Cinco integrantes de una misma familia fueron enviados a prisión tras ser señalados de integrar una red que ofrecía falsas vacantes laborales para captar mujeres colombianas y venezolanas. Las víctimas llegaban creyendo que trabajarían en un centro de estética, pero eran sometidas a explotación sexual y castigadas con multas si se negaban a atender clientes.

Llegaban con la esperanza de conseguir un empleo digno. Creían que habían encontrado una oportunidad para trabajar en un spa de Bogotá y mejorar su situación económica. Sin embargo, al cruzar la puerta del supuesto centro de estética descubrían que habían caído en una trampa de la que era difícil escapar. En lugar de uniformes y tratamientos de belleza, las esperaban amenazas, presiones y la obligación de prestar servicios sexuales a desconocidos.

Ese era, según las autoridades, el negocio que durante meses manejó una misma familia en la capital del país. La organización terminó desmantelada tras una investigación que permitió rescatar a varias mujeres y enviar a prisión a los presuntos responsables.

El empleo soñado escondía una red de explotación

La investigación reveló que la organización utilizaba internet para publicar ofertas de trabajo relacionadas con servicios de estética, relajación y atención en un spa.

Las mujeres acudían confiadas a las entrevistas laborales creyendo que serían contratadas para desempeñar funciones dentro del establecimiento. Pero una vez llegaban a los inmuebles, la realidad cambiaba por completo.

Según la Policía, eran engañadas y sometidas a presiones para obligarlas a atender sexualmente a los hombres que ingresaban a los locales, que funcionaban en los barrios La Riviera, en Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar.

Hasta enfermas debían atender clientes

Las condiciones impuestas dentro de los establecimientos eran estrictas.

De acuerdo con la investigación, cualquier mujer que se negara a prestar los servicios sexuales, incluso si estaba enferma o presentaba alguna complicación de salud, debía pagar una sanción económica que oscilaba entre los 100.000 y los 150.000 pesos.

Con ese sistema de castigos, la organización mantenía sometidas a las víctimas mientras obtenía ganancias mediante la explotación sexual.

Diez meses de investigación acabaron con la red

La SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá siguió durante diez meses los movimientos del grupo criminal, identificado como ‘Artemisa’.

Con las pruebas recopiladas, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en las dos sedes donde funcionaba el supuesto spa.

Durante el operativo fueron ubicadas siete mujeres, de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes recibieron atención y quedaron bajo la protección de las entidades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Toda una familia hacía parte del negocio ilegal

En los procedimientos fueron capturadas cinco personas, todas integrantes del mismo núcleo familiar y con funciones específicas dentro de la estructura.

Las autoridades señalaron a alias ‘Sara’ como la presunta líder de la organización y encargada de reclutar a las víctimas. Alias ‘Stiven’ administraba los establecimientos; alias ‘Natalia’ apoyaba la captación de mujeres mediante anuncios en internet; alias ‘Ángel’ difundía la publicidad de las falsas ofertas laborales; mientras que alias ‘Yudy’ era la responsable de cobrar las multas impuestas a quienes se resistían a cumplir las órdenes.

La distribución de funciones permitió, según los investigadores, mantener en funcionamiento la red durante varios meses sin levantar mayores sospechas.

Lea aquí: ¡Indignante crimen en Aracataca! Como la Fiscalía no llegaba, la familia se llevó cadáver en moto y lo sentó en una silla de su casa para esperarla

Todos fueron enviados a prisión

Con los elementos probatorios recopilados durante la investigación, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cinco capturados.

Los procesados deberán responder por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer si existen más víctimas y determinar el verdadero alcance de la organización.