El documento responde a la denuncia de amenazas y extorsión presentada por Juan Carlos Ospino ante la Asamblea del Magdalena. En el texto, atribuido al grupo armado, se señalan supuestos pagos y solicitudes para presionar a comerciantes y concentrar operaciones en El Rodadero y Playa Blanca. Las acusaciones no están acompañadas de pruebas en el comunicado suministrado.

La denuncia de amenazas de muerte presentada por Juan Carlos Ospino, gerente de Taximarino, fue seguida por un comunicado atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), en el que se formulan graves acusaciones contra el empresario. El documento sostiene que habría solicitado la intervención de esa organización para favorecer sus negocios y restringir la participación de otros comerciantes y operadores turísticos.

El texto, firmado como “Estado Mayor” de las ACSN, menciona presuntos pagos, reuniones y acciones de presión en Playa Blanca y El Rodadero. Su autenticidad y las afirmaciones que contiene no han sido verificadas de manera independiente para esta publicación.

La respuesta se conoce después de que Ospino expusiera ante la Asamblea del Magdalena que su familia y las empresas Taximarino y Centro de Vida Marino habían sido declaradas “objetivo militar”. Durante esa intervención, el empresario relacionó las amenazas con la negativa a pagar las sumas exigidas por los extorsionistas.

Los señalamientos sobre los negocios en Playa Blanca

En el comunicado, la organización afirma que el empresario y un abogado al que identifica únicamente como “doctor Lastra” habrían entregado $100 millones para obtener su intervención contra propietarios de restaurantes de Playa Blanca.

El documento atribuye al propio grupo armado una participación en presiones para que comerciantes vendieran sus establecimientos por valores bajos. También sostiene que el empresario habría solicitado ayuda para desplazar a los carperos de ese sector.

Estos señalamientos describen posibles hechos de coacción contra pequeños comerciantes, pero el texto suministrado no aporta fechas, identifica a los propietarios presuntamente afectados ni adjunta documentos que permitan comprobar esas operaciones. Tampoco permite establecer la identidad completa del abogado mencionado o precisar su supuesta participación.

Supuestas restricciones a otras embarcaciones

Otro de los puntos del comunicado se refiere a presuntas reuniones en el acuario. Según la versión atribuida a las ACSN, su propósito habría sido conseguir que únicamente las lanchas vinculadas al empresario tuvieran acceso directo, excluyendo a otras embarcaciones.

El grupo también asegura que recibió solicitudes de apoyo para promover reuniones destinadas a incrementar los precios del transporte marítimo y concentrar la operación. Se trata de acusaciones sobre una presunta intervención armada en la competencia entre prestadores de servicios turísticos, cuya veracidad requiere investigación y contraste con los involucrados.

La afirmación sobre pagos mensuales

El documento sostiene, además, que habría existido un acuerdo de pagos de $100 millones mensuales a cambio de favorecer el dominio de actividades comerciales y turísticas en El Rodadero y Playa Blanca. Según esa versión, los desembolsos se habrían mantenido durante años.

Esa afirmación intenta presentar los cobros denunciados por Ospino como parte de un supuesto compromiso previo. Sin embargo, el comunicado no incluye registros de pagos, fechas concretas ni otros soportes que permitan establecer la existencia de dicho acuerdo. La versión del grupo armado no constituye por sí sola una comprobación de los hechos ni desvirtúa la denuncia de amenazas.

Al final del texto, sus autores aseguran tener pruebas y manifiestan que podrían hacerlas públicas o entregarlas si la Fiscalía las requiere. En el material suministrado no aparecen esos elementos.

Una denuncia de amenazas que sigue requiriendo esclarecimiento

Ante los diputados del Magdalena, Ospino había descrito un escenario de riesgo para sus allegados y sus empresas. “Los últimos años han sido difíciles”, expresó antes de denunciar que su familia y las compañías habían sido declaradas objetivo de los responsables de las intimidaciones.

Ahora, el comunicado introduce acusaciones que deberán ser contrastadas con el empresario, el abogado mencionado y las autoridades competentes. En la información disponible para este texto no consta una respuesta de los señalados a esas afirmaciones ni un pronunciamiento oficial sobre el documento.

La gravedad del caso comprende tanto las amenazas denunciadas por Ospino como los posibles hechos de presión contra comerciantes descritos en el comunicado. Esclarecerlos exige pruebas que permitan establecer responsabilidades, más allá de las versiones de quienes intervienen en esta controversia.