El expresidente vinculó la difusión de imágenes de su supuesta intimidad con una distracción del debate sobre la Ley de Sometimiento. Anunció una demanda contra la norma y negó haber utilizado contratos públicos para obtener favores personales.

Mientras las redes sociales concentran su atención en el video divulgado por Deyci Jiménez, en el que aparece junto a Gustavo Petro, el expresidente puso el foco en otra decisión: la Ley de Sometimiento impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que contempla beneficios penales para integrantes de organizaciones criminales que se acojan a sus condiciones.

La iniciativa incluye reducciones de hasta el 50 % para integrantes de base y del 30 % para cabecillas, con penas mínimas de diez años de prisión para los mandos, según la información publicada por la Presidencia. Esos beneficios constituyen el centro del cuestionamiento de Petro, quien anunció que acudirá a la justicia para controvertir la norma.

“Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes”, escribió Petro en el pronunciamiento difundido en X.

Su respuesta a la publicación de Jiménez tuvo así dos frentes: la defensa ante los señalamientos relacionados con su presunto vínculo personal y una ofensiva política contra los beneficios judiciales promovidos por su sucesor.

Las rebajas que Petro cuestiona 

El expresidente sostuvo que la discusión sobre su intimidad está desplazando asuntos de interés público y calificó la circulación de las imágenes como una cortina de humo. Esa conexión corresponde a su interpretación política; la coincidencia entre ambas controversias no demuestra una operación coordinada para distraer a la ciudadanía.

“Ningún video va a ocultar eso, ni la intimidad de nadie va a detener la indignación popular. Esa ley no pasará el examen de la Constitución”, afirmó.

El Gobierno, por su parte, presenta el sometimiento como un mecanismo para desmantelar organizaciones criminales sin otorgarles reconocimiento político. Los beneficios están sujetos a compromisos como entregar armas y bienes ilícitos, aportar información y contribuir a la reparación de las víctimas. Por tanto, las reducciones previstas no equivalen a una disminución automática y general de las condenas por narcotráfico.

Petro anunció que instruyó a su abogado para presentar una demanda y llamó a la iniciativa una ley de “alcahuetamiento de narcos”.

Negó haber intercambiado contratos por favores

En el mismo mensaje, Petro rechazó los señalamientos sobre un supuesto uso de la contratación estatal para obtener beneficios personales.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, manifestó.

También sostuvo que el material divulgado no había sido examinado por peritos ni valorado por un juez, y cuestionó que se le atribuya un alcance probatorio antes de establecer su origen, fecha y contexto.

“Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, escribió. Esta es su posición de defensa: la publicación de imágenes de un encuentro personal no permite, por sí sola, establecer si existieron irregularidades en contratos públicos.

Jiménez presentó el video como respaldo de su versión sobre la relación con el exmandatario y expresó preocupación por su seguridad. Sus denuncias deben distinguirse de hechos judicialmente establecidos.

Pidió protección para la denunciante

Aunque cuestionó la divulgación del video, Petro solicitó garantías para Jiménez y para quienes participan en el proceso.

“Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse. Pido a las autoridades que protejan a la testigo y a todas las personas que intervienen en este proceso”, expresó.

El exmandatario aseguró, además, que respetará la reserva ordenada por el magistrado y responderá dentro del expediente. Entretanto, intentó trasladar el centro de la discusión hacia las decisiones del gobierno de De la Espriella: mientras circulan imágenes de su vida personal, reclama que el país examine quiénes podrán recibir rebajas de penas, bajo qué condiciones y con qué consecuencias para las víctimas.