La directora de la Autoridad Ambiental, Paola Gómez, denunció una captación subterránea presuntamente ilegal en el barrio Villa Betel, que abastecería a una comunidad. La entidad buscará su sellamiento o legalización y que cese el cobro cuestionado.

Dentro de una vivienda del barrio Villa Betel, en Santa Marta, un pozo habría terminado convertido en la fuente de un negocio particular: extraer agua del subsuelo y cobrarles a los vecinos por recibirla. La captación, según denunció la directora de la Autoridad Ambiental, Paola Gómez, estaría conectada a las redes de abastecimiento de una comunidad sin contar con los permisos correspondientes.

Hasta ese predio llegó la funcionaria tras la identificación del punto a través del observatorio de pozos de la entidad. Durante la visita mostró la infraestructura utilizada para almacenar y distribuir el líquido y denunció que detrás del suministro habría un aprovechamiento económico sin autorización ambiental.

“Seamos claros: nadie puede apropiarse del agua, explotarla sin autorización y convertirla en un negocio particular”, manifestó Gómez.

La denuncia pone bajo revisión tanto la captación del recurso como las condiciones en las que estaría llegando a los habitantes del sector. No se informó cuánto pagarían los vecinos, cuántas viviendas recibirían el suministro ni desde cuándo funcionaría el pozo.

Agua del subsuelo, cobros a la comunidad

De acuerdo con el relato de la directora, la infraestructura hallada permitiría llevar el agua extraída hasta las redes que abastecen a los residentes. La funcionaria sostuvo que esa operación carecería de la autorización requerida.

“En el lugar donde me encuentro hoy, pudimos ubicar un pozo que está conectado a las redes de toda una comunidad, pero de manera ilegal. A esta comunidad se le cobra por el suministro o el abastecimiento de agua, recurso que es de todos y que no debe ser administrado por un particular”, señaló.

Gómez cuestionó que una persona obtenga ingresos mediante esa captación y pidió a los ciudadanos informar sobre otros puntos donde pudiera estar ocurriendo una situación similar. Su llamado busca que la entidad pueda identificar los pozos y revisar las condiciones de su funcionamiento.

“Por eso hoy hago un llamado a toda la ciudadanía: denuncien los puntos donde se encuentran los pozos ilegales, puesto que no hay justificación para que un particular se esté lucrando de esto”, expresó.

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El siguiente paso será ante la Fiscalía

La ubicación del pozo dentro de una propiedad privada es uno de los elementos que deberá abordar la actuación anunciada. Gómez aseguró que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la intervención del lugar.

“Se va a proceder a poner en conocimiento de esto a la Fiscalía General de la Nación para que con ellos podamos llegar, sellar el pozo o que este sea legalizado y cese el cobro indiscriminado a esta comunidad”, explicó.

Un llamado a proteger el acuífero

Además de denunciar el caso, la directora invitó a quienes tengan pozos o proyecten perforarlos a solicitar orientación técnica ante la entidad. Según explicó, ese acompañamiento busca prevenir afectaciones al acuífero de Santa Marta y encauzar el aprovechamiento del agua mediante las autorizaciones correspondientes.

“Si ustedes tienen la intención de abrir un pozo, lleguen a la autoridad ambiental, que recibirán el apoyo técnico para que este no afecte al acuífero de Santa Marta”, indicó.

Mientras se concreta la actuación anunciada, queda por establecer cómo operaba la captación, quién estaba a cargo y bajo qué condiciones se cobraba el suministro a los vecinos.