A pocos días de asumir la Presidencia, Abelardo De la Espriella solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso contractual de la planta desalinizadora de Santa Marta. El Gobierno entrante asegura que busca garantizar la transparencia de una obra clave para enfrentar la crisis de agua, mientras el Ejecutivo saliente defiende el proyecto y mantiene en marcha la licitación.

La planta desalinizadora de Santa Marta, considerada una de las apuestas más ambiciosas para enfrentar el histórico desabastecimiento de agua en la ciudad, quedó en el centro del debate político antes de su adjudicación.

El presidente electo Abelardo De la Espriella, por medio de su Equipo Dorado de Empalme Anticorrupción, pidió a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso contractual de esta obra valorada en $786.000 millones. La solicitud busca que el organismo de control revise cada etapa del proceso antes de que sea adjudicado.

El Gobierno entrante sostiene que existen inquietudes sobre la estructuración técnica, la planeación y el respaldo presupuestal del proyecto, aspectos que, a su juicio, deben ser revisados para garantizar que los recursos públicos sean invertidos con total transparencia.

Piden revisar desde la planeación hasta el presupuesto

La solicitud fue presentada por Germán Calderón España, coordinador del Equipo Dorado de Empalme Anticorrupción, quien pidió verificar que el contrato cumpla con los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos para una obra de esta magnitud.

Entre los puntos que solicitan examinar figuran la planeación del proyecto, la disponibilidad de los recursos, la libre participación de oferentes, la estructuración técnica y la trazabilidad de toda la documentación publicada durante el proceso.

Además, el equipo de empalme pidió revisar las modificaciones introducidas frente a la propuesta inicial, que contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras y que posteriormente fue ajustada durante la estructuración del proyecto.

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“Defenderemos cada peso destinado al acceso al agua”

En un comunicado, el equipo del presidente electo dejó claro que la petición busca fortalecer la transparencia y no impedir la ejecución de una obra que considera necesaria para Santa Marta.

“Defenderemos cada peso destinado al acceso al agua. Las grandes obras responderán a las necesidades de las comunidades y no a los afanes políticos de quienes están próximos a abandonar el poder”, señaló el Gobierno entrante.

Con ese mensaje, la administración que asumirá el próximo 7 de agosto marcó distancia frente al manejo del proceso y dejó abierta la posibilidad de ejercer un seguimiento permanente a los proyectos estratégicos heredados del actual Gobierno.

El Gobierno defiende la desalinizadora

Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la desalinizadora ha sido presentada como la solución estructural para enfrentar la crisis de abastecimiento que durante años ha afectado a miles de familias samarias.

La convocatoria pública para escoger a la empresa encargada del diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la infraestructura fue abierta en junio de 2026. El propósito es atraer compañías nacionales e internacionales con experiencia en tecnologías de desalinización para garantizar el suministro de agua potable y fortalecer la seguridad hídrica de la ciudad frente a los efectos del cambio climático.

La decisión ahora está en manos de la Procuraduría

Por ahora, la Procuraduría General de la Nación mantiene silencio sobre la solicitud presentada por el equipo de empalme de Abelardo De la Espriella.

Si el Ministerio Público decide asumir la vigilancia preventiva, podrá hacer seguimiento a cada fase del proceso contractual para verificar que se respeten los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Esa actuación, sin embargo, no implica la suspensión automática de la licitación, que continúa avanzando conforme al cronograma definido por el Gobierno Nacional.

La millonaria desalinizadora, llamada a convertirse en una de las obras más importantes para el futuro de Santa Marta, quedó así bajo una lupa política y de control, justo cuando el país se prepara para el cambio de gobierno.