Jorge Felipe Lastra Iglesias rechazó vínculos con actuaciones ilegales y aseguró que las compraventas cuestionadas pueden verificarse en documentos públicos. Su nombre aparece en un texto que acusa al empresario Juan Carlos Ospino de recurrir al grupo armado para presionar la venta de negocios en Playa Blanca.

El abogado Jorge Felipe Lastra Iglesias rechazó los señalamientos contenidos en un panfleto atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), en el que es mencionado junto al empresario Juan Carlos Ospino por supuestos acuerdos para presionar a propietarios de restaurantes de Playa Blanca a vender sus negocios.

“Rechazo los señalamientos que pretenden vincular mi ejercicio profesional con actuaciones al margen de la ley. Mi respuesta se sustenta en los documentos y en mi confianza en las instituciones”, manifestó mediante un comunicado a la opinión pública.

Lastra aseguró que las operaciones de compraventa en las que participó se realizaron legalmente con las familias propietarias de los terrenos y sostuvo que existen documentos públicos que permiten contrastar su versión.

Su pronunciamiento se suma a las versiones conocidas alrededor de Taximarino y de las disputas por espacios y actividades comerciales en Playa Blanca. El gerente de esa compañía, Juan Carlos Ospino, denunció amenazas y una exigencia extorsiva de 100 millones de pesos mensuales. Por su parte, trabajadores del balneario han relatado intervenciones que, según consideran, ponen en riesgo su permanencia en el sector.

La Alcaldía de Santa Marta señaló que la Policía y la Fiscalía investigan las versiones. Las acusaciones del panfleto no constituyen hechos probados.

Las compraventas que defiende el abogado

En su comunicado, Lastra se refirió directamente a los cuestionamientos sobre su participación profesional en negociaciones de terrenos.

“Los negocios a los que se hace referencia fueron realizados legalmente con las familias propietarias de los terrenos: la familia Riascos, la familia Maya-Dávila y la familia Noguera”, aseguró.

El abogado planteó que la revisión de las operaciones debe hacerse a partir de sus soportes documentales.

“Estas operaciones pueden contrastarse con los documentos públicos correspondientes”, sostuvo.

El texto suministrado no detalla las fechas, los valores, la identificación de los predios ni las escrituras de las transacciones mencionadas. Por ello, su afirmación sobre la legalidad de las operaciones corresponde a su versión y deberá contrastarse con los documentos respectivos y con los testimonios de quienes participaron.

La existencia de compraventas formalizadas y las acusaciones sobre eventuales presiones a los vendedores son asuntos que requieren verificaciones específicas: los documentos permiten examinar cómo se tramitaron las operaciones, mientras que las circunstancias en las que se acordaron deben esclarecerse con las demás pruebas disponibles.

La referencia a otro abogado

Como parte de su explicación, Lastra afirmó que en las negociaciones también participó un profesional que representó a alguna de las familias vendedoras.

“Asimismo, en dichas negociaciones intervino como abogado de alguna de las familias el respetado doctor Joaquín José Méndez Llach”, señaló.

En el comunicado lo presentó como superintendente de Notariado y Registro. Esa identificación y su participación en las operaciones corresponden a lo afirmado por Lastra.

El pronunciamiento no precisa a cuál familia habría representado Méndez Llach ni en cuáles transacciones intervino. Su mención tampoco implica, por sí misma, que hubiera conocido o participado en los supuestos hechos ilegales descritos en el panfleto.

Qué dice el documento que lo señala

El texto atribuido a las ACSN menciona al abogado por su apellido y acusa al empresario de haber recurrido a la organización armada para presionar a propietarios de restaurantes de Playa Blanca.

“Usted y su abogado, Dr LASTRA le aportaron a las ACSN 100 millones de pesos”, afirma el documento, que presenta ese supuesto aporte como parte de una actuación dirigida a desplazar comerciantes.

Sus autores también sostienen: “Nosotros participamos en la presión compra de esos restaurantes, para que muchos propietarios se sintieran obligados a vender”.

Son acusaciones de un documento atribuido a una organización armada ilegal. En el material disponible para este reportaje no se aportan pruebas independientes que permitan dar por acreditados esos pagos, los supuestos acuerdos ni la participación del abogado en presiones contra vendedores.

Lastra rechaza cualquier vínculo de su ejercicio profesional con actuaciones ilegales y remite a los documentos públicos de las compraventas como sustento de su respuesta.

“Momentos llenos de amenazas”

El abogado también hizo referencia a riesgos contra su integridad, aunque no describió hechos concretos ni identificó a sus presuntos responsables.

“Agradezco profundamente a quienes me han expresado su solidaridad en estos momentos llenos de amenazas y atentados contra la integridad”, expresó.

El comunicado no precisa cuándo se habrían presentado esas situaciones, en qué consistieron ni si fueron denunciadas ante las autoridades.

Lastra comenzó su declaración reivindicando la formación recibida de su padre, Jorge Lastra Carbono, y aseguró que esos principios han orientado su trayectoria.

“Su ejemplo de rectitud y respeto por los demás sigue guiando mi conducta como persona y como abogado”, escribió.

También manifestó: “Siempre he creído en las instituciones, y en el derecho”, al recordar que sus dos padres eran profesionales de esa disciplina.

Su cuestionamiento al gobierno Petro

El pronunciamiento incluyó una crítica política a la administración de Gustavo Petro, a la que Lastra atribuyó una mayor exposición frente a las organizaciones ilegales.

“Considero que durante el desgobierno de Gustavo Petro nos dejaron expuestos a los antojos y presiones de las bandas al margen de la ley”, afirmó.

Se trata de una valoración del abogado, quien no desarrolló en el comunicado hechos específicos que sustentaran esa atribución. También expresó su confianza en que las instituciones esclarezcan lo ocurrido y permitan establecer responsabilidades.

Las otras versiones del caso

La respuesta de Lastra se conoce después de que Ospino denunciara ante la Asamblea del Magdalena amenazas contra su familia y los directivos de Taximarino y Centro de Vida Marino.

Según el empresario, un grupo armado ilegal exige 100 millones de pesos mensuales para permitirles continuar operando. Su versión presenta el cobro como una extorsión, mientras que el panfleto atribuye los supuestos pagos a acuerdos para favorecer el control de actividades turísticas.

En paralelo, prestadores de servicios de Playa Blanca han denunciado retiro de instalaciones para carpas, cerramientos y obras que, según sus relatos, afectarían sus lugares de trabajo. Esos testimonios no acreditan por sí mismos los supuestos acuerdos con el grupo armado.

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La investigación deberá establecer qué ocurrió en las negociaciones cuestionadas, si existieron presiones contra propietarios y quiénes están detrás de las amenazas denunciadas. Frente a las acusaciones que lo involucran, Lastra mantiene su posición: las operaciones fueron legales y su actuación profesional puede contrastarse con documentos públicos.