está retando. Incluso es bueno que denuncie porque es un trámite totalmente gratuito. Que existan personas externas a la oficina que cobren por esto no es culpa de la gobernadora, la Oficina de Pasaportes ni de ninguno de sus funcionarios y contratistas”, señaló.

La explicación abrió una nueva posibilidad dentro del caso: que los cobros denunciados estén siendo realizados por intermediarios externos que aprovechan la alta demanda del servicio y la necesidad de los usuarios para obtener ganancias.

Una denuncia que ahora deberá esclarecerse

Por ahora, las acusaciones permanecen en el terreno de la denuncia pública mientras las pruebas anunciadas por la ciudadana son puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

Lo cierto es que el caso ya escaló hasta el más alto nivel de la administración departamental y obligó a la gobernadora Margarita Guerra a fijar una postura contundente frente a cualquier presunto acto de corrupción.

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La atención ahora está puesta en las evidencias que serán entregadas y en los resultados de las verificaciones que permitan establecer si detrás de los señalamientos existe una red de intermediarios aprovechándose de los ciudadanos o si, por el contrario, se trata de personas ajenas a la institucionalidad que estarían utilizando el trámite de pasaportes para obtener dinero de manera irregular.