Cámaras por $10 mil millones bajo la lupa: Procuraduría investiga al alcalde de Salamina por presuntas irregularidades
La denuncia contra el mandatario y su secretario de Hacienda ya está en manos de la Procuraduría. El proceso apunta a posibles fallas graves en el respaldo presupuestal y en la documentación del contrato para el sistema de seguridad.
El proyecto que prometía vigilancia terminó bajo investigación.
La contratación de un sistema de cámaras de seguridad por $10.000 millones en Salamina, Magdalena, ya escaló hasta la Procuraduría General de la Nación, que abrió el expediente contra el alcalde Edwin Pabón Charris y el secretario de Hacienda, Jaime Gutiérrez Charris.
Lo que supuestamente iba fortalecer la seguridad de un municipio sin índices alto de alteraciones de orden público ni violencia hoy genera dudas sobre el manejo de los recursos públicos.
El contrato que encendió las alarmas
El caso gira en torno a la Licitación Pública No. MS-LP-002-2025, ejecutada mediante el Convenio Interadministrativo No. 2353 de 2025.
El proyecto contaba con una financiación mayoritaria del Gobierno nacional, que aportó $9.000 millones, mientras que el municipio debía garantizar una contrapartida de $1.000 millones.
Sobre ese aporte local se centra ahora la controversia.
Dudas sobre el respaldo presupuestal
La denuncia, radicada el 21 de febrero, señala inconsistencias en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), documento clave que respalda la existencia de recursos para ejecutar el contrato.
Entre los cuestionamientos más graves se encuentra que el CDP no habría sido generado a través del software oficial, lo que pone en duda su validez.
A esto se suma un hecho que encendió las alarmas: el documento habría desaparecido del sistema SECOP después de que el contrato fue adjudicado.
Un convenio en entredicho
Los señalamientos apuntan a una posible suscripción del convenio sin un respaldo presupuestal real.
De confirmarse, el caso podría configurar faltas disciplinarias relacionadas con el manejo indebido de recursos públicos en un proyecto destinado, precisamente, a mejorar la seguridad del municipio.
La situación deja en entredicho no solo la ejecución del contrato, sino también los controles internos que debían garantizar transparencia.
El caso llegó a la procuraduría
El expediente ya fue asignado a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, que asumirá la investigación para establecer responsabilidades.
El proceso buscará determinar si hubo irregularidades administrativas o disciplinarias en la contratación y ejecución del proyecto.
Por ahora, el caso avanza en etapa preliminar, mientras crece la presión sobre la administración municipal.
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