Un reportaje reveló que una operación minera ilegal controlada por el ‘Clan del Golfo’ se expandió hasta terrenos del Batallón Rifles 31 en Cáceres, Antioquia, mientras el oro extraído ingresaba a redes de comercialización internacional.

Una mina ilegal avanzó hasta tocar —y en partes ocupar— un batallón del Ejército. Operó durante meses a pocos metros de los soldados y nadie la detuvo. El oro salió de ahí rumbo a mercados internacionales.

El hallazgo dejó expuesta una escena difícil de explicar: maquinaria, trabajadores y explotación ilegal funcionando a unos 130 metros del Batallón Rifles 31, en Cáceres, Antioquia.

La operación estaba bajo control del ‘Clan del Golfo’, una de las estructuras criminales más fuertes del país. Desde allí se extraía oro de forma constante, en una zona que debía estar bajo vigilancia permanente.

El crecimiento fue progresivo. La mina se expandió desde su punto inicial hasta acercarse a la base militar, cruzando límites sin que hubiera una reacción inmediata.

El reportaje que destapó todo

La operación salió a la luz por el trabajo del reportero gráfico Federico Ríos Escobar del New York Times, quien durante sobrevuelos en la zona detectó una extensión minera irregular.

Luego, en terreno, confirmó con testimonios de trabajadores que la explotación estaba controlada por el ‘Clan del Golfo’ y que ya no se limitaba a su área inicial.

La mina había avanzado hacia predios del batallón. La verificación posterior dejó en evidencia que la actividad ilegal estaba prácticamente pegada a la instalación militar.

Negación, evidencia y reacción tardía

En un primer momento, el mando del batallón negó que la mina estuviera dentro de sus terrenos.

La evidencia en campo obligó a actuar. Tras la verificación, unidades militares ingresaron al área, ordenaron la salida de los mineros y destruyeron la maquinaria utilizada para la extracción.

La intervención llegó después de que la operación ya estaba consolidada.

El caso va más allá de la cercanía con el Ejército. El oro extraído en esa mina no se quedaba en la zona.

Según la investigación, el mineral ingresaba a cadenas de comercialización internacional hasta llegar a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, entidad que certifica comprar oro de origen legal.

El informe advierte que ese circuito podría estar funcionando como un mecanismo de lavado de oro extranjero, gran parte proveniente de explotación ilegal.

El terreno y las preguntas abiertasLa mina operaba en un predio que antes fue una finca ganadera y que incluso estuvo vinculado a procesos de reparación de víctimas.

El contexto agrava el caso. La explotación ilegal no solo avanzó en una zona estratégica, también lo hizo en un territorio con antecedentes sensibles.

La respuesta del Gobierno

Tras la publicación, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, fijó postura.Anunció una política de “cero tolerancia” frente a la minería ilegal y aseguró que este año se han intervenido cerca de 2.500 minas ilegales y destruido unas 1.000 máquinas.

También lanzó una advertencia: cualquier vínculo, omisión o conducta irregular dentro de la Fuerza Pública será investigada y sancionada.

El episodio deja una imagen contundente: una mina ilegal creciendo al lado del Ejército, operando bajo control de un grupo armado y conectada con mercados internacionales.

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El caso sigue en verificación oficial. Las implicaciones apenas comienzan a medirse.