Gobierno de Abelardo de la Espriella no dará declaraciones a medios críticos y solo atenderá a la prensa amiga


Una directriz de la Casa de Nariño, revelada por Caracol Radio y recogida por Infobae, restringiría las entrevistas de ministros con medios considerados no afines y obligaría a solicitar autorización previa de Presidencia. En actos públicos, los funcionarios podrían entregar declaraciones, pero sin responder preguntas. La medida abre una fuerte polémica por el acceso de la prensa al Gobierno.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría levantando una barrera entre sus ministros y los medios que considera poco cercanos. Una nueva directriz de la Casa de Nariño limitaría las entrevistas, restringiría las preguntas de periodistas durante eventos públicos y concentraría buena parte de la vocería oficial directamente en Presidencia.

La información, revelada inicialmente por Caracol Radio y posteriormente recogida por Infobae, plantea un cambio profundo en la manera como los altos funcionarios deberán relacionarse con los medios de comunicación.

El punto que más controversia genera es la diferenciación que existiría entre medios afines y aquellos que no son considerados cercanos al Gobierno. Según lo conocido, los ministros necesitarían autorización previa de Presidencia para conceder entrevistas o participar en ruedas de prensa con determinados medios.

La directriz abre así una discusión que va más allá de una simple estrategia de comunicaciones: hasta dónde puede un Gobierno controlar quién pregunta, quién responde y ante cuáles periodistas hablan sus funcionarios.

Declaraciones sí, preguntas no

El esquema también alcanzaría las apariciones públicas de los ministros. Durante recorridos, inspecciones y eventos oficiales podrían entregar declaraciones sobre los temas correspondientes a sus carteras, pero tendrían restringida la posibilidad de responder preguntas de los periodistas presentes.

Los viceministros tampoco quedarían habilitados para asumir libremente la vocería de sus entidades. Bajo el nuevo modelo, los anuncios de mayor relevancia serían reservados para el presidente De la Espriella, mientras la información de los ministerios tendría que ajustarse a los canales establecidos desde la Casa de Nariño.

La intención del Ejecutivo sería reducir contradicciones entre funcionarios y mantener un discurso unificado. Sin embargo, las restricciones conocidas generan cuestionamientos porque podrían reducir la posibilidad de que los periodistas confronten directamente a ministros sobre decisiones, problemas y actuaciones de sus respectivas carteras.

La información se concentra en Casa de Nariño

La reorganización tendría además una figura encargada de mantener una presencia permanente ante los medios. El abogado Miller Soto asumiría un papel relevante como vocero y podría realizar hasta tres intervenciones diarias para comunicar posiciones del Ejecutivo.

De esta manera, Presidencia tendría un mayor control sobre el mensaje que sale desde cada dependencia y sobre los funcionarios encargados de transmitirlo.

La estrategia incluye incluso la construcción de una línea narrativa común. Entre las expresiones que comenzarían a marcar las comunicaciones oficiales aparecen conceptos como “entregar esperanza”, “se fueron los tiempos malos” y la denominada “patria milagro”.

Los ministerios también tendrían que revisar sus planes de medios y la pauta publicitaria antes de continuar con estas actividades, otro elemento que seguramente será observado con atención por el sector de las comunicaciones.

La mayor polémica aparece alrededor del trato que recibirían los medios considerados afines frente a aquellos que mantienen posiciones críticas hacia la administración.

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Un Gobierno tiene la facultad de organizar su estrategia de comunicaciones y coordinar las vocerías de sus funcionarios. El debate surge cuando esa organización puede traducirse en restricciones diferenciadas para que determinados periodistas accedan a fuentes oficiales o formulen preguntas sobre asuntos de interés público.

La eventual necesidad de una autorización de Presidencia para que un ministro conceda una entrevista a un medio considerado no afín pone precisamente esa discusión sobre la mesa.


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