El hecho ocurrió durante un procedimiento de suspensión del servicio en el barrio Olaya de Barranquilla. Según Air-e, el usuario también dañó el vehículo de los contratistas. Tras la intervención de la Policía, acudió a una oficina y firmó un acuerdo de pago.

Una deuda de energía de $2,6 millones terminó con un vehículo averiado y un usuario judicializado. Técnicos contratistas de Air-e habían llegado al barrio Olaya, en Barranquilla, para realizar un procedimiento de suspensión del servicio cuando, según la empresa, el hombre los amenazó con un martillo y golpeó el automotor en el que se desplazaban.

Los trabajadores tuvieron que detener el procedimiento mientras intervenía la Policía. Air-e informó en sus redes sociales que los uniformados controlaron la situación y, en una actualización posterior, señaló que el usuario fue judicializado por los daños causados al vehículo. La compañía rechazó las amenazas contra su personal y pidió tramitar los desacuerdos sobre facturas y suspensiones mediante sus canales de atención.

Del enfrentamiento al acuerdo de pago

Después del incidente, el mismo usuario se presentó en una oficina comercial de Air-e y llegó a un acuerdo para pagar la deuda. La empresa no precisó las condiciones de financiación ni informó que la obligación hubiera sido cancelada en su totalidad. El acuerdo resolvió la gestión de cobro, mientras el caso por los daños al vehículo quedó en manos de las autoridades.

En el video se observa a un hombre con un martillo en la mano golpeando la parte delantera de un vehículo, mientras sostiene un recibo, en medio del procedimiento de suspensión del servicio de energía realizado por técnicos contratistas de Air-e. #Enterateenlinea pic.twitter.com/7yYTrvHlhx

— Entérate en Línea | Noticias (@enterate_linea) September 26, 2026

La secuencia dejó dos hechos distintos en un mismo día: primero, la confrontación con los técnicos durante la suspensión; luego, la posibilidad de pactar el pago en una oficina. Air-e sostuvo que esa segunda vía estaba disponible desde el comienzo y reiteró que ninguna inconformidad con el servicio justifica poner en riesgo a quienes trabajan en la calle.

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Por ahora, la compañía ha confirmado la judicialización del usuario, pero no ha informado qué decisión adoptó la autoridad judicial sobre su situación. Los técnicos continuaron con vida tras un procedimiento que terminó lejos de ser una visita rutinaria de cobro.