La Fiscalía judicializó a Argenis Alberto Hernández Núñez por su presunta participación en el caso. Para liberar a uno de los comerciantes, los responsables habrían exigido $140 millones y una camioneta. El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a prisión de manera preventiva.

Recuperar la libertad no habría significado el fin de las amenazas para dos hermanos comerciantes secuestrados en Santa Marta. Después de permanecer varios días en cautiverio, las víctimas presuntamente continuaron recibiendo exigencias económicas a cambio de poder trabajar en la ciudad sin sufrir represalias.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Argenis Alberto Hernández Núñez, señalado de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Conquistadores de la Sierra’. El hombre es investigado por su supuesta participación tanto en la retención de los hermanos como en las presiones que habrían enfrentado después de regresar a la libertad.

Los interceptaron en el parqueadero de un centro comercial

El secuestro ocurrió el 13 de noviembre de 2025. Según la investigación, los comerciantes fueron interceptados en el parqueadero de un centro comercial de Santa Marta por varios hombres, entre quienes presuntamente se encontraba Hernández Núñez.

Desde ese lugar los habrían trasladado contra su voluntad hasta una vivienda del barrio 11 de Noviembre. Allí permanecieron privados de la libertad mientras sus captores les imponían exigencias económicas para dejarlos salir.

Dos días después, uno de los hermanos fue liberado con una condición: debía conseguir $140 millones y entregar una camioneta de su propiedad. Su salida, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, estaba ligada a reunir lo exigido mientras el otro comerciante continuaba retenido.

El segundo hermano permaneció cinco días más en cautiverio antes de recuperar la libertad. La información suministrada no precisa si las víctimas entregaron el dinero o el vehículo que les habían solicitado.

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Las amenazas habrían continuado para dejarlos trabajar

La investigación sostiene que las presiones se extendieron después del secuestro. Hernández Núñez presuntamente habría seguido exigiéndoles pagos a los hermanos a cambio de permitirles desarrollar sus actividades comerciales en Santa Marta.

Las exigencias habrían estado acompañadas de amenazas de represalias. Así, pese a haber salido del inmueble donde estuvieron retenidos, los comerciantes habrían continuado sometidos a intimidaciones relacionadas con su trabajo.

Este señalamiento hace parte del proceso por extorsión que enfrenta el capturado, junto con las acusaciones relacionadas con el secuestro y su presunta vinculación con la organización delincuencial.

Un juez ordenó su reclusión preventiva

Hernández Núñez fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Posteriormente, un fiscal del Gaula le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y extorsión agravada.

Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la actuación judicial.