Revisión ordenada por Abelardo De La Espriella detectó cerca de 40.000 órdenes de comparendo irregulares
La cifra continúa en verificación y el Gobierno deberá establecer qué ocurrirá con las sanciones comprometidas.
Miles de conductores que terminaron sancionados por una cámara de fotodetección podrían haber recibido comparendos generados por equipos cuya operación presenta interrogantes.
El Gobierno nacional puso bajo la lupa cerca de 40.000 órdenes mientras revisa si fueron expedidas cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley.
El hallazgo apareció en medio de una revisión nacional ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a los sistemas de fotodetección. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comenzó a verificar las condiciones bajo las cuales funcionan estos dispositivos y encontró situaciones que ahora tendrán que ser aclaradas antes de tomar decisiones jurídicas.
El punto más delicado está en miles de comparendos que habrían sido generados por dispositivos autorizados, pero que aparentemente carecían del registro oficial del inicio de su operación.
Cerca de 40.000 comparendos bajo revisión
La cifra preliminar ronda las 40.000 órdenes de comparendo. Sin embargo, esto todavía no significa que todas sean ilegales ni que vayan a desaparecer automáticamente de los sistemas.
Las autoridades están cruzando la información encontrada con los registros del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). Esa verificación permitirá establecer cuántos comparendos fueron efectivamente generados en las condiciones advertidas y cuáles podrían quedar comprometidos jurídicamente.
Será después de ese proceso cuando se determine qué medidas corresponden frente a las sanciones cuestionadas y si existen elementos suficientes para adelantar procedimientos que puedan conducir a su revocatoria.
Frenaron cámaras antes de que comenzaran a multar
La revisión ya produjo decisiones concretas. En Cartago, Valle del Cauca, las autoridades impidieron la entrada en funcionamiento de un sistema de fotodetección luego de establecer que aparentemente no reunía las condiciones técnicas necesarias.
Además, otros 12 dispositivos tienen su autorización en proceso de revocatoria por cambios relacionados con la competencia de las autoridades de tránsito encargadas de su funcionamiento.
El Gobierno quiere determinar si estos equipos mantienen las condiciones que permitieron inicialmente su autorización y si las entidades responsables continúan teniendo competencia para operarlos.
La revisión llegará a todo el país
El barrido apenas comienza. La orden presidencial contempla revisar los puntos de fotodetección habilitados en Colombia, incluyendo sus permisos, condiciones técnicas y procedimientos utilizados para imponer sanciones.
También serán inspeccionados los vehículos dotados con equipos tecnológicos para detectar infracciones en las calles sin la presencia directa de un agente de tránsito. En estos casos se verificará si cuentan con las autorizaciones correspondientes y si los comparendos generados mediante esos sistemas tienen pleno respaldo jurídico.
La revisión abre así un frente sensible para alcaldías, organismos de tránsito y operadores de fotodetección, especialmente en aquellos lugares donde estos mecanismos generan diariamente cientos de sanciones.
“Son para salvar vidas, no para hacer negocios”
El presidente Abelardo De La Espriella cuestionó el uso que se les ha dado a estos sistemas y aseguró que su administración buscará impedir que las cámaras terminen convertidas principalmente en instrumentos de recaudo.
“Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos”, afirmó el mandatario al referirse a los primeros resultados.
El Gobierno también anunció que trabajará con el Ministerio de Transporte en una nueva reglamentación para endurecer los controles sobre los sistemas de fotodetección y definir con mayor precisión las condiciones bajo las cuales pueden operar y generar comparendos.
Mientras avanza ese proceso, cerca de 40.000 órdenes permanecen bajo revisión. Su futuro dependerá del cruce de información con el SIMIT y de las conclusiones jurídicas posteriores. Para miles de conductores sancionados, el resultado podría definir si sus comparendos permanecen vigentes o quedan expuestos a una eventual revocatoria.
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