¿Quiénes ayudaron a las AUC en Magdalena? Exjefe paramilitar confiesa 229 homicidios y menciona políticos de la región
El excomandante del Frente Pivijay del Bloque Norte de las AUC reapareció ante la justicia después de permanecer 16 años prófugo y reconoció su participación en 229 homicidios. En su versión ante la JEP mencionó a actuales y antiguos dirigentes políticos, ganaderos y altos mandos militares al reconstruir la expansión del paramilitarismo en Magdalena. Sus afirmaciones deberán ser verificadas y la sola mención de una persona no implica responsabilidad penal.
Saúl Alfonso Severini Caballero reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una cifra que retrata la dimensión de la violencia que ejercieron los paramilitares en Magdalena: 229 homicidios. Pero mientras hablaba de muertos y reconstruía la expansión de las AUC, su declaración comenzó a tocar otro terreno sensible: la política.
El excomandante del Frente Pivijay del Bloque Norte mencionó en diferentes apartes de su relato a actuales y antiguos dirigentes del Magdalena, además de ganaderos, empresarios y generales retirados, dentro de una versión con la que pretende explicar cómo las autodefensas consiguieron dinero, respaldo e influencia para consolidarse en el departamento.
Entre los nombres mencionados aparecen el actual alcalde de Pivijay, Jorge Iván Salah; los exdiputados Fernando Mozo y Franklin Lozano; el exgobernador José Domingo Dávila y el concejal de Santa Marta, José Alfredo Ordóñez.
La declaración puede convertirse en una pieza relevante para reconstruir las redes alrededor del paramilitarismo, pero también tendrá que superar una prueba fundamental: Severini deberá demostrar lo que está diciendo.
229 homicidios detrás de una estructura paramilitar
Antes de los nombres políticos está la dimensión criminal de su confesión.
Severini aseguró haber participado en 229 homicidios mientras integró las AUC y ejerció como comandante del Frente Pivijay.
Son cientos de asesinatos detrás de los cuales existen familias que durante años han esperado conocer quién dio las órdenes, quién proporcionó información sobre las víctimas y qué intereses existían detrás de cada crimen.
El antiguo ganadero llegó a convertirse en una figura importante dentro del aparato paramilitar que operó en Magdalena. Posteriormente permaneció 16 años prófugo hasta que finalmente fue capturado en Cali.
Actualmente cumple una condena de 33 años de prisión por el asesinato de la docente Ledys Marina Pertuz.
Ahora pretende ingresar o mantenerse dentro de la justicia transicional ofreciendo información que, según asegura, permitirá conocer mucho más de lo que ocurrió durante aquellos años.
Los nombres de la política que aparecieron en su declaración
La comparecencia adquirió especial trascendencia cuando Severini comenzó a mencionar dirigentes políticos al reconstruir los años de expansión paramilitar.
En su relato aparece Jorge Iván Salah, actual alcalde de Pivijay, municipio donde tuvo influencia precisamente el frente que comandaba Severini.
También fueron mencionados los exdiputados Fernando Mozo y Franklin Lozano, el exgobernador del Magdalena José Domingo Dávila y el actual concejal de Santa Marta José Alfredo Ordóñez.
Las circunstancias y el alcance de cada mención deberán ser individualizados por la JEP.
Esto significa que haber sido nombrado por Severini no convierte a ninguno de ellos en integrante, financiador o colaborador de las AUC, ni constituye prueba de responsabilidad penal.
Será la justicia la encargada de establecer qué dijo exactamente sobre cada persona, qué elementos presentó para respaldarlo y si existen otras pruebas capaces de corroborar sus afirmaciones.
Cinco ganaderos habrían entregado $100 millones
Severini también entregó detalles sobre el supuesto origen del Frente Pivijay.
Según su declaración, en 1998 habría buscado al entonces jefe paramilitar Jorge Gnecco Cerchar para gestionar un encuentro con Carlos Castaño y facilitar la entrada de las autodefensas al sur del Magdalena.
