El operativo hace parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para impedir que personas privadas de la libertad continúen ejerciendo control sobre estructuras delincuenciales desde los centros penitenciarios.

Con las manos y los pies esposados, el cabello rapado y apenas algunas pertenencias, 39 presos fueron sacados de cárceles de Barranquilla y trasladados bajo un amplio dispositivo de seguridad hacia establecimientos penitenciarios de mayor nivel de vigilancia. La operación fue ordenada por el Gobierno en medio de su ofensiva contra las redes criminales que, según las autoridades, continúan operando pese a que sus integrantes están recluidos.

Los internos fueron retirados de los establecimientos donde permanecían privados de la libertad y enviados a cárceles de alta seguridad en diferentes regiones del país. Entre los destinos se encuentra La Tramacúa, en Valledupar, penitenciaría conocida por sus estrictas condiciones de seguridad.

El movimiento no fue presentado como un traslado rutinario. La decisión busca dificultar el contacto de los reclusos con integrantes de las organizaciones a las que estarían vinculados y reducir su capacidad para impartir instrucciones desde prisión.

Las autoridades han puesto especial atención en el uso de teléfonos celulares y otros mecanismos de comunicación dentro de los centros penitenciarios, debido a que estos pueden convertirse en herramientas para mantener activas redes dedicadas a la extorsión y otros delitos.

La medida llega después de una serie de intervenciones en las cárceles de Barranquilla y de otros traslados de internos considerados de alta peligrosidad. El Gobierno sostiene que la estrategia pretende recuperar el control de los establecimientos y evitar que las estructuras criminales encuentren en las cárceles un lugar desde el cual continuar dando órdenes.

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El presidente Abelardo De La Espriella defendió la decisión y dejó clara la postura de su Gobierno frente al manejo de los internos: “Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales”.

Con este nuevo traslado, el Gobierno busca cerrar los canales que permitirían a los internos mantener influencia sobre sus estructuras en las calles y convertir las cárceles en espacios donde efectivamente se cumplan las condenas, y no en centros desde los cuales se sigan coordinando actividades criminales.