
Dos familias enfrentadas y una bebé muerta: Omar Castellar salió de prisión por vencimiento de términos y el caso sigue sin resolverse
Mientras los familiares del procesado defienden su inocencia y celebran su salida de prisión, la familia de Luciana Piña Cardona expresa temor y reclama justicia. La excarcelación no resuelve su responsabilidad en la muerte de la niña.
La libertad de Omar José Castellar de Oro volvió a enfrentar dos versiones que han acompañado el caso de Luciana Piña Cardona, la bebé que murió tras un ataque con arma cortopunzante el 22 de noviembre de 2025, en el corregimiento de Apure, jurisdicción de Plato, Magdalena.
Después de permanecer cerca de once meses privado de la libertad, el hombre recuperó su libertad por vencimiento de términos. La decisión modifica su situación de reclusión, pero no constituye una absolución ni pone fin al proceso judicial.
Para sus familiares, su salida representa un alivio después de meses en los que han insistido en que fue señalado equivocadamente. Para la familia de la víctima, en cambio, genera preocupación y temor por posibles represalias. Entre ambas posiciones permanece una pregunta que corresponde resolver a la justicia: quién fue responsable de la muerte de Luciana.
Una familia que insiste en su inocencia
Los allegados de Castellar sostienen que no participó en los hechos y cuestionan los elementos que sustentan el señalamiento en su contra. Según su versión, existen contradicciones en los testimonios y no se han presentado pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad.
Esa es la interpretación de la familia sobre el proceso. Sin acceso al expediente y a las decisiones judiciales, no es posible establecer cuál es el alcance de esas contradicciones ni la valoración que las autoridades han hecho de las pruebas.
Su defensa pública también ha llegado a las calles mediante manifestaciones en las que sus familiares han reclamado que se escuche su versión y se reconozca su inocencia.
José Castellar, hermano del procesado, ha pedido que la investigación examine todas las hipótesis y respete la presunción de inocencia. En declaraciones recogidas
sostuvo que la familia busca transparencia y que se escuche a todas las partes con objetividad.
Desde ese entorno también se ha solicitado investigar las circunstancias relacionadas con la madre de la niña. Sin embargo, esa petición no permite atribuirle responsabilidad.
El temor de la familia de Luciana
En la otra orilla están los familiares de la bebé, quienes mantienen sus señalamientos contra Castellar y consideran que su salida de prisión aumenta su sensación de vulnerabilidad.
La versión que sostienen es que el hombre pretendía sentimentalmente a la madre de Luciana y habría ingresado al cuarto donde estaba la niña para atacarla. Ese relato debe ser examinado dentro del proceso y no constituye, por sí mismo, una responsabilidad judicialmente establecida.
La abuela de la víctima ya había expresado públicamente su preocupación ante la posibilidad de una excarcelación y solicitado protección para sus allegados. Sus declaraciones reflejan el temor de la familia, aunque no permiten afirmar que se hayan presentado nuevas amenazas después de la salida del procesado.
Para esta familia, el reclamo sigue siendo que se esclarezca la muerte de Luciana y que haya una decisión judicial sobre lo ocurrido.
Lo que está pendiente de resolver
Castellar fue judicializado por los delitos de homicidio agravado e intimidación o amenaza con armas. No aceptó los cargos y un juez dispuso inicialmente su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario.
Las versiones públicas presentan, además, diferencias sobre las circunstancias del ataque. Mientras unas publicaciones señalan que la niña estaba en brazos de su madre, otras la ubican en una habitación. Esas discrepancias requieren aclaración mediante testimonios, pruebas y actuaciones judiciales.
Por ahora, Omar José Castellar de Oro afrontará en libertad un proceso que continúa abierto. Su familia insiste en que fue acusado equivocadamente; la de Luciana mantiene sus señalamientos y pide garantías de seguridad. La justicia tiene pendiente resolver el caso con una decisión de fondo que establezca responsabilidades a partir de las pruebas.
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