El argumento para promover la llegada de la estructura, según su versión, era enfrentar a las guerrillas de las Farc y el ELN.
Pero poner en funcionamiento el aparato armado requería dinero.
Severini aseguró que cinco ganaderos entregaron $20 millones cada uno hasta reunir $100 millones que habrían sido solicitados para financiar la creación del Frente Pivijay.
El dinero, afirmó, habría terminado en manos de Gnecco Cerchar durante una entrega realizada en una vivienda de El Rodadero, en Santa Marta.
Entre los ganaderos mencionados en diferentes apartes de su declaración aparecen Silvio Severini, Hernando Asmar, Tarquinio Llanos y los hermanos José y Andrés Gamarra Sierra.
Esas afirmaciones también deberán ser verificadas.
Generales retirados y otras figuras mencionadas
La lista entregada durante la comparecencia trasciende la política regional.
Severini hizo referencias a los generales retirados Óscar Gamboa Argüello, Freddy Padilla de León y Mario Montoya.
Igualmente mencionó al presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, y a Neyla Alfredina Soto, conocida como ‘La Sombrerona’.
La JEP tendrá que establecer el contexto preciso en el que aparece cada nombre, pues una persona puede ser mencionada como presunto participante de un hecho, testigo, conocedor de una situación o simplemente como parte del contexto de una declaración.
Por esa razón, cada caso deberá analizarse independientemente y con pleno derecho de las personas mencionadas a responder y controvertir cualquier señalamiento.
¿Quiénes ayudaron realmente a las AUC en Magdalena?
Ese es uno de los interrogantes que Severini asegura estar dispuesto a responder.
Su versión pretende reconstruir cómo una organización armada ilegal logró establecer estructuras, ejercer control territorial y cometer cientos de homicidios durante años.
El exparamilitar sostiene que entregará información relacionada con presuntas conexiones entre las autodefensas y sectores políticos, económicos, ganaderos y otros actores de la región.
La JEP tendrá entonces que establecer si detrás de esas afirmaciones existen documentos, testimonios, movimientos financieros, reuniones u otras evidencias que permitan corroborarlas.
Porque la verdad que exige la justicia transicional no puede limitarse a una lista de nombres.
La política frente al espejo del pasado paramilitar
La declaración de Severini vuelve a poner sobre la mesa uno de los capítulos más dolorosos de la historia del Magdalena: las relaciones que pudieron existir entre estructuras armadas y sectores legales durante la expansión paramilitar.
Algunos de los nombres mencionados siguen teniendo presencia en la vida pública, mientras otros ocuparon importantes cargos políticos o institucionales.
Precisamente por eso, las afirmaciones generan impacto, pero también exigen especial rigor.
La JEP deberá separar las acusaciones que puedan comprobarse de aquellas que carezcan de sustento y determinar si la información aportada por Severini permite abrir nuevas líneas de investigación o esclarecer hechos que permanecieron ocultos durante décadas.
Para obtener beneficios tendrá que contar toda la verdad
Severini comparece ante la JEP buscando beneficios en su situación judicial, pero esos beneficios están condicionados a un aporte efectivo a la verdad.
Tendrá que explicar mucho más que su propia participación en los crímenes.
Deberá contar cómo funcionaba el Frente Pivijay, quién daba las órdenes, de dónde salía el dinero, quién entregaba información, cuáles eran sus relaciones con sectores legales y quiénes se beneficiaron de la presencia paramilitar.
Y tendrá que aportar elementos capaces de demostrarlo.
Por ahora, su comparecencia deja dos revelaciones de enorme impacto: la confesión de participación en 229 homicidios y una serie de nombres de la política y otros sectores que aparecen dentro de su reconstrucción de la expansión de las AUC en Magdalena.
Los 229 muertos reclaman verdad. Los nombres mencionados reclaman pruebas.
Y ahora será la JEP la encargada de establecer hasta dónde puede demostrar Saúl Severini lo que decidió contar después de años de silencio.
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