Asegura que su captura en Europa le provocó depresión, ansiedad y daños a su buen nombre. La demanda también reclama una reparación para su esposa y sus tres hijos, mientras el proceso penal en su contra continúa vigente.

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado por las autoridades como el presunto zar del contrabando en Colombia, ahora sostiene que fue él quien terminó afectado por la actuación de la justicia. Su defensa presentó una demanda contra el Estado y pretende recibir cerca de $700 millones por los daños emocionales y psicológicos que, asegura, le dejó el proceso de extradición.

El hombre investigado por presuntamente liderar una poderosa estructura dedicada al contrabando y al pago de sobornos afirma que sufrió depresión, ansiedad, angustia e incertidumbre luego de ser capturado en Europa. La reclamación también incluye las afectaciones que supuestamente padecieron su esposa y sus tres hijos.

Una factura de 400 salarios mínimos

La demanda de reparación directa fue presentada contra la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, el Ministerio de Justicia y la Cancillería. En total, Marín Buitrago y su familia reclaman 400 salarios mínimos, una cifra que actualmente ronda los $700 millones.

De acuerdo con los argumentos expuestos por su defensa, las actuaciones adelantadas durante el proceso de extradición causaron episodios de zozobra, depresión, ansiedad y afectaciones al buen nombre del señalado contrabandista. Los abogados consideran que el Estado debe responder económicamente por esos perjuicios.

Sin embargo, la presentación de la demanda no significa que la Nación haya sido condenada ni que deba desembolsar ese dinero. La cifra corresponde únicamente a la pretensión de Marín Buitrago y será un juez administrativo quien determine si hubo una actuación irregular y si esta produjo los daños alegados.

La captura en Europa que abrió la controversia

El principal argumento de la defensa gira alrededor de la orden de captura con fines de extradición expedida por las autoridades colombianas en 2024. Según sus abogados, ese mismo requerimiento habría sido utilizado para detener a ‘Papá Pitufo’ en dos oportunidades: inicialmente en España y posteriormente en Portugal.

Marín Buitrago recibió libertad provisional por parte de la justicia española. Su defensa sostiene que, después de esa decisión, el requerimiento internacional colombiano debía quedar sin efecto y, por tanto, no podía utilizarse nuevamente para detenerlo en territorio portugués.

Sobre esa interpretación construyeron la tesis de un supuesto “error judicial”. Los abogados consideran que la segunda captura prolongó injustificadamente la incertidumbre del proceso y agravó las consecuencias emocionales, familiares y reputacionales que ahora utilizan como sustento de la reclamación.

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La Rama Judicial rechazó su argumento

La versión de la defensa está lejos de ser aceptada por las entidades demandadas. La Rama Judicial sostiene que la libertad provisional concedida en España no anuló la orden de captura expedida en Colombia ni eliminó el requerimiento internacional que pesaba sobre Marín Buitrago.

Esa diferencia de criterios quedó expuesta durante una audiencia de conciliación realizada ante la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2025. El encuentro buscaba alcanzar un acuerdo antes de trasladar la controversia a los tribunales, pero terminó sin ningún arreglo.

La conciliación fue declarada fallida debido a que las entidades estatales no aceptaron la responsabilidad planteada por los abogados del señalado contrabandista. Tras ese resultado, la defensa decidió continuar su ofensiva y presentar formalmente la demanda de reparación directa.

Su esposa y sus hijos también reclaman

La indemnización no fue solicitada únicamente a nombre de ‘Papá Pitufo’. En la demanda también aparecen su esposa, Liset Samboní, y sus tres hijos, quienes habrían resultado afectados por las consecuencias del proceso judicial y las capturas realizadas en Europa.

La defensa afirma que la familia enfrentó episodios de angustia, ansiedad e incertidumbre mientras se resolvía la situación de Marín Buitrago. Por esa razón, una parte de los 400 salarios mínimos reclamados busca reparar los supuestos perjuicios emocionales padecidos por su núcleo familiar.

Esas afectaciones deberán ser demostradas dentro del proceso. La justicia administrativa tendrá que revisar las pruebas, establecer si existió una falla atribuible a las instituciones colombianas y definir si hay motivos suficientes para ordenar el pago de alguna compensación.

De investigado a demandante del Estado

Mientras reclama una millonaria reparación, el expediente penal contra Marín Buitrago continúa abierto. En Colombia es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, dentro de un proceso que lo señala como supuesto líder de una red que habría movilizado contrabando y pagado sobornos a funcionarios.

La demanda abre un nuevo frente en su extensa batalla judicial. Por un lado, ‘Papá Pitufo’ deberá responder por las acusaciones que pesan en su contra; por el otro, pretende demostrar que el Estado se equivocó durante el trámite de extradición y que ese supuesto error debe ser reparado con cerca de $700 millones.

La última palabra la tendrá un juez administrativo. Hasta entonces, el dinero exigido sigue siendo apenas una pretensión de Marín Buitrago y su familia, mientras las entidades demandadas mantienen que la orden colombiana que permitió su captura continuaba plenamente vigente.