“Nos quieren sacar de nuestros puestos”: trabajadores de Playa Blanca denuncian presiones y señalan al gerente de Taximarino
Carperos y vendedores atribuyen a Juan Carlos Ospino intervenciones que afectarían sus espacios de trabajo. Sus relatos coinciden en algunos asuntos con acusaciones de un panfleto atribuido a las ACSN, pero no prueban los supuestos acuerdos con el grupo armado. El empresario ha denunciado amenazas y extorsión.
“Lo que quiere es a nosotros desvincularnos de nuestros puestos aquí en la playa”. Omar Rico, carpero de Playa Blanca desde hace más de 25 años, resume así el temor que comparte con otros prestadores de servicios: perder los espacios donde han trabajado durante décadas y de los que, según aseguran, dependen sus familias.
Rico, el vendedor de bebidas José Luis Barrio y una trabajadora que se identificó como Yihana hicieron públicas sus inconformidades por intervenciones que atribuyen a Juan Carlos Ospino, gerente de Taximarino y Centro de Vida Marino. Los testimonios describen retiro de instalaciones para carpas, cerramiento de un lote y cuestionamientos a obras y permisos.
Las denuncias se conocen en medio de una controversia que incluye amenazas y una presunta extorsión denunciadas por Ospino, así como un panfleto atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’, con acusaciones contra el empresario.
Los trabajadores y el documento mencionan presiones para la salida de pequeños operadores de Playa Blanca. Esa coincidencia temática no demuestra que exista una actuación concertada con el grupo armado ni acredita los pagos y acuerdos que sus supuestos autores aseguran haber tenido con el empresario.
Omar Rico aseguró que las dificultades comenzaron hace aproximadamente dos años y las relacionó con actuaciones del propietario del acuario.
“Soy carpero desde hace más de 25 años aquí en el sector de Playa Blanca”, explicó. Según su relato, la problemática “comenzó con la removería de la tubería de las carpas”.
Para el trabajador, el retiro de esas instalaciones afecta directamente su actividad y constituye una presión para abandonar el lugar. Esa es su interpretación de los hechos, que requiere contrastación con las autorizaciones y las razones de las intervenciones.
“Lo que quiere es a nosotros desvincularnos de nuestros puestos aquí en la playa”, manifestó.
Rico insistió en el tiempo que los carperos llevan en el balneario y en la dependencia económica de sus hogares respecto de ese trabajo. Playa Blanca, afirmó, es el lugar “de la cual sobrevivimos muchas familias”.
También expresó inconformidad por dificultades con sus permisos. Su testimonio no precisa qué autoridad los tramita, qué solicitudes están pendientes ni cuál es la situación administrativa de cada prestador.
“Siempre ese lote lo limpiamos nosotros”
José Luis Barrio se identificó como vendedor de bebidas y aseguró que trabaja en Playa Blanca desde el año 2000. Su reclamo se concentra en un lote que, de acuerdo con su versión, utilizaban para ubicar las cavas de las que vendían cerveza.
“Hemos tenido una calamidad con el señor Juan Carlos”, afirmó al describir el conflicto por ese espacio.
El vendedor sostuvo que los comerciantes también se encargaban de limpiarlo y de retirar los residuos que llegaban cuando aumentaba el oleaje.
“Siempre ese lote lo limpiamos nosotros”, señaló.
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Según Barrio, el comienzo de un cerramiento alteró las condiciones en las que desarrollaban su actividad. En su relato expresó que los habían sacado “como pescado en tarraña” y cuestionó lo que considera un intento de controlar el espacio: “Se quiere aprovechar de todo”.
El testimonio del comerciante no permite determinar la propiedad del lote, sus límites, los derechos de uso ni si el cerramiento cuenta con autorización. Tampoco permite establecer si el terreno corresponde a una zona de playa o a un predio con otra condición jurídica.
Esos puntos resultan necesarios para esclarecer el conflicto y determinar si la intervención afecta derechos de los trabajadores.
“Una empresa que se quiere apoderar del sector”
Yihana, quien afirmó llevar 23 años trabajando en Playa Blanca, también cuestionó las intervenciones que se adelantan en el balneario.
