El empresario Juan Carlos Ospino expuso ante la Asamblea Departamental que su familia, los propietarios y directivos de Taximarino y del Centro de Vida Marino fueron declarados “objetivo militar”. Según su denuncia, las intimidaciones están relacionadas con exigencias millonarias de dinero.

Juan Carlos Ospino llevó hasta el recinto de la Asamblea del Magdalena una denuncia que compromete la seguridad de su familia y la continuidad de sus empresas. Durante la sesión de este jueves, el empresario aseguró que los propietarios y directivos de Taximarino y del Centro de Vida Marino enfrentan amenazas de muerte después de no acceder al pago de extorsiones.

Ante los diputados, Ospino describió una situación que, según su testimonio, se ha agravado con el tiempo. Las exigencias económicas de grupos ilegales dieron paso a intimidaciones directas contra sus allegados y contra quienes están al frente de ambas compañías.

“Los últimos años han sido difíciles, en estos momentos la empresa Taximarino y Centro de Vida y la familia Ospino han sido declarados objetivos militar de los bandidos”, manifestó durante su intervención.

Exigencias de dinero para permitirles trabajar

De acuerdo con lo denunciado por el empresario, los responsables vienen exigiendo una millonaria suma a cambio de permitir el funcionamiento de sus negocios. Ospino explicó que no cuentan con los recursos para atender esas pretensiones y que se han negado a entregar el dinero solicitado.

Esa negativa, sostuvo, estuvo seguida de amenazas contra la vida de los propietarios y directivos. La presión que inicialmente tenía un propósito económico terminó poniendo en riesgo, según su relato, tanto a la familia como a las actividades empresariales.

En la información expuesta no se precisó el monto exigido ni se identificó a la estructura criminal señalada de realizar las intimidaciones. La denuncia se concentró en advertir la gravedad de los mensajes recibidos y el deterioro de las condiciones de seguridad.

Una amenaza expuesta ante los diputados

Al hacer pública su situación en la Asamblea Departamental, Ospino dejó constancia de que las intimidaciones no corresponden a un episodio aislado. Según explicó, las dificultades se han acumulado durante los últimos años hasta llegar al escenario que describió ante la corporación.

La expresión “objetivo militar”, atribuida por el empresario a los responsables de las amenazas, fue el punto más grave de su intervención. Con ella expuso el riesgo que enfrentan sus seres queridos y quienes dirigen Taximarino y el Centro de Vida Marino por no someterse a los cobros ilegales.

Su testimonio puso ante los diputados una denuncia concreta: una familia y dos empresas que, además de sostener sus operaciones, deben afrontar amenazas contra su vida. En la información suministrada no se detallan medidas de protección adoptadas ni resultados de investigaciones sobre estos hechos.