El ente acusador cuestiona que el exfuncionario de Barranquilla hubiera continuado una audiencia cuya competencia fue objetada por la Fiscalía y la Procuraduría. Le atribuye prevaricato por acción y por omisión. Sastoque no aceptó los cargos.

La decisión que permitió recuperar la libertad a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tiene ahora al exjuez José Antonio Sastoque Fernández de Castro respondiendo ante la justicia penal. La Fiscalía le imputó dos delitos por presuntas irregularidades en el procedimiento con el que revocó la medida de aseguramiento contra el hombre identificado como uno de los jefes de la estructura conocida como ‘Los Pachencas’.

El centro del caso es una pregunta que debía resolverse antes de decidir sobre la libertad del procesado: ¿tenía Sastoque competencia para tramitar esa solicitud? Según la hipótesis del ente acusador, el entonces funcionario siguió adelante pese a las advertencias de la Fiscalía y la Procuraduría sobre la necesidad de que el asunto fuera conocido por un despacho judicial de Santa Marta.

La audiencia se realizó el 29 de junio de 2023. Lo que entonces terminó con la libertad de Castillo Carrillo es hoy objeto de una investigación que busca establecer si el exjuez adoptó una decisión contraria a la ley y omitió actuaciones que estaba obligado a cumplir.

Las advertencias que no frenaron la audiencia

De acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía, los representantes del ente acusador y del Ministerio Público cuestionaron la competencia del despacho de Barranquilla. Sostuvieron que la solicitud de revocatoria debía tramitarse en Santa Marta, donde alias ‘Pinocho’ había sido imputado inicialmente.

La objeción tenía una consecuencia concreta: definir qué autoridad judicial podía decidir sobre la medida de aseguramiento. Sin embargo, según la investigación, Sastoque resolvió por cuenta propia la controversia sobre su competencia, continuó la diligencia y ordenó la libertad del señalado cabecilla.

Ese proceder constituye uno de los puntos más sensibles del expediente. La Fiscalía busca determinar si el exfuncionario desconoció las reglas del trámite y si atendió conforme a sus obligaciones los reparos formulados durante la audiencia.

El cuestionamiento penal, por tanto, va más allá de la inconformidad con una libertad concedida. Apunta al procedimiento utilizado para tomarla y a las obligaciones que habría dejado de cumplir quien dirigía la diligencia.

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Una decisión, dos imputaciones

La Fiscalía le atribuyó a Sastoque los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. En los términos del señalamiento presentado, la primera conducta está relacionada con la presunta adopción de una decisión contraria a la ley; la segunda, con actuaciones propias de su función que habría omitido.

Ambas imputaciones convergen en la audiencia de junio de 2023: qué podía resolver el entonces juez, cómo debía proceder frente a la discusión sobre su competencia y qué trámite correspondía dar a las objeciones de la Fiscalía y la Procuraduría.

La gravedad del caso radica en que esas presuntas irregularidades habrían incidido en una decisión que produjo un efecto inmediato: el levantamiento de la medida de aseguramiento contra Castillo Carrillo.

Corresponderá al proceso establecer si existieron las conductas que atribuye el ente acusador. La imputación expone una hipótesis penal que deberá probarse; todavía no constituye una declaración de responsabilidad.

El exjuez rechazó los cargos

Durante la diligencia de imputación, José Antonio Sastoque Fernández de Castro no aceptó los cargos. Su rechazo deberá ser considerado junto con las pruebas y los argumentos que se presenten en las siguientes etapas judiciales.

La información disponible no detalla los argumentos con los que el exfuncionario controvirtió los señalamientos. Tampoco permite atribuirle acuerdos ilegales, pagos o vínculos con la organización señalada: el caso descrito se concentra en las presuntas irregularidades de su actuación judicial.

Esa precisión resulta necesaria para dimensionar la investigación. Lo que está bajo examen es si ejerció sus facultades conforme a la ley al resolver una solicitud de libertad cuya competencia había sido cuestionada expresamente.

La libertad de ‘Pinocho’, bajo examen judicial

La revocatoria de la medida permitió que alias ‘Pinocho’ recuperara la libertad y abrió una controversia que ahora alcanza penalmente a quien tomó la decisión. El expediente deberá esclarecer por qué continuó el procedimiento, cuál era el alcance de sus facultades y si incumplió deberes que podían resultar determinantes para el trámite.

El caso también plantea un asunto de responsabilidad institucional: las decisiones sobre la libertad de una persona deben estar respaldadas por el cumplimiento de las reglas judiciales, especialmente cuando las partes advierten posibles obstáculos para que un despacho intervenga.