“Últimamente hemos venido presenciando una serie de irregularidades con cierta empresa que se quiere apoderar del sector de Playa Blanca”, manifestó.
La trabajadora señaló a Ospino y sostuvo que existe una disputa por la permanencia de pequeños prestadores de servicios. También puso en duda las autorizaciones de algunos proyectos.
“Este señor dice que tiene permiso para hacer todos sus proyectos acá y no tiene ningún permiso”, aseguró.
En su declaración afirmó que habría permisos vencidos y cuestionó específicamente la construcción de un sendero. Sin embargo, en el material aportado para este reportaje no se incluyen expedientes, resoluciones o respuestas de las entidades competentes que permitan confirmar esas afirmaciones.
El estado de las autorizaciones del acuario y del sendero debe ser establecido mediante la revisión de los documentos correspondientes. El señalamiento de la trabajadora, por sí solo, no acredita que las obras carezcan de permiso.
“La playa es un bien de uso público y ninguna persona, por mucho dinero y recursos que tenga e influencia, puede apoderarse y privatizar la playa”, expresó Yihana al defender la permanencia de los trabajadores.
Su reclamo apunta a que las autoridades aclaren qué espacios pueden ser intervenidos, bajo cuáles condiciones y cómo se garantiza el acceso y el desarrollo de las actividades autorizadas.
El panfleto atribuido a las ACSN y las acusaciones contra el empresario
El documento atribuido a las ACSN también hace referencia a la salida de comerciantes y carperos de Playa Blanca. Sus autores acusan al empresario de haber solicitado apoyo del grupo armado para favorecer el control de actividades turísticas.
“Usted mismo propuso desplazar los comerciantes pequeños restaurante carperos de playa blanca”, afirma el texto.
En otro apartado, sus supuestos autores aseguran haber participado en presiones contra propietarios de restaurantes para obligarlos a vender.
Los relatos de los trabajadores coinciden con el panfleto en mencionar un temor por la permanencia de pequeños operadores y disputas por espacios de trabajo. Sin embargo, los tres testimonios aquí recogidos no describen pagos al grupo armado ni aportan conocimiento directo de los supuestos acuerdos que contiene el documento.
Tampoco permiten establecer que las intervenciones denunciadas hayan sido ejecutadas por integrantes de las ACSN o por instrucciones de esa organización. La autoría del panfleto y sus acusaciones requieren verificación independiente.
La denuncia del empresario y su respuesta
Ospino presentó una versión distinta ante la Asamblea del Magdalena: aseguró que un grupo armado ilegal exige 100 millones de pesos mensuales para permitir que sus empresas continúen operando y que la negativa a pagar ha desencadenado amenazas.
“En estos momentos la empresa Taximarino y Centro de Vida y la familia Ospino han sido declarados objetivos militar de los bandidos”, manifestó durante la sesión del jueves 29 de octubre.
EL TIEMPO buscó al empresario para ampliar su denuncia y conocer su respuesta a las acusaciones que comenzaron a circular. Su equipo informó que, por el momento, no concedería nuevas entrevistas.
“Juan Carlos ya se pronunció públicamente ante la Asamblea Departamental del Magdalena y, por el momento, no dará nuevas entrevistas ni declaraciones sobre esta situación”, respondió.
Añadió que se trata de “un tema delicado que requiere un manejo responsable, especialmente por la seguridad de las personas”.
Esa respuesta no abordó específicamente el retiro de las instalaciones para carpas, el cerramiento del lote ni los cuestionamientos sobre los permisos.
Los documentos y las respuestas pendientes
La investigación anunciada por la Alcaldía deberá esclarecer las amenazas y la presunta extorsión denunciadas por Ospino, así como el origen y las acusaciones del documento atribuido a las ACSN.
Los reclamos de los trabajadores requieren, además, una revisión de las entidades competentes sobre la situación del lote, las autorizaciones de las obras y las condiciones en las que operan los prestadores de servicios.
Para Rico, Barrio y Yihana, la preocupación inmediata es conservar su fuente de ingresos. “Lo que quiere es a nosotros desvincularnos de nuestros puestos”, insistió el carpero. Determinar si existen actuaciones irregulares para sacarlos de Playa Blanca exige contrastar sus denuncias con documentos, inspecciones y respuestas de quienes han sido señalados.
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