Coronel del Ejército enfrenta proceso por cobrar millones de pesos por entregar información al ELN y la Segunda Marquetalia
La Fiscalía sostiene que el coronel activo Carlos Didier Pérez Amorocho habría recibido dinero a cambio de información sobre movimientos de la Fuerza Pública. El señalamiento más grave habla de pagos de $30 millones semanales provenientes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. El oficial fue capturado, judicializado y no aceptó los cargos.
Mientras soldados arriesgaban la vida persiguiendo a grupos armados en algunas de las regiones más peligrosas del país, uno de sus superiores presuntamente les contaba al enemigo por dónde se movían. Esa es, en términos crudos, la grave acusación que la Fiscalía puso sobre la mesa contra el coronel activo del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho.
El oficial fue capturado y presentado ante un juez en Bogotá, donde comenzaron a conocerse los detalles de un expediente que compromete dos momentos de su carrera militar y lo relaciona presuntamente con el ELN y la Segunda Marquetalia. Según el ente acusador, habría entregado información privilegiada a cambio de millonarios pagos que en uno de los casos alcanzarían los $30 millones semanales.
La investigación golpea directamente la confianza dentro de las Fuerzas Militares, pues la hipótesis de la Fiscalía apunta a que información operacional reservada habría terminado en manos de quienes precisamente eran perseguidos por los hombres bajo el mando de la institución.
El primer capítulo: presuntos pagos del ELN
Una parte del expediente se remonta a 2019 y 2020, durante la permanencia de Pérez Amorocho en Arauca. Según la Fiscalía, cuando se desempeñaba como comandante de una unidad militar habría establecido contactos con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN.
El ente investigador sostiene que el oficial presuntamente recibió pagos de hasta $15 millones a cambio de suministrar información que habría permitido a esa estructura mantener sus operaciones y anticiparse a determinadas acciones de la Fuerza Pública.
El señalamiento resulta especialmente delicado por el territorio en el que habrían ocurrido los hechos. Arauca ha sido durante años escenario de operaciones contra estructuras armadas ilegales, por lo que cualquier filtración de información sobre movimientos militares podría representar una ventaja para quienes se enfrentan a las tropas.
Pero las sospechas contra el coronel no terminaron allí.
$30 millones semanales, según la Fiscalía
El segundo capítulo investigado se ubica entre 2024 y 2026, cuando Pérez Amorocho ejercía funciones de mando en una unidad de despliegue rápido con presencia en Nariño. En ese periodo, según la acusación, habría establecido una relación con integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.
Durante la audiencia, el fiscal lanzó uno de los señalamientos más fuertes del proceso: “Recibía para sí mismo la cifra de 30 millones de pesos semanales por parte de la estructura Bloque Alfonso Cano”.
A cambio de ese dinero, la Fiscalía sostiene que presuntamente habría suministrado información relacionada con movimientos y operaciones de la Fuerza Pública. Las alertas habrían servido para que miembros de la organización armada se anticiparan a procedimientos militares y se movilizaran con mayor facilidad por sus zonas de influencia.
La hipótesis va todavía más lejos. Esa ventaja obtenida mediante información reservada habría facilitado actividades relacionadas con el tráfico de drogas, armas, municiones y dinero, de acuerdo con lo expuesto por el ente acusador.
La contrainteligencia puso la lupa sobre el coronel
El caso comenzó a tomar fuerza a partir de labores de contrainteligencia militar. Posteriormente, la Fiscalía asumió la investigación y recopiló los elementos que finalmente llevaron a la captura y judicialización del oficial.
El expediente reconstruye así dos periodos separados por varios años, pero unidos por una sospecha común: que un coronel activo habría aprovechado su posición y el acceso a información sensible para favorecer presuntamente a organizaciones armadas ilegales a cambio de dinero.
La justicia tendrá ahora que establecer hasta dónde llegaron esos supuestos contactos, qué información habría sido entregada y si las presuntas filtraciones afectaron operaciones concretas de la Fuerza Pública.
No aceptó los cargos
La Fiscalía imputó a Pérez Amorocho los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso restringido.
El coronel no aceptó los cargos. Por ahora, las acusaciones corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser demostradas durante el proceso, respetando la presunción de inocencia del oficial.
Una de las decisiones inmediatas quedará en manos del juez, que deberá resolver si Pérez Amorocho permanece privado de la libertad mientras avanza la investigación.
Más allá de lo que determine finalmente la justicia, el expediente deja planteada una acusación estremecedora: mientras el Ejército desplegaba hombres y recursos para perseguir al ELN y a la Segunda Marquetalia, uno de sus coroneles habría estado cobrando millones para entregar información a esas mismas estructuras. Ahora será un juez quien determine si detrás del uniforme existió realmente una alianza con el enemigo.
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