La seguridad bajo De la Espriella: bajaron los homicidios totales, pero aumentaron 315 % las muertes por ataques de grupos armados
El balance de los primeros 90 días registra aumentos en reclutamiento, confinamiento y secuestro frente al inicio del gobierno de Gustavo Petro. Aunque los homicidios totales disminuyeron, crecieron las muertes atribuidas a grupos armados.
Para un niño reclutado, la violencia significa quedar separado de su familia. Para una comunidad confinada, significa permanecer en su territorio sin poder movilizarse con libertad. Ambas situaciones aparecen entre los indicadores que más aumentaron durante los primeros tres meses del gobierno de Abelardo de la Espriella.
El presidente asumió el pasado 7 de agosto con una apuesta de mayor presión militar contra las organizaciones ilegales. Sin embargo, las cifras suministradas para este balance muestran un comienzo marcado por el crecimiento de varias afectaciones a las comunidades y a la fuerza pública.
La comparación corresponde al inicio de dos administraciones distintas: los primeros 90 días de De la Espriella en 2026 frente al mismo periodo de Gustavo Petro en 2022. Se trata de una referencia entre esos dos momentos, que por sí sola no permite determinar las causas de cada variación.
Menores y comunidades bajo presión
El reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes pasó de 52 a 131 casos, un incremento cercano al 152 %. En la información presentada se señala al ELN y a las disidencias de las FARC entre los responsables de esta práctica.
También aumentó el número de personas confinadas: de 8.436 a 21.482, una variación del 155 %. Son habitantes de territorios donde la presencia y las acciones de actores armados restringen la movilidad y alteran la vida cotidiana.
Los hechos clasificados como terrorismo, entretanto, registraron un incremento del 304 %.
Uniformados muertos y una precisión sobre el corte
Las afectaciones a militares y policías requieren distinguir dos fechas. El balance inicial, con corte al 5 de noviembre, registraba 35 uniformados asesinados y 197 heridos. Al incorporar el ataque del 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el consolidado ascendió a 38 muertos y 213 heridos. Por ello, estas últimas cifras incluyen un hecho posterior al periodo inicial de 90 días.
En ese ataque, drones cargados con explosivos dejaron tres soldados muertos y otros 16 heridos.
El consolidado ampliado reúne 21 integrantes del Ejército fallecidos, 16 de la Policía y uno de la Armada. La información suministrada atribuye al ELN 12 muertes y 76 heridos, mientras que a las disidencias de las FARC les asigna diez muertes y 52 lesionados.
Menos homicidios totales, más víctimas de grupos armados
El balance presenta dos tendencias que deben leerse por separado. Los homicidios totales disminuyeron un 4,6 %, al pasar de 3.303 a 3.151 casos.
En cambio, los homicidios de personas atacadas por grupos armados organizados pasaron de 124 a 515, un incremento del 315,3 %. La reducción nacional, por tanto, coexistió con un aumento en esta categoría específica.
El secuestro también creció: pasó de 54 a 84 casos, cerca de un 56 % más. Los registros de extorsión aumentaron de 2.437 a 2.571, alrededor del 5 %.
El desafío de proteger a la población
La revisión del balance divulgado también muestra reducciones en desplazamiento, amenazas y masacres, además de aumentos en algunos resultados operacionales contra organizaciones ilegales. Estos comportamientos impiden describir todos los indicadores de seguridad como una sola tendencia.
Aun así, el crecimiento del reclutamiento y del confinamiento plantea un reto urgente para el Gobierno: conseguir que la ofensiva anunciada se traduzca en protección efectiva para quienes viven bajo presión armada.
El primer tramo del mandato deja esa tarea pendiente. Detrás de los registros están los menores que deben permanecer con sus familias, las comunidades que necesitan transitar sin miedo y los uniformados expuestos a ataques mientras cumplen sus funciones.
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