Alcaldía, Gobierno nacional, Fiscalía y Fuerza Pública acordaron reforzar las acciones contra la criminalidad en Santa Marta durante un Consejo de Seguridad Ampliado. El alcalde Carlos Pinedo anunció mayor presencia institucional frente a la extorsión y respaldó la directriz de actuar contra los bloqueos. El Gobierno también comenzó a revisar el hacinamiento en los centros de detención transitoria.

La extorsión, los bloqueos recurrentes y el hacinamiento en los centros de detención pusieron a Santa Marta frente a una nueva revisión de su seguridad. El Gobierno nacional entró directamente en la discusión y, junto con la Alcaldía, Policía, Ejército, Armada y Fiscalía, acordó fortalecer las acciones para contener problemas que vienen golpeando diferentes sectores de la ciudad.

Las decisiones fueron analizadas durante un Consejo de Seguridad Ampliado presidido por el alcalde Carlos Pinedo Cuello en el Salón Amarillo de la Alcaldía, con la participación del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz Granados.

El encuentro dejó varios frentes abiertos. Uno de los principales será la ofensiva contra la extorsión, delito que preocupa especialmente por las dinámicas criminales asociadas a grupos armados ilegales y estructuras que ejercen presión sobre comerciantes y otros sectores de la ciudad.

Más presencia contra la extorsión

Pinedo anunció una mayor articulación entre Fiscalía, Policía y Ejército para enfrentar este delito y aseguró que las acciones tendrán presencia en distintos sectores de Santa Marta.

“Hemos conversado con muchísima detención el tema de la extorsión en todo el Distrito, vamos a hacer mayor presencia en todos los rincones de la ciudad de Santa Marta con la Fiscalía, Policía, Ejército”, manifestó el mandatario.

La administración distrital destacó además el acompañamiento del Gobierno nacional en la construcción de las estrategias que serán implementadas para responder a las estructuras criminales que operan en el territorio.

El objetivo planteado durante el Consejo es aumentar la capacidad institucional para investigar, perseguir y contener las actividades de organizaciones que utilizan la extorsión como fuente de financiación y mecanismo de control.

Gobierno revisará crisis en centros de detención

Otro problema que llegó a la mesa fue el hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria de Santa Marta, escenario de amotinamientos durante meses anteriores.

El viceministro Carlos Gónima comenzó la revisión técnica de la situación con el propósito de establecer alternativas que permitan disminuir la presión que actualmente soportan estos lugares.

Pinedo recordó que se trata de una dificultad que trasciende al Centro Histórico y que sus consecuencias terminan afectando diferentes sectores de la capital del Magdalena.

“Vamos a seguir revisando técnicamente la situación de los centros transitorios, un problema que aqueja no solamente al Centro Histórico sino a toda la ciudad por los antecedentes que se han venido presentando”, sostuvo.

Los episodios de amotinamiento ocurridos anteriormente elevaron las alertas alrededor de las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad. Frente a ese escenario, el Gobierno nacional asumió el compromiso de estudiar alternativas para buscar una salida al problema.

Pinedo advierte que actuarán contra los bloqueos

El Consejo también abordó una situación que se ha convertido en motivo recurrente de controversia en Santa Marta: los bloqueos de vías como mecanismo de protesta.

Pinedo aseguró que comparte la posición del presidente Abelardo de la Espriella frente a estas acciones y anunció articulación con la Fuerza Pública para evitar que continúen afectando la movilidad y las actividades de los ciudadanos.

“La visión y la directriz del señor presidente de la República la compartimos plenamente: no se puede seguir permitiendo los bloqueos en el Distrito de Santa Marta, eso es un delito y vamos a articular con la Policía Nacional, con todo el Gobierno para que esto no siga traumatizando el libre desarrollo de todos los ciudadanos”, expresó el alcalde.

La postura anticipa una respuesta más estricta frente a futuras interrupciones de vías, aunque las actuaciones de las autoridades deberán desarrollarse dentro del marco legal y respetando las garantías relacionadas con la protesta pacífica.

Caso Naylea Barros también estuvo sobre la mesa

Durante el encuentro también fueron conocidos nuevos detalles de la investigación por el episodio denunciado por la comunicadora y activista política Naylea Barros Martínez, ocurrido la noche del pasado 24 de agosto en el sector de Minuto de Dios.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson López Puerto, informó que las autoridades tienen en su poder diferentes videos con los cuales intentan reconstruir el desplazamiento de las personas que se movilizaban en la motocicleta involucrada.

El oficial confirmó además un elemento que cambia parte de lo conocido inicialmente: el peritaje determinó que el arma utilizada contra el vehículo de Barros era traumática.

“Ya tenemos un resultado pericial balístico, donde podemos confirmar que el arma utilizada no fue un arma de fuego, sino traumática”, manifestó López.

La Policía mantiene abiertas diferentes hipótesis sobre lo sucedido. El comandante señaló que deberá establecerse si efectivamente se trató de un ataque dirigido contra la comunicadora o si pudo existir otra motivación, entre ellas un posible intento de atraco.

Los videos están siendo analizados para obtener una mejor definición de las imágenes e identificar tanto la motocicleta como a las personas involucradas.

Tres problemas bajo presión institucional

El Consejo de Seguridad terminó con compromisos en asuntos que llevan tiempo generando preocupación en Santa Marta. La extorsión tendrá una mayor respuesta conjunta de las autoridades; el Gobierno nacional revisará alternativas frente al hacinamiento y los antecedentes de amotinamientos; mientras la Alcaldía anunció una posición más estricta contra los bloqueos recurrentes.

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Ahora el reto estará en convertir los anuncios en resultados. La presión criminal sobre diferentes sectores, las dificultades del sistema de detención y las alteraciones recurrentes de la movilidad exigen respuestas que trasciendan los consejos de seguridad.

Por lo pronto, Santa Marta tendrá una intervención más articulada entre Distrito, Gobierno nacional, Fiscalía y Fuerza Pública, con la extorsión como una de las amenazas prioritarias que las autoridades buscarán contener.