El representante a la Cámara informó que el Tribunal Administrativo del Magdalena se pronunció dentro de una acción de cumplimiento presentada hace nueve años. Según el congresista, la decisión exige dar continuidad a proyectos del CONPES 4159, entre ellos dos plantas desalinizadoras.

La crisis del agua en Santa Marta suma un nuevo capítulo judicial. El representante a la Cámara Felipe Hernández informó que el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó avanzar en soluciones de fondo y dar continuidad a las iniciativas contempladas en el CONPES 4159, dentro de un proceso que, según señaló, lleva nueve años en trámite.

El pronunciamiento se produjo después de una solicitud del congresista para que se garantizara una respuesta oportuna en la acción de cumplimiento presentada por el procurador ambiental Jorge Escobar. Hernández explicó que su intervención buscaba proteger el acceso a la justicia y exigir que el proceso se resolviera dentro de un plazo razonable.

La decisión anunciada pone nuevamente sobre la mesa los proyectos para atender el desabastecimiento de agua potable, un problema que sigue pendiente de una solución definitiva para los samarios.

Un proceso que lleva nueve años

De acuerdo con la información divulgada por Hernández, la acción de cumplimiento está orientada a defender el patrimonio público y la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos. El congresista sostuvo que acudió al Tribunal ante el tiempo transcurrido sin una respuesta de fondo.

“¡La justicia cojea, pero llega y nos da la razón! Días atrás acudimos al Tribunal para exigir garantías y una respuesta en este proceso. Hoy celebramos una decisión que ordena soluciones de fondo a la crisis del agua en Santa Marta”, manifestó.

Su solicitud se concentró en reclamar garantías judiciales dentro de un trámite iniciado por el procurador ambiental. Aunque Hernández destacó su gestión previa al pronunciamiento, la información suministrada no permite establecer qué incidencia tuvo esa petición en el contenido de la decisión.

Las desalinizadoras vuelven al centro de la discusión

Según el representante, el fallo ordena dar continuidad a las iniciativas del CONPES 4159, aprobado durante el gobierno de Gustavo Petro. Entre los proyectos mencionados figuran dos plantas desalinizadoras, planteadas como parte de las alternativas para enfrentar la crisis de abastecimiento.

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La información difundida, sin embargo, no precisa cuáles entidades recibieron las órdenes, qué plazos fijó el Tribunal ni qué actuaciones deberán ejecutar para cumplirlas. Tampoco detalla el estado técnico, financiero o contractual de las dos plantas.

Esos elementos serán determinantes para establecer el alcance práctico de la decisión: qué proyectos deben avanzar, quién responde por su ejecución y en cuánto tiempo podrían traducirse en mejoras en el suministro de agua.

Hernández reclama resultados y cuestiona al Gobierno

El congresista presentó el pronunciamiento como un respaldo a sus exigencias de soluciones para Santa Marta y lo acompañó de cuestionamientos al presidente Abelardo de la Espriella. Hernández lo señaló de incumplir promesas relacionadas con la atención de la crisis, una valoración política que forma parte de su declaración y que debe distinguirse de las órdenes atribuidas al Tribunal.

“Este fallo reafirma lo que hemos venido defendiendo: los samarios necesitan soluciones reales, no más promesas ni pérdida de recursos”, sostuvo.

El representante también anunció que continuará promoviendo la conformación del Comité Cívico de Defensa del Derecho al Agua, con el propósito de exigir la materialización de los proyectos.